No habrá neutralización directa en el IRPF pero sí incentivos a la inversión para frenar los efectos del impuesto a las grandes fortunas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional ha diseñado una nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para incentivar la llegada de inversiones y como "contrapeso al Impuesto de Patrimonio de Pedro Sánchez". Así, cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región, podrá desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes 6 años.
"Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros… en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión", ha señalado durante su intervención en la 13ª edición de Spain Investors Day.
La medida está vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En el caso de los primeros, no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los inmobiliarios sí que deberán de estar ubicados en la región. En cuanto al volumen de la inversión no se establecen límites, es decir, que será aplicable a partir del primer euro. El único tope anual será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20% de lo invertido, es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año de la inversión. Si no lo es, se irá repartiendo a lo largo de los siguientes cinco años.
Para poner en marcha esta nueva medida fiscal, el Gobierno regional modificará el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. La previsión es que este cambio sea validado en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno para iniciar así su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid y que la deducción entre en vigor durante este mismo año.
"En definitiva, cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que Madrid es libertad y prosperidad y que aquí será bienvenido", ha indicado la presidenta, para remarcar que con esta medida se quiere "recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia se atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional y seguridad en una región integradora y plural".
Por otro lado, el objetivo también es "trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este Gobierno (central), muy especialmente ahora ante el impuesto de Patrimonio". "Aquí hay futuro, en Madrid desde luego y dentro de unos meses,
tras las elecciones generales, en España entera", ha subrayado.
Según las estimaciones que ha realizado la Comunidad de Madrid, esta nueva deducción tendrá unos efectos positivos en la economía regional, ya que favorecerá la llegada de inversión y, con ella, se generará actividad y empleo, lo que acabará teniendo impacto en la recaudación. Así, por cada 1.000 millones, se generaría casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB regional. Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por
tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, cerca de 125 millones de euros.
Se trata, por tanto, de una medida fiscal pensada para facilitar la llegada de inversión y para favorecer a las empresas que ya están erradicadas en la Comunidad de Madrid y que buscan inversores para poder expandir sus negocios. El objetivo, como ha explicado a presidenta, es contrarrestar los efectos perjudiciales para la economía del Impuesto de la Solidaridad de las Grandes Fortunas, un nuevo tributo estatal que podría ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos. Su aplicación acarreará una pérdida de 1.200 millones anuales de inversión extranjera para la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid y Andalucía han estudiado neutralizar directamente el impuesto a grandes fortunas a través del IRPF. Las dos comunidades más afectadas por esta armonización del Impuesto de Patrimonio por la puerta de atrás que supone este nuevo impuesto estatal han tenido una respuesta fiscal encima de la mesa a partir del tramo autonómico del IRPF, como avanzó Vozpópuli.
Recurso con cautelares
Hay dos maneras de contrarrestar el impuesto estatal. La fórmula que lo neutraliza por completo pasa por recuperar el Impuesto de Patrimonio para que no lo recaude el Estado y devolvérselo a los contribuyentes en el IRPF, donde se lo podrían deducir. Es decir, que el impuesto estatal a grandes contribuyentes sea deducible en el IRPF autonómico.
En la segunda fórmula, también cabe hacer lo mismo, que el contribuyente recupere lo pagado en grandes fortunas en el IRPF, pero sin reactivar Patrimonio, lo que supondría un coste importante para las comunidades y el Estado se llevaría lo que recaude de su impuesto. Esta opción al menos conseguiría retener al contribuyente.
Madrid ha desechado esta fórmula y prefiere no recuperar el Impuesto de Patrimonio en ningún caso, por el mensaje que plantea y cuando además ultima su recurso al Tribunal Constitucional contra el impuesto a grandes fortunas, en el que va a pedir medidas cautelares, como Andalucía.
El conocido como Impuesto de Patrimonio Bis supone una invasión de las competencias autonómicas en materia fiscal, por lo que el Consejo de Gobierno aprobó ayer la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional este mismo mes de enero y solicitar su suspensión cautelar. El Ejecutivo madrileño considera que el nuevo tributo quebranta artículos de la Carta Magna, como el principio de igualdad al no tratar por igual a todos los contribuyentes españoles, perjudicando de manera especial a los madrileños.
En cuanto a su tramitación, se ha aprobado mediante una enmienda, no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y dictamen del Consejo de Estado. Además, tiene efectos retroactivos, vulnerando el principio de seguridad jurídica y no está justificada su creación, ya que no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos, saltándose lo recogido en la Constitución Española en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos.
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PijoListo
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Ayuso tiene la mirada triste. Yo no me metería con ella en estos momentos