El uso de las notas de prensa para adelantar sentidos de sentencias le puede costar a los Ayuntamientos cerca de 1.000 millones. Es lo que se juegan los Consistorios y lo que pueden ganar los contribuyentes por la avalancha de recursos que presentaron entre el 26 de octubre de 2021 -cuando el Tribunal Constitucional (TC) publicó una breve nota en la que avanzaba que el Pleno había decidido anular el impuesto- y el 25 de noviembre de 2021, cuando finalmente se publicó la sentencia 182/2021 en el BOE.

Se trata del último gran pleito sobre la plusvalía municipal una vez que el TC ha tumbado el recurso del PP contra el nuevo impuesto, en vigor desde el 10 de noviembre de 2021.

El pasado 18 de enero, el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite el recurso planteado por el Ayuntamiento de Pontevedra contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de dicha provincia, que estimó el recurso de un particular planteado contra una liquidación impugnada el 5 de noviembre de 2021. El Juzgado consideró, en una interpretación sistemática de la Constitución (artículos 24 y 164) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (artículo 38.uno), que la limitación de efectos de la sentencia no podía operar antes de su publicación en el BOE.

Mientras unos Juzgados consideraban que la sentencia del TC 182/2021 sólo puede aplicarse desde su publicación en el BOE (algunos de Madrid, Girona, Pontevedra y Valencia), otros (los de Elche, Málaga, Jaén, Salamanca, Santander y Murcia) entendían lo contrario.

La realidad es que fueron miles los procedimientos que se plantearon entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre de 2021, muchos planteados antes incluso del 3 de noviembre, fecha en la que se dio a conocer el texto completo de la sentencia.

Pero lo que se dirime en el Supremo es el periodo entre 26 de octubre y 25 de noviembre, en el que se presentó un alud de recursos, con un coste estimado de cerca de 1.000 millones, traslada Manuel Esclapez, director responsable de Imposición Local y Catastro de PwC Tax & Legal, y miembro del Grupo de expertos en Haciendas locales y valoración catastral en la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). El cálculo parte de los 2.500 millones que recaudaba la plusvalía al año, que suponen por los últimos cuatro años no prescritos unos 10.000 millones. De estos, podían reclamar los contribuyentes de Ayuntamientos con autoliquidación, lo que estima que afecta a más del 50% (entre ellos, los de Madrid y Barcelona), y supone unos 6.000 millones. Y recurrieron cerca del 20%.

A partir de ahora, lo razonable será la suspensión de todos los procedimientos en los que se plantea la misma problemática hasta que el TS fije el criterio; por el camino habrán quedado muchos contribuyentes con sentencias desestimatorias firmes sin acceso a casación; mientras que los Ayuntamientos que vieron desestimados los recursos, tendrán acceso a la misma, advierte Esclapez.

En cuanto a las posibilidades de que el Tribunal Supremo adopte el criterio pro contribuyente del juzgado gallego, señala que los pronunciamientos del TS en otros asuntos sobre la aplicación de la sentencia del TC 182/2021, en impugnaciones previas a 26 de octubre y de responsabilidad patrimonial, parece que apuntan en sentido contrario, pero advierte de que no se puede dar nada por perdido.

Al menos, con la admisión de la casación se impide la imposición de costas que algunos juzgados,"sin el menor rubor, se atrevían a imponer pese a lo controvertido del tema", remacha.

Juan Ignacio Gomar, de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, pone el foco en el conflicto que el caso puede abrir entre el TC y el TS. El Constitucional viene considerando que tiene la facultad de modular los efectos de las sentencias, como ha hecho en la de la tributación conjunta en el IRPF en 1989 y en las tasas judiciales. "El TS tiene que pronunciarse sobre este caso que le han planteado, pero supone juzgar una facultad que sólo tiene el TC", subraya. Ha habido más casos de este tipo, pero no tenían esta trascendencia económica.

También entra en juego la cuestión de la validez de fijar una posición con efecto jurídico en una nota de prensa, lo que también hace de un tiempo a esta parte el TS, que Gomar también ve trascendente y que atribuye a que estos altos tribunales no se fían de la seguridad del procedimiento y de que se produzcan filtraciones.

Otros fallos del Supremo

En los últimos meses, han ido resolviéndose otros casos. El Tribunal Supremo ha dictado que la doctrina del TC también alcanza a quienes impugnaron el impuesto, aunque no hubiera incremento de valor, en una sentencia (Recurso nº 4254/2021) que afecta al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) y que impacta en muchos otros, como el de Albacete, con lo que el Supremo obliga a los Ayuntamientos a devolver la plusvalía en todos los casos, como ya hizo en el caso de los contribuyentes que no alegaron la inconstitucionalidad del impuesto, según avanzó Vozpópuli.

Esta sentencia se conoce poco después de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que regula la nueva plusvalía municipal. El TC ha salvado el nuevo impuesto de la primera gran embestida a la que se enfrentaba y que, de haberse estimado, habría supuesto un importante roto a las arcas públicas, además de añadir más inseguridad jurídica a la que ya rodea al impuesto.

En concreto, este fallo salva a las arcas públicas de un agujero de al menos 3.000 millones de euros, por los cerca de 200 millones al mes que recauda el impuesto, que en su nueva configuración entró en vigor el 10 de noviembre de 2021. Si se hubiera tumbado como Real Decreto-ley, se perdería lo recaudado hasta ahora y el impuesto sólo se consideraría válido desde que se aprobara como proyecto de ley. Así se tramita en el Congreso desde hace un año, pero está paralizado. De haber prosperado este recurso, ahora se aceleraría la tramitación.

El Pleno del TC se va a pronunciar contra un recurso similar de Vox, que presumiblemente será también desestimado.

Este parón se viene produciendo cuando ayuntamientos de PSOE, Podemos y PP han promovido enmiendas que pretenden compensar a los consistorios con un fondo, por lo que han dejado de ingresar por la anulación del impuesto y su nueva configuración.

Según la IGAE, la anulación por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 y el nuevo impuesto sustitutivo han tenido un impacto relevante en las cuentas municipales, de casi 900 millones de euros.

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