Banca

Brokers europeos alertan sobre la maniobra en La Caixa: "El Gobierno explota con fines políticos a la banca"

En un informe a institucionales, Kepler Cheuvreux advierte de que Sánchez puede ejercer una "presión significativa" a CaixaBank para que regrese a Cataluña tras el pacto PSOE-Junts

  • Torres de La Caixa en la Diagonal de La Caixa.

Primeras alertas a inversores por la maniobra en La Caixa. Tras el pacto del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, Kepler Cheuvreux, uno de los principales brokers de inversores institucionales y firmas de análisis paneuropeos, ha alertado de que el Gobierno puede ejercer una "presión significativa" para forzar el regreso de las empresas, como CaixaBank y Sabadell, a Cataluña.

En un informe remitido ayer a sus clientes institucionales, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Kepler pone de manifiesto que el Estado controla el 17% en CaixaBank como herencia de la fusión de Bankia. Y considera como otro elemento de presión para el regreso a Cataluña las exigencias de los independentistas de traspasar a la Generalitat el control de la supervisión de la Fundación La Caixa, ahora en manos del Ministerio de Economía, como publicó este medio.

"Resulta cada vez más claro que el sector bancario es un blanco fácil para que el Gobierno español lo explote con fines políticos, poniendo en peligro la gobernanza del sector", alertan los analistas de Kepler a sus clientes.

Exigencias de los independentistas

El traspaso del poder de supervisión de La Caixa a la Generalitat era una de las exigencias del bloque independentista formado por ERC y Junts para la investidura. En sendos acuerdos con cada uno de los partidos no se hace referencia explícita a esta pretensión, pero en el Banco Central Europeo (BCE) se teme que se acabe plasmando en un cambio de ley, según fuentes próximas al supervisor único.

"Ningún gobierno puede forzar el desplazamiento de empresas dentro del país. Pero pueden ejercer una presión significativa", advierten los analistas de Kepler.

De momento, PSOE y Junts han pactado un plan para "promover y facilitar" el regreso a Cataluña de las empresas que trasladaron sus sedes por el desafío soberanista de 2017.

"Categóricamente pensamos que ningún gobierno puede forzar el desplazamiento de empresas dentro del país. Sin embargo, pueden ejercer una presión significativa. En CaixaBank esto se hace de forma doble: a través de la participación del Estado en CaixaBank (17,3%); y mediante la transferencia del control de la supervisión de la Fundación La Caixa (accionista principal con el 30%) a la Generalitat", señalan los analistas de Kepler en el informe, específico sobre CaixaBank.

El broker europeo recuerda que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri mudó su sede de Barcelona a Valencia, para lo que cambios sus estatutos. En el artículo 4 de estos recoge que el domicilio podrá trasladarse a otro lugar "dentro del territorio nacional por acuerdo del consejo de administración”.

¿Tendría peso el Frob en un traslado de sede?

Desde Kepler señalan que el Frob, que se sienta en el consejo del banco, "podría tener influencia", aunque cuestionan esta posibilidad al tratarse de uno de los quince miembros del máximo órgano de gobierno. La cúpula de la entidad siempre ha defendido en público que el Estado no interfiere en la gestión, aunque la relación con el Gobierno ha pasado por varias fases desde la integración con Bankia. El choque más sonado fue el provocado por los sueldos de la cúpula en 2021, justo unos meses después del desembarco del Estado en el accionariado de la entidad.

"Los analistas de Kepler temen que en tres o cinco meses se puedan tomar decisiones políticas en España que afecten a las empresas

La firma de análisis europea advierte a los inversores de que el BCE podría "tomar cartas en el asunto" si la transferencia del control de La Caixa "implica o puede provocar un deterioro en la profesionalidad de la gestión de la fundación", como publicó este medio.

"Esto podría ser una cosa más que añadir a la lista de todas las cesiones que el Gobierno ya ha concedido a los separatistas: una amnistía (que implica a más de 4.000 personas) relacionada con los acontecimientos ocurridos en torno al referéndum inconstitucional de 2017 entre 2012 y 2023, condonar parte de la deuda histórica catalana (15.000 millones de euros), y la transferencia del 100% de los impuestos a Cataluña", avisan desde Kepler, que aventura que en "tres o cinco meses" se pueden tomar "decisiones políticas" en España que pueden afectar a las empresas.

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