El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea no está del todo satisfecho con la labor de España a la hora de luchar contra el fraude en la utilización de fondos públicos. En su última auditoría respecto a la gestión de los "fondos europeos de cohesión" para el período 2007-2013 - un tercio del presupuesto europeo-, el organismo con sede en Luxemburgo asegura haber constatado que "no todos los Estados miembros interpretan de la misma forma la definición de fraude de la UE" y critica en este sentido la labor de rendición de cuentas sobre los casos de fraude (tanto constatados como sospechados) alrededor del uso de estos fondos por parte de las autoridades españolas.
Según subraya el informe, los fondos de cohesión, por lo general pensados para proyectos de transporte, educación, salud y medio ambiente, han encarnado el nicho de casi la mitad de los casos de fraude de fondos públicos en la esfera comunitaria en el período auditado.
"Los acuerdos ilegales que limitan la competencia (colusión en un procedimiento de licitación) no siempre se notifican como fraudulentos en España"
Así, el Tribunal critica el registro insuficiente que llevan las autoridades españolas - en este caso, el ministerio de Hacienda - respecto a la lucha que efectúan distintos organismos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia contra el coloquialmente conocido como 'capitalismo de amiguetes' alrededor de estos fondos.
"Los acuerdos ilegales que limitan la competencia (colusión en un procedimiento de licitación) no siempre se notifican como fraudulentos en España, pero en otros Estados miembros, como en Letonia, se notifican sistemáticamente", dice el informe, que incide en la necesidad de notificar "sistemáticamente" los casos y sospechas existentes como herramienta disuasoria de nuevos delitos y facilitadora de medidas de solución.
Cifra inferior a la real
El estudio, que alerta de que el fraude en el uso de los fondos comunitarios superó los 1.500 millones en el conjunto de Europa en el período 2007-2013, coloca a España como el onceavo país con menor tasa de uso irregular respecto al total de euros recibidos: un 0,05% de las ayudas de cohesión recibidas, equivalente a unos 15 millones de euros aproximadamente.
Sin embargo, fuentes del Tribunal de Cuentas puntualizan a Vozpópuli que el órgano europeo considera que ese porcentaje no representa el grado de fraude real en España ya que, a la hora de reunir los datos e informar sobre él, las autoridades españolas no han seguido los mismos criterios que en la mayoría de los países de Europa, en los que se han llegado detectar proporciones de fraude sideralmente superiores (del 0,12% en el Reino Unido, del 0,14% en Alemania, del 0,37% en Italia y hasta del 2,13% en Eslovaquia, entre otros).
"Los Estados miembros deben denunciar casos sospechosos o establecidos de fraude. Sin embargo, encontramos que no siempre es así. Una de las razones es que los Estados miembros tienen diferentes interpretaciones de la definición de fraude de la UE. Las autoridades españolas no siempre acaban reportando como fraudulentos casos de cárteles ilícitos identificados y sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia", inciden desde el órgano comunitario a este periódico. "Por el contrario, otros Estados miembros notifican sistemáticamente dichos casos", insisten, haciendo hincapié en el que problema de España afecta a "la calidad y la exhaustividad de la información" que transmite al resto de Europa sobre su gestión de los fondos comunitarios.
Este periódico ha intentado obtener una respuesta sobre este asunto de las diferentes autoridades supervisoras en España pero no ha sido posible.
