El Tribunal Supremo ha dictaminado que los ceses del expresidente de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y del consejero Xabier Ormaetxea, acaecidos en 2013, fueron ilegales, dado que se produjeron antes de que finalizara su mandato, algo que prohíbe la Unión Europea. El Alto Tribunal ha anulado sus despidos y ha condenado a la Administración General del Estado a reponerlos en su puesto o, en caso de que “material o legalmente” no sea posible, a indemnizarlos.
Lorenzo y Ormaextea fueron destituidos cuando se puso en marcha la CNMC, lo que les llevó a recurrir su despido ante la Justicia, puesto que la legislación europea impide a los Estados miembros que los representantes de sus órganos de control de la competencia sean despedidos antes de que caduque su mandato.
El Tribunal Supremo realizó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en una resolución aprobada el pasado octubre, esta instancia judicial fue clara: su cese vulneró las normas comunitarias y, por lo tanto, fue irregular.
El Alto Tribunal justifica su decisión en que una reforma legal de la autoridad de regulación como la que se efectuó en 2013 “no conforma una razón suficiente para el cese de sus directivos, salvo que se prevean reglas que garanticen que dicho cese antes de la finalización de los mandatos no menoscaba la independencia e imparcialidad de las personas afectadas”. Añade que, en este caso, no ha observado estas circunstancias, de ahí que considere su despido como irregular.
El Alto Tribunal abre la puerta a que una indemnización sustituya la ejecución de la sentencia.
La sentencia condena al Estado a reponer a los cesados como miembros del organismo regulador de las telecomunicaciones de España, con abono de los salarios correspondientes desde la fecha del cese hasta el momento de su reposición, con los intereses correspondientes. En caso de que esto no sea posible, abre la puerta a que una indemnización sustituya “la ejecución de la sentencia en sus propios términos”.
No hay que olvidar que la marcha de Lorenzo y Ormaetxea se produjo en un contexto de enfrentamiento entre el PP y el PSOE que enfangó el proceso de creación del 'súper-regulador'. Los socialistas renunciaron a designar a sus propios consejeros por las diferencias políticas que les separaban del partido del Gobierno. Eso provocó que los populares pudieran elegir a 8 de los 10 consejeros, mientras que los otros dos, les correspondieron a CiU y PNV.
Durante las últimas semanas, las principales fuerzas políticas han mantenido contactos para perfilar la estructura del nuevo regulador de los mercados y la competencia. Su propósito es dividirlo en dos partes, tal y como figura en el pacto que rubricaron el pasado verano el PP y Ciudadanos para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.
Una de ellas, se encargaría de la promoción de la competencia, de la aplicación de la normativa española y europea de defensa en este campo; y de garantizar la unidad de mercado. La otra, de la supervisión y control de los sectores económicos regulados (energía, telecos, audiovisual, Correos...) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.
Con la sentencia del Tribunal del Supremo de la mano, fuentes de la CNMC dan por sentado que Lorenzo y Ormaetxea no formarán parte del nuevo regulador, y que el Gobierno optará por indemnizarlos.
Lo que nadie sabe a ciencia cierta cuál será la estructura de este organismo en el futuro, ni siquiera qué personas formarán parte del mismo, toda vez que el mandato de los consejeros María Ortiz, Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez expiró en septiembre de 2015; y el de Josep María Guinart (CiU), de Idoia Zenarruzabeitia (PNV) y de Fernando Torremocha lo hará en ocho meses.
