La imposición de un próximo sistema de pago por el uso de autovías y autopistas, en estudio por parte del Gobierno, incluido en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, ha provocado un cisma entre el sector de los transportistas y el de la gran distribución.
Los transportistas acusan a la gran distribución (Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés...) de mirar ahora hacia otro lado y no apoyar sus protestas contra ese futuro impuesto.
"Hay un cisma. El sector del transporte es un clamor contra ese impuesto", comentan fuentes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cetm), la principal patronal del sector. "La gran distribución sabe que no son ellos los que lo van a pagar, la relación con el sector está rota, hay un cisma", insisten.
Durante la pandemia la relación con la gran distribución ha empeorado", dicen los transportistas de mercancías
Las asociaciones que representan a los profesionales del transporte por carretera libran estos días una dura batalla en bufetes y despachos de políticos de distintos partidos tratando de frenar el impuesto propuesto a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
"Durante la pandemia la relación con la gran distribución ha empeorado", comentan las fuentes consultadas en Cetm. "Nos hemos sentido mal tratados, y ahora con la ausencia de reivindicaciones por su parte con el impuesto al uso de las carreteras, se ha roto la relación", aseguran.
Desde Aecoc, una de las principales asociaciones empresariales del país, en cuyo consejo directivo se sientan Juan Roig (presidente de Mercadona), Tomás Pascual (presidente de Calidad Pascual), Alexandre de Palma (director de Carrefour España), o Víctor del Pozo (consejero delegado de El Corte Inglés), se niega esa ruptura con el sector del transporte de mercancías.
Estamos completamente alineados con los transportistas" aseguran en la patronal de la gran distribución
"En absoluto hay ruptura", aseguran en Aecoc. "Estamos completamente alineados con los transportistas", subrayan, "nuestro posicionamiento al respecto no deja lugar a dudas".
"La consecuencia directa de la introducción del pago por uso en las vías de alta capacidad será un mayor coste del transporte por carretera que se trasladará, de eslabón a eslabón, a lo largo de la cadena a los cargadores, a los productos y en última instancia a los consumidores", explican en la patronal de la gran distribución a consultas de Vozpópuli.
El impuesto "supondrá una pérdida de competitividad de entre 1.400 y 1.900 millones de euros cada año en los productos de consumo", advierten, y añaden que también "debilitaría las exportaciones españolas". Por ejemplo, apuntan, "los exportadores murcianos tendrán un coste adicional entre cien y 140 euros por viaje de ida, y lo mismo de vuelta".
La gran distribución "nos deja a nosotros el trabajo sucio", se quejan los transportistas
Sin embargo, los transportistas de mercancías no se fían de las palabras de la gran distribución. "Ese planteamiento es impecable", dicen, "pero entonces, ¿por qué no se pronuncian? ¿tienen información que nosotros no tenemos? ¿están negociando por debajo de la mesa?", se preguntan.
"Las conversaciones están rotas, creen que como lobby tienen mucha más fuerza que nosotros, tienen mejores vínculos con el Gobierno...", sostienen los transportistas de mercancías. "Nos dejan a nosotros el trabajo sucio", se quejan en Cetm.
Imprecisiones y declaraciones
El Plan de Recuperación enviado a Bruselas por el Gobierno español no precisa en su redacción en qué consistirá ese impuesto, ni como se aplicará. Según el texto, se contempla el "desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad", pero poco más dice.
Las alusiones al pago por uso de carreteras en el Plan enviado a Bruselas son imprecisas y están mal redactadas
Las alusiones a ese 'pago' en el plan enviado son difusas, e incluso están mal redactadas. Así, expone "el establecimiento de un mecanismo de las carreteras de alta intensidad y la implementación de planes de movilidad pago por uso urbana [sic]". También las declaraciones de los miembros del Gobierno al respecto han sido poco precisas en los últimos días.
La pasada semana la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defendió en el Congreso el modelo de peajes en carretera como "el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio".
El Ministros de Transportes, José Luis Ábalos, dijo ayer que el impuesto propuesto sería planteado "de un modo casi testimonial, más por principio de responsabilidad que por afán recaudatorio".
Los transportistas mientras velan armas. Si finalmente se concreta efectivamente la imposición de un pago por el empleo de las carreteras, "la respuesta será contundente", advierten.
