El bloqueo para la formación de un Gobierno en España complica la consecución de los ambiciosos objetivos en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático asumidos por el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. El fracaso en la investidura del líder socialista tras las elecciones generales del 28 de abril retrasa una vez más la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un elemento clave para el desarrollo del Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC), que tan buena acogida tuvo en la Comisión Europea.
Bajo la dirección del Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, el Gobierno español se postuló para liderar la lucha europea contra los efectos del cambio climático y por la descarbonización de la economía en 2050. Hasta tal punto que las metas asumidas por España en el horizonte de 2030 están por encima de las que llegan desde Bruselas.
No es extrañar, de este modo, que el PIEC español haya sido considerado por la Comisión Europea como el mejor y el más ambicioso. Sin embargo, su aplicación está muy conectada con la futura Ley de Cambio Climático que, pese a su urgencia, está sufriendo los rigores de los tiempos que se manejan en la política.
A comienzos de año, su incipiente tramitación hubo de interrumpirse debido a la disolución de las Cortes, provocada por la convocatoria anticipada de elecciones. Ahora, el bloqueo a la hora de conformar un nuevo Gobierno hace que el tiempo vuelva a correr en contra de la futura normativa.
Las circulares de la CNMC
Pero no es el primer impacto que recibe el PIEC en los últimos días. A comienzos de mes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su propuesta de retribuciones de las actividades de transporte y distribución de energía y gas para los próximos periodos regulatorios, lo que provocó un terremoto en el sector energético, especialmente en el ámbito gasista, debido a la cuantía de los recortes que se incluían en las circulares.
Unos recortes que podrían poner en peligro las inversiones previstas en redes en el PIEC, que superan los 40.000 millones de euros en los próximos diez años, ya que, de prosperar la propuesta del regulador, el sistema español quedaría en una situación de clara inferioridad en lo referente a la rentabilidad respecto al de los países de su entorno. Un aspecto que se agrava si se tiene en cuenta que el Plan presentado por el Gobierno contempla un incremento de tres puntos porcentuales de la participación del gas en la matriz de energía final (hasta el 20%, desde el 17% actual).
Precisamente, este potencial impacto negativo en el PIEC y en la política energética del Gobierno es uno de los pilares en los que el sector gasista argumentará sus alegaciones a las propuestas de la CNMC. Desde Bruselas también siguen el proceso con atención por el efecto que podría tener para un Plan que han ensalzado especialmente.
Normas contra la contaminación
El nuevo retraso que sufrirá la Ley de Cambio Climático también afecta a medidas en materia de contaminación, tan de actualidad en los últimos días por la polémica surgida a raíz de la revisión de Madrid Central que la nueva corporación municipal de la capital está estudiando y por la reciente sanción de los tribunales europeos a esta ciudad y también a Barcelona por sus elevados indicadores de contaminación.
La Ley de Cambio Climático recoge, entre otras, una de las medidas a las que hizo mención Pedro Sánchez en su discurso del debate de investidura: las restricciones al acceso de vehículos en núcleos urbanos con poblaciones superiores a 50.000 habitantes.
