El juez Manuel García-Castellón, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el conocido como caso Lezo, ha decidido el archivo de la causa contra el fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, así como para el exconsejero delegado de la compañía, Tomás García Madrid, y Jesús Trabada Guijarro, exconsejero delegado de la pública Mintra.
El magistrado investiga desde mediados de 2016 posibles irregularidades cometidas para la adjudicación del contrato para la construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero.
En un auto firmado el 29 de octubre, al que ha accedido este diario, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa de los tres investigados mencionados, medida que ya había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.
El juez mantiene imputados a Ignacio González, dos exdirectivos de OHL, el intermediario Adrián de la Joya, e Idelfonso de Miguel
Villar Mir, representado por el despacho Business & Law, ya declaró en 2018 ante el juez que desconocía los presuntos pagos irregulares realizados.
En su reciente auto, el juez García-Castellón mantiene las investigaciones sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González; el empresario y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid; los exdirectivos de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el intermediario financiero Adrián de la Joya; e Ildefonso de Miguel Rodríguez, exgerente del Canal de Isabel II. Se les investiga por presuntos delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho.
En el caso Lezo se investigan presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de la construcción, explotación y posterior ejecución del contrato de concesión de obra pública de la línea de transporte ferroviario Móstoles‒Navalcarnero, licitado por el ente público Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), y adjudicado a OHL, que constituyó la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero para llevarlo a cabo.
López Madrid ideó el pago de una comisión ilegal de 2,5 millones de dólares para Ildefonso de Miguel e Ignacio González
El juez explica en el auto en el que archiva la causa contra Villar Mir, que la adjudicación de ese contrato obedeció a un plan ideado por Javier López Madrid ‒consejero de OHL en el momento de los hechos, en la actualidad presidente de la estadounidense Ferroglobe‒ y el exdirectivo del grupo Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas.
Para lograr su propósito, expone el juez, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares -1,8 millones de euros- al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez -Director Gerente de Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2009- e Ignacio González González -Presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y Vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012- a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada Guijarro, entonces Consejero Delegado de Mintra.
Para ejecutar ese plan y llevar a cabo el pago de la citada comisión, expone el juez en el apartado de los Hechos del auto, "contaron con la colaboración esencial" de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos y Adrián de la Joya, "quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello".
Los investigados emplearon sociedades ficticias en México y otra en Suiza a nombre de De la Joya
Días después de la adjudicación, Felicísimo Damián Ramos Ramos, siguiendo las instrucciones de Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.
Felicísimo Damián Ramos Ramos, de acuerdo con Javier López Madrid y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas, elaboró dos facturas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas
por la sociedad panameña Lauryn Group, propiedad de Adrián de la Joya, dirigidas a las dos sociedades mexicanas que recibieron los citados fondos.
Según el relato judicial, De la Joya había acordado con López Madrid que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en una cuenta que su sociedad Lauryn Group tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a Ildefonso de Miguel Rodríguez, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos.
El magistrado indica que, a día de hoy, "no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este investigado y el investigado Ignacio González González".
