La Generalitat de Cataluña prepara una estricta regulación a las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), aquellas que utilizan empresas como Uber y Cabify para operar. Esta normativa incluiría, entre otros aspectos, la obligación de contratar este transporte con seis horas como mínimo de antelación. Una ley que supondría asfixiar a estas compañías en un territorio muy importante para ellas. Por eso, Unauto, la patronal de las VTC, ha convocado una rueda de prensa este jueves en Barcelona para valorar la situación.
El presidente de Unauto, Eduardo Martín, y el portavoz de la patronal en Cataluña, Josep María Goñi, realizarán una declaración conjunta ante los medios y analizarán la situación del sector en la comunidad, "especialmente después de los últimos anuncios del sector del taxi", explican en la convocatoria.
Una movilización que se produce un días después de que se conociera, según adelantaba El Confidencial, que la Generalitat aprobará el 25 de enero dos decretos que supondrán una restricción brutal a la actividad de Uber y Cabify en uno de sus territorios más activos en España.
"La puesta en marcha de esta normativa no sería una regulación, supondría prohibir el servicio de estas plataformas en unas de las ciudades con mayor turismo en España", indican fuentes del sector. "Un escenario que no ocurre en ninguna de las principales de Europa y que supone que la administración catalana acceda a la presión que ha ejercido el taxi en este territorio", añade.
La puesta en marcha de esta normativa no sería una regulación, supondría prohibir el servicio de estas plataformas en unas de las ciudades con mayor turismo en España"
Las declaraciones ante los medios de los representantes de la patronal de las VTC irá acompañado de varios encuentros con la administración para poder frenar esta contundente normativa. Según explican fuentes del sector, este texto tendría como punto fuerte la antelación de mínimo seis horas en la reserva.
No obstante, según apuntan, la normativa incluiría una revisión de cada servicio que realizan los conductores de Uber y Cabify, un análisis de sus tarifas y la regulación de los días trabajadores por los conductores. Sin duda, un escenario que, en el caso de ponerse en marcha, supondría un golpe definitivo en Cataluña a este tipo de transporte.
División en la Generalitat
Uno de los puntos de esperanza que guardan las empresas de VTC es la división interna que existe en la Generalitat con este tema. Según detallan fuentes conocedoras del proceso, el equipo de Economía de la administración catalana es reticente a este golpe, ya que podría afectar en 1.000 millones de euros a las arcas de la Generalitat en forma de indemnizaciones.
"Tampoco hay que olvidar la imagen que se puede dar al exterior con este movimiento", exponen. Una imagen que tiene relación con el Mobile Word Congress (MWC). El megaevento tecnológico que acoge la Ciudad Condal a finales de febrero vuelve a ser protagonista en la guerra del taxi. En 2018, el sector del taxi amenazó con bloquear los accesos a este evento si no se le ponía freno a las VTC.
Una petición a la que accedió el Ayuntamiento de Ada Colau. La administración local, a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), levantó una normativa que exigía a los conductores de VTC a tener una segunda licencia para operar en en la ciudad. No obstante, esta ley fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alegando que no tenía competencias en esta materia.
Una decisión judicial que desembocó en la riada de protestas del sector del taxi, principalmente, en Madrid y Barcelona. Una presión a la que cedió el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con un decreto que habilitaba a las comunidades regular el servicio de VTC y que más tarde aprobó el Congreso. Aunque, hasta el momento, ninguna comunidad ha movido ficha. Pero, ante la amenaza de bloquear de nuevo el MWC, parece que la Generalitat y el Ayuntamiento han decidido ponerse manos a la obra.
