A puertas de que la Unión Europea ponga en marcha la unión bancaria, Bruselas ha sacado los colores al Gobierno. Denuncia que en España las empresas son más poderosas que los supervisores y que quienes deben regular el mercado carecen de medios, de personal y de preparación para hacerlo. Así de contundente ha sido la queja transmitida por las autoridades europeas al Ejecutrivo tanto en sus encuentros cara a cara como en los escritos que han elevado al Ejecutivo. En el último, Bruselas asegura que "el tamaño y las , algo que la UE ha incluido en su informe de vigilancia sobre España.
"La complejidad de las responsabilidades de los reguladores ha aumentado mientras su personal técnico ha permanecido constante y muy por debajo de sus homólogos europeos", protesta la UE
La Unión Europea ha detallado al Ejecutivo la lista de organismos a los que alude: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Dirección General de Seguros y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que han visto aumentar sus responsabilidades hasta alcanzar "diferentes grados de infra-dotación", se queja Bruselas. La Comisión Europea ha transmitido al Gobierno su malestar porque las nuevas responsabilidades de algunos de esos organismos incluyen ya la participación en iniciativas europeas. "El número y la complejidad de sus responsabilidades ha aumentado (...) mientras su personal técnico ha permanecido constante y muy por debajo de sus homólogos europeos", concluye la Comisión Europea. Específicamente, la UE advierte sobre el caso de tres organismos concretos:
- El Tesoro Público cuyo "número de técnicos encargados de importantes responsabilidades en el área de la legislación financiera y de la regulación parece limitado", reprocha la UE
- La Dirección General de Seguros que tendrá que enfrentarse ahora a la entrada en vigor de la II Directiva de Solvencia algo que "requerirá una regulación intensa y una experiencia específica suficiente".
- Igualmente, pone el acento sobre el ICAC, que deberá realizar revisiones acordes a las nuevas directivas europeas y facilitar el intercambio de información a nivel europeo.
Recortes en organismos de control
Los recortes en los organismos de control han sido una tónica acentuada desde que el Partido Popular llegó al poder. Desde entonces, los recortes no sólo han afectado a los reguladores nacionales sino que las autonomías del PP han firmado con el Ejecutivo el compromiso de suprimir organismos de control regional como los Tribunales de Cuentas o los Defensores del Pueblo en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
- Defensores del Pueblo: 11 comunidades cuentan con esta figura después de que Castilla-La Mancha y Murcia las hayan liquidado ya. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. El Ejecutivo sostiene que la supresión de todos ellos reportará un ahorro al Gobierno de 30,1 millones hasta sumar 90,3 millones de ahorro en el trienio en que propone completar esa supresión.
- Tribunales de Cuentas: 12 autonomías cuentan con esa institución fiscalizadora después de que Castilla-La Mancha la haya suprimido. Se trata de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. En ese mismo trienio, el Ejecutivo estima que ahorraría unos 136,7 millones, de euros con su supresión.
También ha habido recortes en los organos nacionales encargados de perseguir el fraude. El más destacado es el ministerio de Hacienda, donde --según los datos del propio ministerio-- se ha producido un recorte de 78,9 millones en el presupuesto de la inspección y persecución del fraude, un 7,7% menos. Unos 1.719 inspectores se han retirado y no han sido sustituidos en una medida a la que el Gobierno pretende ahora dar marcha atrás contratando a 166 nuevas personas para ese departamento.
