El Tribunal de Cuentas cifra en más de seis millones de euros los honorarios de los representantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en las entidades intervenidas. Donde más se pagó fue en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con 1,36 millones entre 2011 y 2012, seguida de Banco de Valencia, con 989.990 euros en dos ejercicios, y Cajasur, con 932.731 euros en 2010. Desde febrero de 2012, estos honorarios están sometidos a los mismos límites que las retribuciones de los directivos de las entidades rescatadas.
Así lo recoge en su 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria' entre los años 2009 y 2012, que el Tribunal ha remitido al Congreso y recogido por Europa Press.
El documento hace referencia a los honorarios recibidos por los representantes del FROB en los consejos de las entidades rescatadas entre 2010 y 2012. Estos trabajadores son representantes del Fondo en su condición de miembro del Consejo de Administración, mientras que los honorarios de los consejeros designados por el FROB son abonados directamente por la entidad de crédito.
El Tribunal de Cuentas critica la tardanza del FROB en nombrar miembros del consejo de administración para NCG y Caixa Catalunya, donde se llegaron a pagar 1,78 millones de euros en dos ejercicios, "importe que el FROB no habría tenido que afrontar en caso de que hubiera decidido nombrar miembros del consejo", reprueba este organismo, que subraya que "no consta que el Fondo haya explicitado normas de procedimientos o criterios de actuación para decidir en qué casos designar representantes y en cuáles nombrar consejeros".
Por otra parte, los informes de expertos independientes ascendieron a un total de 15,4 millones de euros, de los cuales 6,6 millones fueron por análisis realizados antes del rescate europeo y los restantes 8,85 millones a raíz de dicha asistencia. En esta segunda fase, superando el millón de euros los informes que se realizaron a Banco de Valencia (1,24 millones), Cajatres (1,17 millones), BFA-Bankia (1,11 millones), Liberbank (1,06 millones) y Banco Gallego (1,05 millones).
Aunque inicialmente el coste de estos informes debía ser repercutido a las entidades de crédito correspondientes, el 19 de noviembre de 2013 la comisión rectora del FROB decidió no cobrarlos. Por su parte, el Banco de España gastó 31,4 millones en informes de expertos que finalmente pagó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) junto con los 6,6 millones de IVA repercutido.
El Tribunal de Cuentas también recomienda al FROB que apruebe normas de gobierno corporativo para las entidades nacionalizadas, de las que carece actualmente.
Falta de control
Por otra parte, el organismo fiscalizador recuerda que el FROB tenía el deber de comprobar que las entidades nacionalizadas no aplicaban políticas comerciales agresivas, como se les exigía para "evitar distorsiones a la competencia". En concreto, los bancos beneficiarios de ayudas públicas no podían ofrecer rentabilidades superiores a la media de las rentabilidades más altas ofrecidas por las entidades privadas.
Sin embargo, el Fondo no recopiló la información necesaria para hacer ese seguimiento, según el Tribunal de Cuentas que, tras comprobar si las entidades rescatadas habían ingresado alguna cantidad en concepto de penalización en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), comprobó que "existen indicios para afirmar que, al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012, dichas entidades no cumplieron con sus obligaciones de no realizar políticas comerciales agresivas".
Así, el Tribunal de Cuentas recomienda que se incluyan mecanismos "claros" de seguimiento en la normativa reguladora de los procesos de reestructuración y resolución bancaria, y sugiere al FROB "extremar la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le permita con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas por apoyadas por el Fondo".
