España decidió hace tiempo que no pagaba “ni un euro” de los 1.550 millones de euros que debe, de momento, por los arbitrajes internacionales tras el recorte de Mariano Rajoy a las primas de las renovables de José Luis Rodríguez Zapatero. Una estrategia para la que ha invertido cerca de 70 millones en abogados para defenderla junto con los miembros de la Abogacía del Estado. El problema es que sus rivales también han contratado a los mayores expertos en arbitrajes internacionales y en el embargo de bienes para recuperar lo que les debe España.
Uno de ellos es Nick Cherryman. Un “peso pesado” de las disputas internacionales según la publicación Chambers UK y uno de los abogados “más importantes en los litigios internacionales” según la lista Legal 500, que evalúa a los mejores juristas a nivel mundial. “España debe pagar”, asegura Cherryman en un inglés muy pausado. El prestigioso abogado ha visitado esta semana Madrid para explicarle a la opinión pública el trabajo que está haciendo con sus clientes y cómo pretende embargar bienes a España si mantiene esta estrategia de no pagar “ni un euro”.
“Nos han autorizado en Reino Unido a embargar parte de los 1.000 millones de euros que España reclama a la aseguradora del Prestige tras la catástrofe”, comenta Cherryman a Vozpópuli en una de las salas del Hotel Wellington. “Continuamos con este trabajo en Australia y en Estados Unidos, los fondos van a cobrar sus deudas”, añade el socio del prestigioso bufete neoyorquino Kobre & Kim, un despacho que protagonizó los medios españoles por su defensa a Corina Larsen en su demanda civil contra Juan Carlos I.
Prefiere no dar un número exacto de activos del Reino de España aunque, como publicaba este medio, la lista de bienes tiene 2.000 nombres con un valor de 3.000 millones. Las sedes del Instituto Cervantes y de l'Agència per a la Competitivitat de L'Empresa en Londres o los activos de Navantia en Australia son otra de las opciones que se han puesto encima de la mesa para atacar la estrategia de no pagar los arbitrajes.
“España tiene miles de activos inmobiliarios de uso comercial repartidos por el mundo”, puntualiza el experto en arbitrajes. “Los procesos de embargo de bienes son largos y complejos, pero funcionan”, asegura Cherryman. “Por lo tanto, la estrategia de España solo consigue dilatar la situación, pero no escapa de su responsabilidad de compensar a los afectados, que cobrarán de forma directa o con la confiscación de propiedades del Estado", puntualiza el abogado británico.
El abogado dice que, pese a 30 años de experiencia en este ámbito, le sorprende que un país del prestigio de España apueste por una estrategia como esta. "Es triste estar aquí por estar aquí por este motivo, pero España no puede poner en juego su seguridad jurídica y trasladar esa mala imagen a los inversores", declara Cherryman.
Otra victoria en sus arbitrajes
Dos de sus clientes son Servicios de Infraestructura Luxemburgo S.A.R.L. y Energia Termosolar B.V, los dueños del ‘caso Antin’. Un proceso que España intentó anular recientemente en el Tribunal Superior de Londres, obligando a pagar a estos inversores 120 millones de euros, como determinaba el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. “Un ejemplo más de que el Gobierno español no puede alegar inmunidad soberana como forma de evitar sus obligaciones vinculadas al Tratado sobre la Carta de la Energía”, explicaba Cherryman.
El abogado no sólo está en Madrid para comentar su trabajo con la prensa. Junto con expertos en la materia como Nikos Lavranos y la abogada Lena Sandberg, Nick Cherryman mantiene encuentros estos días con representantes de todos los partidos políticos para comentar este riesgo para la imagen y las cuentas de España.
Define estas reuniones como “confidenciales”, aunque no puede evitar reconocer que un posible cambio de Gobierno en las próximas elecciones puede replantear la estrategia en España a la hora de afrontar estos arbitrajes. “Sería lo más sensato”, afirma mientras se despide de este medio.
