La brecha entre las horas acordadas y las realmente trabajadas en el sector público alcanza niveles récord. En el cuarto trimestre de 2021, el último del que se disponen datos, los empleados públicos no trabajaron un 7,1% de las horas que figuraban en su contrato. En concreto, se registraron 33,8 horas efectivas de media a la semana, frente a las 36,4 que debían trabajar. Es decir, una diferencia de 2,6 horas semanales que se traduce en unas 33 horas menos, de media, en el trimestre, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta brecha se duplicó respecto al trimestre anterior (cuando la diferencia fue de 1,1 horas de media) y triplicó respecto al segundo trimestre (con una brecha de 0,8 horas entre abril y junio del pasado año). De hecho, en el tercer trimestre de 2021 el número de horas efectivas fue superior a las del cuarto. Entre octubre y diciembre los empleados públicos trabajaron 1,7 horas menos, de media, que entre julio y septiembre. Y aunque esto es algo habitual si se mira la evolución histórica de las horas efectivas trabajadas en la Administración pública, la diferencia entre ambos trimestres tampoco había sido nunca tan acusada.
Macroeconómicamente, esto tiene varias implicaciones. Por un lado, si los 3,47 millones de ocupados que había en el sector público en el cuarto trimestre hubieran trabajado la totalidad de la jornada contratada, el Estado podría haberse ahorrado 250.000 puestos de trabajo sin perjudicar los bienes y servicios disfrutados por los ciudadanos. Además, en el trimestre habría supuesto un ahorro de más de 2.000 millones de euros en gasto público. Finalmente, fuentes expertas detallan que, dado que más de la mitad del consumo público se explica por el empleo público, de haberse trabajado la totalidad de la jornada contratada, el PIB del cuarto trimestre podría haber aumentado en más de medio punto.
El INE también desvela el posible motivo de este aumento del absentismo en el sector público. En el cuarto trimestre se percibe un aumento de los ocupados que no han trabajado por vacaciones o días de permiso. 256.000 personas disfrutaron sus vacaciones a lo largo del cuarto trimestre de 2021, frente a las 132.000 de un año antes, prácticamente el doble, lo que explicaría, al menos parcialmente, el aumento de la diferencia entre las horas trabajadas y las estipuladas en el contrato o en el convenio colectivo (que en el cuarto trimestre de 2020 fue de 0,6 horas).
Más funcionarios y salarios en el sector público
La función pública ha registrado una evolución positiva en el número de empleados y el valor de los salarios medios. El número de empleados públicos ha crecido desde los 2,98 millones en 2015 a 3,45 millones de media en 2021. Además, mientras en 2015 cobraban 2.586 euros, la cifra ascendió en 2020 a 2.885 euros, el último año del que se disponen datos. Es decir, que de media los salarios se han revalorizado en cerca de 300 euros en cinco años. Y si se relacionan estos datos con las horas trabajadas de media en 2021 (35 horas semanales), los empleados públicos cobran 20,6 euros por hora trabajada, 7,7 euros más por cada hora trabajada que los trabajadores del sector privado, tal y como publicó Vozpópuli.
La brecha entre los salarios públicos y privados se ha ido agrandando con los años y alcanza ya los 1.000 euros de media al mes. El INE achaca esta brecha a la diferente estructura ocupacional, el mayor peso de los trabajadores con estudios superiores, la menor proporción del empleo a tiempo parcial y la mayor antigüedad en el sector público. En cualquier caso, esta diferencia es especialmente significativa en este momento, cuando la inflación se encuentra en niveles récord de hace tres décadas y amenaza el poder adquisitivo de los españoles. Gobierno, empresarios y sindicatos negocian ahora la fórmula para subir salarios sin provocar una espiral inflacionista.
En un informe reciente denominado Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) asegura que España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la OCDE. En términos absolutos, hay un margen de mejora de 60.000 millones de euros, calculan los expertos. El Instituto hizo una estimación de cuánto tiene que pagar cada trabajar privado para mantener el sistema de pensiones, las prestaciones por desempleo y los salarios de los funcionarios; y la media asciende a 1.600 euros al mes.
Asimismo, en otro informe previo el IEE apuesta por una mayor externalización por parte del sector público español para mejorar su eficiencia. "La externalización de determinados bienes y/o servicios permite a las Administraciones que los contratan aprovechar la mayor especialización y eficiencia de las empresas que los ofrecen, lo que debería trasladarse a una mayor calidad en los servicios prestados, junto con un ahorro de coste para la Administración, favorecido por las economías de escala que proporciona", sentencia.
