El informe de recomendaciones a España por parte de la Comisión Europea esconde una carga de profundidad contra la credibilidad de las cuentas públicas. Bruselas recomienda nombrar a un auditor para la política fiscal del Gobierno. Se trataría de “una institución independiente que analice, aconseje y ‘monitorice’ la política fiscal del Gobierno”, afirma la CE.
Los constantes bailes en el dato del déficit (que el Ejecutivo ha corregido al alza cuatro veces en cinco meses) y la incertidumbre macroeconómica lleva a la Comisión a hacer esa propuesta que pide, además, que esa nueva auditora “estime el impacto presupuestario de las medidas legislativas propuesta por el Gobierno Rajoy”.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que “Bruselas no cuestiona la credibilidad del Gobierno” pero lo cierto es que es la segunda vez que la Comisión plantea una doble contabilidad sobre las cuentas españolas, después de haber nombrado dos auditores independientes para reevaluar el valor de los balances bancarios, al margen del Banco de España. Ahora, al margen de los ministerios de Economía y Hacienda, Bruselas pide una segunda “estimación independiente”.
Bruselas exigió un auditor para la banca, el gobierno consiguió nombrar un segundo
Bruselas fue quien forzó al Gobierno a aceptar una auditoría independiente para la banca española. A primeros de mayo, el comisario de Economía, Oli Rehn, trasladó al Economía la necesidad de nombrar a una auditora externa que emitiera un dictamen definitivo al margen del Banco de España, tal como se había hecho con Irlanda, donde el problema bancario era también capital.
El Gobierno consiguió nombrar un segundo auditor para evitar quedar en manos de una sola tasadora
Pero, según han revelado a Vozpópuli fuentes de la negociación, el Ejecutivo consiguió atenuar esa exigencia que hubiera dejado la valoración de todo el sector financiero español en manos de una sola compañía. El ministro Luis de Guindos logró imponer un segundo auditor con el argumento de que “la tasación de España no podía quedar en manos de una sola institución”.
La resistencia de Economía duró dos semanas y dio finalmente sus frutos. Bruselas se plegó a la exigencia española y el Gobierno anunció la doble auditoría a mediados de mes. El 20 de mayo, Oliver Wyman y Roland Berger fueron finalmente las designadas tras un proceso de selección que también quedó en manos del Ejecutivo español.
