En diciembre de 2021 aparecía en el Boletín Oficial del Estado la siguiente subvención: “Mujeres, café y clima: Empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. El coste total de la acción se estima en 1.118.000 euros”. España ha alcanzado un endeudamiento del orden del 120% del PIB, nuestro déficit público a causa de la pandemia fue superior al 10% en 2020 y casi del 7% en 2021 y pese a ello nuestro Gobierno destina más de un millón de euros a un propósito cuya repercusión en el bienestar y el progreso de los españoles es irrelevante. La explicación de semejante absurdo no puede ser otra que el otorgamiento de una considerable suma a una ONG amiga que retendrá una buena parte del total para viajes, sueldos y dietas de sus integrantes, llegando al empoderamiento de las mujeres etíopes que trabajan en el cultivo del café apenas unas migajas. Si se realizase una investigación exhaustiva de la miríada de subvenciones de todo tipo con las que la Administración central del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos riegan a las más diversas organizaciones para llevar adelante proyectos extravagantes, clientelares o ideológicamente contaminados, el montante global nos dejaría boquiabiertos por los miles de millones que salen de nuestros bolsillos para alimentar estómagos agradecidos, conseguir votos o servir a causas fantasiosas con nula creación de valor añadido ni generación de ventaja alguna para el contribuyente que sufraga tales despilfarros.

En estos días la inflación devora nuestros ahorros y pone por las nubes la cesta de la compra, el sistema de pensiones tal como está planteado es insostenible y la asistencia del Banco Central Europeo en forma de compra de deuda y de tipos de interés bajos está llegando a su fin. Por consiguiente, el futuro de nuestras cuentas públicas aparece más que sombrío con las graves y negativas consecuencias que ello tendrá sobre nuestras oportunidades de empleo o de inversión y nuestra calidad de vida. Sin embargo, la clase política sigue impertérrita malbaratando nuestro dinero para su exclusivo disfrute inflando la nómina de empleados públicos (más de cien mil nuevos puestos desde que Sánchez entró en La Moncloa), manteniendo una vasta red de entidades variopintas (empresas, institutos, fundaciones, consorcios, observatorios…) a cargo del erario cuya aportación a cualquier fin útil para el conjunto nacional es dudosa o inexistente y regalando generosas dádivas a amigos y correligionarios para que se ocupen de asuntos tan necesarios como “la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café en Etiopía”. Baste recordar que un reciente y riguroso estudio del Instituto de Estudios Económicos estima el gasto público redundante, ineficiente o innecesario en España en 60.000 millones de euros, es decir, un 12% del presupuesto.

Del producto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro talento los políticos extraen más de medio billón de euros al año, una porción significativa de los cuales no redunda para nada en nuestro beneficio

Los españoles vivimos azorados por las sucesivas crisis de carácter financiero, sanitario o geopolítico que están sacudiendo al mundo en la última década y no vemos el elefante en nuestra habitación que explica buena parte de nuestras dificultades para afrontarlas. Y no lo vemos porque nos lo ocultan y nadie, ni nuestros gobernantes, ni nuestros parlamentarios, ni los medios de comunicación nos hablan de este hecho central y determinante: del producto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro talento los políticos extraen más de medio billón de euros al año, una porción significativa de los cuales no redunda para nada en nuestro beneficio, sino únicamente en el suyo.

 No hay en España ningún organismo oficial o de la sociedad civil que, salvo avisos esporádicos que pasan inadvertidos como el citado del Instituto de Estudios Económicos, cribe y someta a escrutinio en términos de coste-beneficio todas y cada una de las partidas de gasto de unos recursos que nos pertenecen y que, por tanto, no deberían ser empleados sin nuestro consentimiento. Ahora bien, la inmensa complejidad, la opacidad y el silencio cómplice sobre el contenido del presupuesto que las Cortes aprueban en cada ejercicio se traducen en un permanente y escandaloso saqueo del Tesoro sin que las indefensas e incautas víctimas de estos desmanes, que somos los contribuyentes, podamos reaccionar y defendernos de nuestros desaprensivos expoliadores.

Las distintas Intervenciones se ciñen a la vigilancia de que se cumpla el procedimiento administrativo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se limita a verificar que gasto e ingreso no experimenten desvíos excesivos sin entrar nunca en el fondo de los temas y la oposición parlamentaria mira hacia otro lado porque también está bien agarrada a la exhausta ubre que nutre al formidable ejército de concejales, alcaldes, diputados autonómicos y nacionales, consejeros, ministros, asesores y paniaguados de toda índole y condición que son mantenidos por una sufrida masa de empresarios, asalariados del sector privado, funcionarios de carrera y autónomos que madrugan y se afanan diariamente mientras sus representantes democráticos deciden atribuir un millón largo de euros al empoderamiento socioecológico de las mujeres etíopes cultivadoras de café.

El elefante en la habitación ha ido creciendo sin recato desde la Transición hasta el presente, su voracidad se ha incrementado hasta niveles alarmantes y ha adquirido ya un tamaño que nos aplasta. Si en las próximas elecciones generales se presentase un partido que demostrase ser consciente de la opresiva existencia del gigantesco paquidermo y se comprometiese a adelgazarlo hasta convertirlo en un brioso y esbelto alazán, todos los que somos exprimidos para su obsceno engorde sabríamos a quién votar.

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