La Comisión Europea actuará si el Gobierno de Pedro Sánchez intenta parar la salida de la matriz de Ferrovial de España. Así lo ha declarado Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, en respuesta a una pregunta de Vozpópuli "en relación con el mercado interior y la competencia". En una rueda de prensa junto a la eurodiputada del PPE Pilar del Castillo sobre la Ley de Datos, este periódico preguntó a Breton por las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno español, en Ser Galicia, sobre que "el Gobierno está analizando la posibilidad de utilizar el escudo antiopas para evitar que la empresa española Ferrovial se mude a Holanda", y si está actuación es "posible".

El comisario respondió: "Por supuesto, en mi capacidad de ser responsable de hacer cumplir, siempre hago cumplir cuando veo algo y cuando me lo piden porque algo está pasando. Nunca hago nada preventivo, previo".

Breton no eludió una pregunta que "no tiene nada que ver con la Ley de Datos", según dijo, y en su respuesta planteó la posibilidad de actuar de oficio y de hacerlo a instancias de una denuncia que, llegado el caso, podría ser de Ferrovial.

A su lado, Del Castillo, ex ministra de Educación de Aznar, declinó añadir nada a las palabras de Breton.

¿A qué se refería que debe hacer cumplir? Al mercado interior de que se ocupa su cartera, basado en la libertad de establecimiento, entre otras, que protege el marco legal de la Unión Europea. El Acta Única Europea de 1986 incluyó en el Tratado de la Comunidad Económica Europea el objetivo de crear un mercado interior, definido como "un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada". El Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) establece en su artículo 26 que "el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados".

El artículo 49, sobre la libertad de establecimiento, estipula que "quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro".

En concreto, Ribera, señaló el 5 de abril que el Gobierno está analizando si puede actuar dentro del "marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos" establecido por la crisis. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre la prórroga durante dos años más, hasta finales de 2024, del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo antiopas.

El Ejecutivo aprobó el escudo en 2020, en plena pandemia, para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras. La medida le permite vetar la entrada de capital foráneo en dichos sectores.

Según Ribera, se trata de analizar si "se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario".

El Gobierno salió en tromba contra Ferrovial el 1 de marzo, al día siguiente de que el Consejo decidiera la salida y se registrara el hecho relevante en la CNMV. Entonces tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la segunda, Yolanda Díaz, pusieron el foco en "analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión", en "desde luego estudiar la formulación jurídica de cómo van a hacer" y en que "se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca, creo que esto no es ser españoles".

El foco, en los motivos

A partir de entonces, Calviño ha repetido en numerosas ocasiones que el Gobierno tiene "serias dudas sobre la sustancia" de los argumentos de Ferrovial. En este sentido, Hacienda Fisco analiza si hay lo que la Ley del Impuesto sobre Sociedades denomina "motivo económico válido" y no un mero objetivo fiscal. En el caso de que considere que los argumentos de la empresa no se sostienen, la salida tiene un peaje fiscal en las plusvalías latentes, que se gravan al 5%, lo que supone una factura de al menos 130 millones, según ha calculado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid para Vozpópuli.

Otro de los asuntos que se han analizado es si no es posible cotizar en EEUU desde España como alega la empresa, lo que ha generado un enfrentamiento esta semana. Calviño ha asegurado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: "Tanto la CNMV como Bolsas y Mercados han realizado un análisis en profundidad, incluso han viajado a Estados Unidos, han estado en contacto con sus contrapartes estadounidenses y han confirmado que no se identifica ningún factor diferencial de nuestro país con respecto a otros países europeos que pueda explicar o justificar las razones que se esgrimieron en público".

El lunes, fuentes de Ferrovial habían trasladado, después de que la CNMV asegurara que no ve impedimento a cotizar en EEUU desde España: "Ninguna sociedad española cotizada ha negociado nunca sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos de manera directa (sólo a través de ADR). Actualmente no existe una estructura que habilite esa posibilidad. Según la información disponible, para crearla, al margen de eventuales cambios regulatorios, habría que dar solución a cuestiones técnicas y operativas (compatibilidad tecnológica, rebalanceos, reconciliaciones de saldos, protocolos de información, etc.)". Eso sí, advertía que éste es sólo "uno de los varios motivos en los que se justifica" su salida.

La vicepresidenta primera también ha aludido a que el Gobierno, "que representa el interés general, tienen una función y una acción, que tiene que ser la de defender el interés general". Ferrovial fundamenta su decisión en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, una norma que podría habilitar al Gobierno a pronunciarse sobre una fusión transfronteriza en la que participe una empresa española.

En este sentido, la Ley de Defensa de la Competencia avala que "el Consejo de Ministros podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia".

También hay un frente abierto con los socios del Gobierno, que buscan que Ferrovial pague por irse de España. Bildu y Podemos, con el aval de Más País y ERC, han registrado un arsenal legislativo para que la empresa devuelva subvenciones, ayudas de los ERTE y créditos ICO recibidos en los últimos 10 años.

PSOE y Podemos han acordado con Bildu este jueves comprometerse a que en la futura Ley de Industria se condicione la recepción de apoyo y ayudas pública a que "no haya reubicación o deslocalización de la actividad". Bildu había registrado una proposición no de ley que se ha debatido esta semana. Queda pendiente una proposición de ley de Podemos sobre la que el Gobierno tiene para pronunciarse hasta el 26 de abril.

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