Vivendi vuelve a la carga en la guerra con Mediaset por su fusión europea a pocas horas de la Junta General de Accionistas 2020. El grupo francés ha presentado una demanda de medidas cautelares contra Mediaset España para impugnar los acuerdos aprobados en la última Junta de Accionistas celebrada el pasado mes de febrero. La compañía que dirige Vincent Bolloré ya logró hace meses paralizar la fusión después de que el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Madrid se pronunciase a su favor.
Este lunes, la compañía que capitanea Paolo Vasile recibió la notificación oficial de la demanda, según anunció la propia compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según fuentes consultadas por Vozpópuli, los de Bolloré presentaron el escrito el pasado 30 de abril pero Mediaset no ha tenido constancia del mismo hasta este lunes 8 de junio por culpa de los retrasos en los tribunales que ha provocado la crisis sanitaria. Vivendi emprendió las acciones legales dentro del plazo de tres meses estipulado para impugnar los acuerdos aprobados en la junta de febrero.
Aunque por entonces Mediaset ya se vio obligada a cambiar sus estatutos tras la primera ofensiva de Vivendi, la compañía francesa cree que siguen existiendo irregularidades, de ahí la nueva solicitud de medidas cautelares, para las que Vivendi ha ofrecido una caución simbólica de un euro.
La compañía francesa defiende en el escrito presentado ante el juez, cuatro presuntas irregularidades devenidas de la junta de febrero. En primer lugar, defiende que se ha vulnerado el derecho de terceros al cambiar los términos de la fusión en mitad de la operación.
En segundo lugar, explica que Mediaset no ha concedido un nuevo plazo de derecho de separación (como sí hicieron en septiembre) y entiende que los cambios en los términos de la fusión generan un nuevo derecho de separación para, por ejemplo, accionistas nuevos que hayan entrado en enero. La compañía sí ha abierto en este tiempo dos ‘ventanas de arrepentimiento’ para aquellos accionistas que iban a vender y finalmente no quieran hacerlo.
Vivendi también cree que no se ha concedido un nuevo derecho de oposición a los acreedores de la compañía. En línea con el anterior argumento, cree que los términos han cambiado y se debe volver a permitir elegir.
Por último, las fuentes explican que Vivendi le ha señalado al juez que en los nuevos términos de la fusión aprobada en febrero se ha tomado como referencia una situación financiera desfasada. La primera vez que se anunció la fusión fue hace casi un año y por entonces Mediaset España tomó como referencia el primer semestre del año. Actualmente, la situación de la compañía no es la misma y el valor de la acción también ha variado.
Con estos argumentos, el conglomerado francés ha armado una nueva solicitud de medidas cautelares con una petición muy concreta y sin coste económico para Mediaset: una anotación preventiva de demanda en el Registro Mercantil. En román paladino, Vivendi quiere que el registro tenga constancia de que han sido impugnados los estatutos.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impone como requisito para solicitar medidas cautelares la prestación de una caución. Se trata de una cantidad que sirva para responder de los daños que puedan causar las citadas medidas al demandado, en este caso Mediaset. Es una garantía que se da antes de la ejecución de las medidas. La caución que se fijó con las primeras cautelares fue de 19 millones: Vivendi ofreció 1 millón y Mediaset reclamaba hasta 365 milllones.
Vivendi ha ceñido su escrito a la solicitud de esa anotación y no ha pedido la suspensión cautelar de los segundos acuerdos porque los de la junta de septiembre siguen suspendidos. Esta nueva demanda la va a revisar el mismo juez que paralizó la fusión por los antecedentes y conexidad de ambos procedimientos. La vista se ha fijado el próximo 22 de julio.
Una fusión tortuosa
Este mes de junio se ha cumplido un año desde que Mediaset Italia y su filial española anunciasen su fusión para crear Media For Europe, un gigante audiovisual con sede en Países Bajos para competir con importantes 'players' como Netflix o HBO. Doce meses en los que la fusión no ha podido cumplirse y que han estado marcados por la batalla legal emprendida por Vivendi, segundo accionista de la matriz con el 28,8% del capital.
El grupo francés, que en España está asesorado por Araoz & Rueda, cuestionó desde el primer minuto la operación y alertó de que se trataba de una operación para reforzar a la familia Berlusconi, dueña de la compañía con un 44,18%a través de Fininvest. Tal y como estaba diseñada, Bolloré afirmaba que su participación quedaría diluida y que el esquema de acciones de lealtad planteado por Mediaset suponía a la postre la entrega de todo el poder a los Berlusconi.
La paralización de la fusión acordada en España el pasado octubre fue reafirmada este febrero por otro juez, pero todavía quedan algunos flecos. Tras la reforma de los estatutos en febrero, Mediaset, asesorado por Uría Menéndez, abrió dos frentes en los tribunales: en febrero hizo una solicitud de terminación parcial del procedimiento y en marzo solicitó el alzamiento de las medidas cautelares. Ambos asuntos todavía siguen pendientes de resolución, pero no deberían demorarse mucho más.
