La banca ha pedido al Gobierno que los créditos que se queden sin aval público no computen a efecto de provisiones en caso de resultar fallidos, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes financieras. Esta es una de las múltiples vías que ha puesto encima de la mesa el sector, pero no la única. Los bancos no quieren volver a llenar sus balances de activos tóxicos una vez acabe la crisis provocada por el coronavirus y por eso mantendrán el pulso con el Ejecutivo hasta el último momento.
En concreto, el sector busca una batería de medidas que frene la morosidad y que a la vez permita a las entidades tener más flexibilidad a la hora de conceder un crédito. Para ello también se está hablando con el propio Banco de España. No obstante, el próximo martes está previsto que el Consejo de Ministros concrete las medidas financieras y sobre todo el cómo se darán esas garantías públicas de hasta 100.000 millones de euros.
Las entidades financieras están comprometidas con el Gobierno y están dispuestas a dar toda la liquidez que sea necesaria, pero no a cualquier precio. El sector aún no se ha recuperado de la última crisis y las duras restricciones que se le impone hace que sea muy difícil abrir el grifo tan fácilmente, y más cuando se pide un salto de fe tan grande, de 200.000 millones de euros, para ser exactos. Por el momento, Caixabank, Santander y BBVA ya han anunciado liquidez por 100.000 millones.
Aunque aún no ha trascendido el volumen de crédito que va a cubrir el Estado con las garantías anunciadas, si se toman al pie de la letra las palabras de Pedro Sánchez, las entidades financieras tendrán que hacer frente al 50% del riesgo -en el caso de que sea necesario dar 200.000 millones de euros a pymes y empresas- o al 66% si tomamos como buena la cifra de 150.000 millones de euros.
Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, el equipo de Nadia Calviño se decanta por cubrir el 75% de los préstamos y que el 25% restante quede en mano de los bancos. No obstante, tal y como ya se ha comentado en este artículo, se están explorando diferentes vías para suavizar el golpe.
Además, esta es una decisión que no podrá tomar el Ejecutivo en solitario. También tendrá que tener el visto bueno del BCE y de la Comisión Europea, que manejan las mismas perspectivas para el resto de países de la zona euro afectados por el Covid-19.
Cabe destacar que en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero ya aprobó avales por un máximo de 100.000 millones de euros. Por aquel entonces, las garantías sirvieron para financiar las emisiones de pagarés, bonos y obligaciones del Estado en los mercados secundarios, aunque también se abrió la ventana a que dichos avales se pudieran extender a otros instrumentos, como los depósitos interbancarios. El plazo máximo de vencimiento fue de cinco años.
Moratoria de hipotecas
Por lo pronto, la banca ya ha ganado una gran batalla con la moratoria de las hipotecas porque no tendrán que provisionar ni un solo euro por este motivo. El Banco de España entenderá estos impagos como plazos congelados y así, las entidades no tendrán que reclasificar estos créditos como dudosos.
No obstante, esta medida sólo servirá para aquellos créditos que se han dejado de pagar por culpa del coronavirus. Para ello, cada banco tendrá que enviar caso a caso al supervisor dirigido por Pablo Hernández de Cos, que será el encargado de vigilar que no se cuela ningún crédito fallido anterior al estado de alarma.
