Podría ser un cúmulo de casualidades, pero no lo es. Que el Gobierno lleve meses sembrando dudas sobre la fiabilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) da argumentos a quienes denuncian una campaña de descrédito, orquestada desde Moncloa para propagar una realidad económica paralela. Para vender una recuperación más sólida de lo que apuntan los datos oficiales.
Los expertos en coyuntura, quienes usan a diario la estadística como materia prima, han asistido esta semana con estupor a un episodio preocupante. Un informe de CaixaBank Research aseveraba, nada menos, que “el IPC ha estado claramente sesgado al alza en 2021”. El servicio de estudios de la entidad financiera, participada por el Estado, culpaba del “sesgo” a los errores de medición del precio de la electricidad. El autor del informe, Màxim Ventura, ponía en entredicho una variable de la que depende, entre otras muchas cosas, lo que el Estado gastó para compensar a los pensionistas por la desviación del IPC.
El informe, que lleva el cuño de un servicio de estudios prestigioso, generó un incendio en la sede madrileña del INE. Hasta el punto de que el organismo, presidido por Juan Manuel Rodríguez Poo, tuvo que responder a través de un duro comunicado oficial. La polémica saltó a la prensa y a las redes sociales. Captó la atención de políticos, economistas y estadísticos. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, en el Ejecutivo dio un paso al frente para defender al INE.
El silencio puede interpretarse como un paso más en las 'maniobras' que Moncloa emprendió hace meses contra el ente público. O como un aviso a navegantes: en el INE hay altos cargos designados por el Gobierno, que tiene el poder para nombrar, pero también para destituir.
En un terreno de juego cada vez más opaco -la falta de transparencia gubernamental sobre los fondos europeos es el gran ejemplo-, el organismo ha aportado luz sobre la realidad de la economía. Y las 'verdades' del INE no gustan a Pedro Sánchez. Ni el presidente ni sus ministras de Economía y Hacienda cuestionaron nunca la labor del Instituto… hasta que su estadística empezó a demostrar que no habrá 'milagro' económico español. Tampoco una recuperación con forma de V.
Cuando la economía se hundía sin freno en 2020, los indicadores negativos del INE servían al Ejecutivo para pedir paciencia a los ciudadanos, asfixiados por la crisis y la falta de libertades. También le encajaban cuando el PIB comenzó a rebotar con fuerza a principios del pasado año, tras la recesión. El punto de inflexión lo marcó la revisión drástica del crecimiento en el segundo semestre (del 2,8% al 1,1%); una corrección efectuada por el organismo en septiembre que oscurecía los brillantes augurios de Nadia Calviño para el conjunto del año. No en vano, al INE le siguieron la mayoría de los servicios nacionales de estudios, que fueron recortando, uno por uno, sus previsiones.
El Gobierno, ante la incredulidad de los expertos, se mantuvo firme en sus estimaciones. Y comenzó a cuestionar la forma en que se cocina la Contabilidad Nacional. Ministros y altos cargos se encargaron de poner en solfa, en diferentes círculos y foros, las carencias de la estadística del PIB. Un mes después de la corrección del INE, la 'campaña' cobró forma en una jornada en la que Sánchez y Calviño se despacharon a gusto contra el indicador, en presencia de invitados como el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann; o el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.
Las críticas son un aviso a navegantes: en el INE hay altos cargos designados por el Gobierno, que tiene el poder para nombrar, pero también para destituir
Paralelamente, los ministerios de Economía y Hacienda empezaron a airear dos nuevos medidores (Indicador Diario de Actividad e Informe Semanal de Ventas Diarias), para demostrar que la economía avanza a zancadas más grandes de lo que estima el INE.
La estrategia de desgaste lleva tiempo preocupando a economistas y empresarios. Y no por el debate puntual sobre PIB. Los ataques van calando y generan un grave problema de fondo: la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones independientes, auténticos pilares del sistema democrático. "Al CIS se le ha hecho un daño casi irreparable y ahora se está poniendo en cuestión el papel del INE. Veremos quién es el siguiente, aunque la pieza final, la más codiciada, es el Banco de España", asegura un economista que asesora al Ibex.
La institución, con sede en la plaza madrileña de Cibeles, cuenta con el mejor y más nutrido servicio de estudios económicos de España. Y con una reputación intachable, pese a que algún que otro político se ha sentado en el sillón de gobernador (el último, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez). Las 'verdades' del Banco de España no sólo están construidas con números y, por eso mismo, duelen más que las del INE. Lleva sufriéndolo en sus propias carnes el Gobierno de coalición, que ha sido apercibido en más de una ocasión desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se fundieron en el primer abrazo.
El gobernador, Pablo Hernández de Cos, nunca ha dejado de exigir -con poco éxito- reformas profundas y duraderas en pensiones y mercado laboral. Y ha combatido con datos una de las medidas estrella pactadas por PSOE y Podemos: la subida acelerada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En octubre de 2018, ambas formaciones pactaron en su acuerdo presupuestario un incremento de 735 a 900 euros. Cinco meses después, el Banco de España alertó de que una subida tan ambiciosa ponía en peligro 125.000 puestos de trabajo. Es esta crítica la que más ha escocido a Sánchez y, probablemente, la que aún no ha perdonado.
"Las relaciones del Ejecutivo con el Banco de España son frías desde hace tiempo, se limitan a lo estrictamente necesario", confiesa otro economista que se mueve en el entorno del Consejo de Gobierno de la institución. "El Banco de España es y debe seguir siendo la resistencia, van a por él", añade.
Las relaciones del Gobierno con el Banco de España son frías desde hace tiempo, se limitan a lo estrictamente necesario"
A Hernández de Cos le quedan aún dos años de mandato. Su relevo, agendado para junio de 2024, debe pactarse -como siempre se ha hecho- en los meses previos. El debate, por tanto, coincidirá con el fin de la legislatura de Sánchez, a finales de 2023 o principios de 2024. "Lo que desea el Gobierno", concluye la misma fuente, es colocar a Soledad Núñez", próxima al PSOE y actual consejera de la institución. Ya sonó como candidata a gobernadora en 2006, cuando mandaba José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras se aproxima el relevo, el Ejecutivo hará más o menos presión sobre los órganos con los que disiente en función de la evolución económica y las encuestas electorales. De momento, el PSOE ha presentado una propuesta en el Congreso para repensar el nivel de independencia que deben tener organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Banco de España se queda fuera de la lista. De momento.
