La tecnología 5G permitirá el desarrollo del coche autónomo y de la telemedicina, entre otros avances, pero también será un escudo para delincuentes y terroristas, al menos tal y como está planteada hoy en día la regulación, alertan los expertos.
Así lo ha reconocido Felix Arteaga, Investigador principal de Seguridad del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. "Hay un debate que se abre ahora, y sobre el que se va a centrar el Grupo de Trabajo sobre Ciberpolítica del Real Instituto Elcano, Tiene que ver con la creciente complejidad operativa, tecnológica y jurídica a la que tienen que hacer frente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía en el curso de las investigaciones policiales y judiciales".
Arteaga hace referencia a la captación, grabación y localización de imágenes así como el registro in situ y en remoto de ordenadores y equipos informáticos. Acciones imprescindibles en el ámbito de la investigación de prácticamente cualquier delito, no sólo aquellos producidos en la esfera digital.
Es necesario actualizar las medidas regulatorias de la UE y de los Estados miembros para la interceptación de las comunicaciones, a fin de apoyar las investigaciones de las autoridades policiales y judiciales"
Otro investigador en ciberseguirdad del Instituto, Javier Alonso Lecuit, aseguraba en su día que las nuevas arquitecturas de información y tecnologías harán más complicada la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
"Hay que actualizar las medidas regulatorias de la UE y de los Estados miembros para la interceptación de las comunicaciones. El objetivo es apoyar las investigaciones de las autoridades policiales y judiciales", manifiesta.
"Entre los temas a discutir se incluyen las bases legales que permiten la interceptación individualizada y masiva de las comunicaciones, el acceso a terminales y comunicaciones cifradas extremo a extremo, el registro remoto de dispositivos, la extracción de información, la infiltración, la identificación en tiempo real de amenazas, el acceso a pruebas electrónicas, el bloqueo o borrado de contenidos ilegales de servidores o el periodo de retención de datos y metadatos, entre otros", continúa.
La regulación vigente marca que esa interceptación de las comunicaciones se aplique de forma selectiva y proporcional a la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y que el tratamiento de los datos personales se realice conforme a derecho.
Complejidad tecnológica
La actualización de esa regulación es necesaria debido a la evolución de los sistemas con los que trabajan los operadores de telecomunicaciones (en referencia a los que poseen red propia, caso de Movistar, Orange y Vodafone) figuras indispensables en las investigaciones -prácticamente todos los ciudadanos españoles utilizan el teléfono móvil-.
Los teléfonos móviles permiten acceder a las comunicaciones de los investigados. Entre la información que se puede rastrear destaca la hora de las comuncicaciones, el contenido de las mismas y los movimientos geográficos de los investigados a través del GPS. Esta información es accesible incluso en el pasado. Los operadores están obligados a almacenar durante un tiempo las comunicaciones de sus clientes.
La tecnología 5G dificultará el acceso a esta información. Hasta no hace demasiados años las comunicaciones se ceñían casi únicamente al teléfono fijo, o al móvil y los SMS. Internet lo cambió todo. El 5G hará mas compleja la red de telecomunicaciones.
"Es necesario actualizar la regulación porque los servicios tradicionales ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones nacionales han evolucionado hacia un escenario global, formado por aplicaciones online ofrecidas por los proveedores de Internet (OTT) ya mencionados y disponibles a través del servicio de acceso a Internet proporcionado por compañías locales a través de redes fijas (fibra y xDSL) y móviles, a lo que hay que añadir el despliegue de redes móviles 5G y la virtualización de las infraestructuras de comunicaciones. Un cambio de escenario que afecta a la interceptación de las comunicaciones", concluye Lecuit.
Por ello, también la Comisión Europea recomendaba hace tan solo un par de meses iniciar negociaciones con Estados Unidos y actualizar el Protocolo de Budapest centrado en la obtención de pruebas electrónicas.
