El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apunta a cerrar la Legislatura poniendo de relieve su apuesta por la inversión privada en materia de vivienda. El Ejecutivo madrileño última la adjudicación de una nueva cartera de suelos a inversores institucionales para la promoción de vivienda en alquiler a precios más asequibles dentro de su Plan Vive.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura está próxima a resolver si da luz verde a una propuesta, la presentada por la promotora Culmia, propiedad del fondo americano de capital riesgo Oaktree, según ha podido saber este diario de distintas fuentes. La licitación contempla la construcción de 1.137 viviendas en Boadilla del Monte, Pinto y Colmenar Viejo.
"La adjudicación provisional estaría al caer", traslada una de las partes involucradas sobre el que sería el único ofertante, Culmia. La promotora que controla Oaktree habría obtenido la puntuación suficiente para hacerse con la adjudicación, tanto en la parte más estrictamente técnica como en la económica, si bien resta la comprobación definitiva de que la compañía reúne todos los requisitos.
La promotora que controla Oaktree habría obtenido la puntuación suficiente para hacerse con la adjudicación, tanto en la parte técnica como en la económica
Los pliegos de la licitación fijan que sea el concesionario quien asuma el riesgo de la inversión, que debería resultar en 524 nuevas viviendas en Boadilla del Monte, 400 en Pinto, y 213 en Colmenar Viejo.
El pliego reconoce un incremento de los costes de construcción de al menos un 20% respecto a la primera licitación del Plan Vive (de 2021), en la que Culmia resultó adjudicataria de 1.763 potenciales pisos a precios hasta un 40% más asequibles a los de mercado.
Entonces, la compañía que dirige Francisco Pérez se impuso de la mano de la constructora Avintia para construir y explotar pisos en los municipios de Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe con un presupuesto de 200 millones de euros -135 millones financiados por el banco Caixabank- y un plazo de concesión de 50 años.
Ayuso apela al sector privado para levantar viviendas
El objetivo de la nueva licitación de Madrid es que el promotor privado impulse, con su propio riesgo, viviendas de alquiler en los terrenos concedidos y asuma la gestión y mantenimiento durante un período máximo, no prorrogable, de 65 años, al precio más asequible posible para los futuros inquilinos.
Las condiciones del pliego limitan el abanico de posibles interesados a empresas con al menos 20 millones de euros en fondos propios y facturaciones el último lustro de al menos 50 millones por la promoción de viviendas a la venta, y de tres millones por arrendamientos.
Culmia ha ofrecido un descuento sobre el precio máximo fijado por la Comunidad de Madrid del 0,10%, con 80 millones en fondos propios y una financiación disponible a la fecha de presentación de la oferta de 160 millones de euros. Tras la adjudicación provisional, la ganadora deberá prestar una garantía de 3,5 millones de euros.
De acuerdo al pliego de condiciones, el concesionario podrá actualizar las rentas conforme al Índice de Precios de Consumo
De acuerdo al pliego de condiciones, el concesionario podrá actualizar las rentas conforme al Índice de Precios de Consumo. En este sentido, la CAM ha proyectado que la inflación media hasta 2088 será del 2%, y que el presupuesto base de la licitación es de 220 millones de euros.
Los suelos de Boadilla permitirían a Culmia construir y explotar viviendas de protección pública de precio limitado (VPPL), mientras que en los restantes se podrán impulsar viviendas con protección pública básica (VPPB); en la mayoría de los casos, habrán de disponer de acceso a piscina, gimnasio y jardín.
Con esta tanda, el Gobierno de Ayuso suma proyectos en marcha para unas 6.500 viviendas adjudicadas a inversores privados por entre 50 y 65 años con una inversión global de 900 millones de euros.
