Carlos Torres, presidente de BBVA, ha eludido convocar de forma extraordinaria al consejo de administración del banco para evaluar el impacto del caso Villarejo.
Tampoco el resto de miembros del máximo órgano de la entidad -15 consejeros en total- ha forzado una sesión para analizar la situación actual tras la publicación de informaciones que detallan un espionaje masivo realizado por Cenyt, la empresa del excomisario, a periodistas, empresarios y políticos para neutralizar, al menos, el asalto de Sacyr, con el apoyo aparente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al banco entre 2004 y 2005.
El Reglamento del Consejo de Administración de BBVA contempla que este se reunirá, en principio, "mensualmente elaborándose con la suficiente antelación un calendario ordinario de sus sesiones ordinarias". Además, añade, "se reunirá siempre que el Presidente o la Comisión Delegada Permanente lo estimen oportuno" y también cuando lo requieran "consejeros que representen la cuarta parte de los miembros del Consejo de Administración que estén designados en cada momento o, en su caso, del Consejo Coordinador".
Los consejeros de BBVA percibieron una retribución en 2017 de 16,5 millones; FG y Torres ganaron 5,7 y 4,89 millones respectivamente
¿No resultaría oportuno que Torres, o que los consejeros del banco, hubieran propuesto una reunión extraordinaria para evaluar el golpe a la imagen de la entidad financiera recibido en los últimos días? ¿Tan larga es la sombra de Francisco González, cuya presidencia de honor es ahora cuestionada, que los consejeros de BBVA no han elevado la voz para reclamar una reunión urgente del consejo?
El segundo mayor banco español inició en junio de 2018 una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por Villarejo. Además solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible.
Pero las informaciones de los últimos días, en las que se detallan seguimientos y espionajes de personalidades públicas, hubiese requerido una muestra de la independencia del actual consejo de administración frente al que fuera su presidente durante las dos últimas décadas.
El Reglamento del consejo de BBVA dice que este desarrollará "unos principios éticos basados en la integridad y transparencia"
"El Consejo de Administración podrá convocarse para celebrar sesión en otras fechas distintas de las previstas en el calendario anual de sesiones", recoge el reglamento del máximo órgano de dirección de BBVA. "En el orden del día se incluirán los asuntos que determine el Presidente del Consejo, ya sea a iniciativa propia o a instancia de algún consejero, por considerarse conveniente para el interés social", añade.
Los consejeros de BBVA, que en 2017 percibieron una retribución total de 16,5 millones de euros -5,7 millones para Francisco González; 4,89 millones para Torres-, en virtud de ese Reglamento, debieran estar comprometidos con unos principios éticos que a la luz de las informaciones publicadas no se han cumplido.
El artículo 42 del Reglamento del Consejo de Administración del banco establece que este, "consciente de la responsabilidad que corresponde al Banco respecto a la sociedad", se compromete a que su actividad es desarrolle de acuerdo "con un conjunto de valores, principios, criterios y actitudes destinados a lograr la creación sostenida de valor para los accionistas, empleados, clientes y para el conjunto de la sociedad". Además "fomentará la implantación y desarrollo de unos principios éticos basados en la integridad y transparencia".
La ausencia de declaraciones públicas de Torres sobre el caso Villarejo pone en cuestión el proceso de sucesión de Francisco González
La aparente falta de reflejos del consejo de administración de BBVA para afrontar el daño, al menos a su imagen, por el caso Villarejo, no solo pone en cuestión la seriedad con la que se toma este las bellas palabras del Reglamento de su consejo de administración. Además cuestiona el proceso de "sucesión" del puesto de presidente del banco.
La impresión de que la designación de Torres como presidente tan sólo dependió de la decisión de FG, 'dedazo', pone de relieve la necesidad de que esos procesos se organicen de forma más democrática y transparente, como imponen los tiempos actuales.
