Madrid, Andalucía y Cataluña preparan lictaciones para el transporte de viajeros por carretera dentro de sus territorios. Se trata de contratos que alcanzarán los 25.000 millones de euros (presupuesto del concurso más los billetes que pagarán los viajeros), según cálculos de la consultora KPMG, y a los que hay que sumar otras licitaciones de menor cuantía que también saldrán a concurso en distintas regiones de la piel de toro próximamente.
Las tres regiones mencionadas al principio de este artículo son las que ofrecen concursos más suculentos en términos económicos, algo que ha despertado el interés de varios fondos extranjeros, según aseguran desde la consultora.
Hay que destacar que se trata de concesiones a diez años vista, y se ha de tener en cuenta también que muchas de las adjudicadas en el pasado caducan sin ser renovadas, si bien las empresas de transportes de viajeros continúan dando el servicio porque se trata de líneas de servicio público y están obligadas a hacerlo.
El sector no está liberado en España, cosa que sí sucede en la mayor parte de Europa, y el sistema de concesiones español obliga a las empresas adjudicatarias de las líneas de autobús ha realizar rutas que no son rentables, pero que se deben cubrir en aras de ofrecer un servicio público.
Alsa y Avanza son las principales empresas de transporte por carretera. Alsa concentra el 62% de los ingresos mientras Avanza posee el 12%. Tres cuartas partes del negocio de las líneas de autobús pertenecen a ambas corporaciones.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) explica en un informe de 2022 denominado Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús que "la mayor parte de los ingresos se suele concentrar en un número relativamente reducido de las concesiones. A pesar de ello, el grado de concentración se mantiene en niveles reducidos o moderados en la mayor parte de las AA.PP. Determinadas CC.AA. muestran, sin embargo, niveles de concentración elevados" y añade que "destaca el elevado nivel de concentración presente en los mercados autonómicos, donde es frecuente que los dos primeros operadores concentren más de la mitad de los ingresos". En este sentido, hay que subrayar que España es uno de los países de Europa con los billetes de autobús más caros.
Creación de una hucha para imprevistos
Un informe de KPMG en el que se analiza la situación de las licitaciones da varias recomendaciones para que las adjudicaciones y el posterior servicio brindado por el adjudicatario sean lo más correctos posible. Entre ellos, destacan el establecimiento de criterios de temeridad en todas las condiciones de adjudicación y la fijación de umbrales de temeridad exigentes y proporcionados al tipo de contrato.
De igual forma, se recomienda la creación de una hucha, a cargo de la empresa que recibe la licitación, para asumir imprevistos, como puede ser los cambios de la flota en aras de una mayor sostenibilidad ambiental. El dinero, de no utilizarse, volvería de nuevo a la empresa cuando finalice la concesión.
Badajoz, Madrid y Valencia, concurso desierto
Por otra parte, la licitación impulsada por el Gobierno para buscar una nueva empresa que explote el servicio de autobús entre Badajoz, Madrid y Valencia, tras el rechazo de Avanza Bus a seguir explotándola, ha quedado desierta tras no atraer a ninguna compañía, lo que obligará a esta empresa a seguir dando el servicio, tal y como marca la ley.
Se trata de una de las tres concesiones que Avanza decidió abandonar el año pasado, junto con la línea que une Ayamonte (Huelva) y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y la de Madrid-Salamanca-Vigo, según la información consultada por Europa Press.
Debido a este abandono, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decidió lanzar tres licitaciones para cada uno de estos servicios. El de Huelva a Barcelona sí ha recibido dos pujas de Interbús y Hife, mientras que en el de Madrid a Vigo se ha ampliado el plazo para presentar ofertas hasta el próximo 12 de febrero.
Respecto al de Madrid a Badajoz y Valencia, sí ha tenido que ser cancelado, debido a que ninguna empresa se ha visto interesada. Fuentes del Ministerio explican que la licitación reproducía el contrato actual "sin cambios relevantes".
En los pliegos figura que el valor del contrato ascendía a 62,7 millones de euros para un plazo total de 9 años y con un coste máximo del billete de 0,05831 por kilómetro, incluyendo el IVA. También se precisa que la dotación mínima del personal que el contratista tenía que adscribir a la prestación del servicio es de 39 conductores.
