La inseguridad jurídica en torno al nuevo índice de actualización de contratos está impactando en el sector del alquiler de vivienda, que cerró el último año ya en mínimos de oferta y precios en máximos históricos según las métricas del portal Idealista. Así lo trasladan agentes del sector que ponen el foco en la situación de los contratos de alquiler que se hayan firmado o se vayan a firmar en este 2024.
El nuevo vacío legal emana de la disposición final primera de la Ley de Vivienda aprobada a iniciativa del Gobierno socialista el pasado año. La misma encomienda al Instituto Nacional de Estadística que desarrolle, antes de que acabe este 2024, un nuevo índice de referencia que sustituya al Índice de Precios de Consumo (IPC) contemplado por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Transitoriamente, la regulación topa las actualizaciones de contrato para este 2024 al 3%, un peldaño por encima del 2% que el Gobierno impuso por decreto en 2022 y 2023. Un corte que los caseros podrían sortear bajo acuerdo con el inquilino, aunque en principio, según la Ley de Arrendamientos Urbanos anterior a la Ley de Vivienda, nunca por encima del IPC.
El limbo está cobrando especial relevancia en el caso de los contratos que se firmen este año y que tengan que establecer una referencia de actualización para el grueso del vínculo entre propietario e inquilino, bien para los cuatro siguientes en el caso de pequeños propietarios, o para los próximos seis en el caso de grandes tenedores.
Riesgo de freno al alquiler y margen para la especulación
"Es una situación que añade inseguridad y perjudica tanto a los caseros como a los inquilinos, ya que nadie sabe a qué agarrarse de cara a 2025 y también se abre la puerta a la especulación", señala José Ramon Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
En una línea similar, otras fuentes consultadas por Vozpópuli apuntan a casos de propietarios que están viendo en el vacío legal una oportunidad para fijar una referencia de actualización de contratos muy superior incluso al IPC, del 3,1% actualmente.
En cualquier caso, son más las voces desde el sector que denuncian que la inseguridad jurídica está frenando la de por sí limitada oferta y urgen a una pronta aclaración del marco. En este sentido, las fuentes consultadas coinciden en descontar que el nuevo índice se perfilará como un punto intermedio entre el IPC y el Índice General de Competitividad en virtud del cual se limitaron las actualizaciones a un 2%.
Desde fuentes del ala socialista del Gobierno se ha anticipado que el nuevo índice podría en efecto acabar asemejándose al mismo IPC
Por lo pronto, desde fuentes del ala socialista del Gobierno se ha anticipado que el nuevo índice podría en efecto acabar asemejándose al mismo IPC, si bien a expensas de un trabajo "técnico" con el Instituto Nacional de Estadística (que desarrolla actualmente el IPC), entre otros agentes.
"No sería de extrañar que se tomara de base alguno de estos índices, bien el IPC o el IGC, y se le aplicara un factor de corrección a la baja o al alza, según el índice elegido", avanza Zurdo. Hasta entonces, incide, "se produce un vacío legal que habrá que subsanar con remisiones en los contratos al nuevo índice que se cree".
Por su parte, desde otro de los grandes players del sector, Alquiler Seguro, plantean un índice propio a partir de la evolución de precios del propio mercado, el Índice Actualizador de Rentas de Contratos de Alquiler (ARCA), ahora situado en el 3,41%, y que cuenta con la bendición entre otros de representantes del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid.
Gala
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