La Comisión Europea advierte a España del impacto que va a tener en el déficit la reforma de las pensiones. Así lo hace en las Recomendaciones del Semestre Europeo que ha publicado, que revisan sus previsiones teniendo en cuenta el impacto e la guerra en Ucrania. En el caso de España, rebaja sus proyecciones de crecimiento 1,6 puntos, al 4%, el organismo que las deja más bajas.
En lo que respecta a las pensiones, el capítulo dedicado a España alerta de que su previsión de que el déficit siga reduciéndose y se sitúe en el 4,4% del PIB en 2023, que apoya en que haya un crecimiento económico dinámico y una moderación en el gasto que compensen una caída de la recaudación tributaria, ahora disparada, está condicionada al gasto en pensiones. Y lo está por la vinculación de las pensiones al IPC de la reforma de José Luis Escrivá en un escenario de presiones inflacionarias.
En concreto, Bruselas calcula que la inflación media se sitúe en España en 2022 en el 6,3%, dos décimas por encima de lo que proyecta el Gobierno español. Esto significa que el gasto extra en pensiones será de algo más de 11.000 millones en 2023, si se tiene en cuenta el cálculo del Banco de España de que cada punto de inflación supone 1.800 millones. El impacto del IPC de 2022 se pagará en 2023, según prevé la reforma que ha entrado en vigor en enero.
Con unas cifras parecidas a las que prevé la Comisión, un 6% de inflación media en 2022, Fedea ha advertido de que el gasto en pensiones ronda ya los 190.000 millones, más del 14% del PIB. Fedea estima que cada punto extra supone 1.700 millones. Y se sumará a la abultada factura extra que se está pagando en 2022, en la que se incluye la última paguilla, la paga compensatoria por la desviación de precios de 2021. Con un IPC del 2,5%, un cálculo conservador sitúa la factura extra en 2022 en más de 6.000 millones de euros. Este gasto consolida y tendrá un efecto adicional en 2023.
La inflación media empezará a caer en la segunda mitad del año, según las previsiones de la Comisión, que la sitúan ya en el 1,8% en 2023, aunque la inflación subyacente se mantendrá elevada, en un 3,9% en 2022 y un 2,7% en 2023.
El Gobierno mantiene inamovible su plan de que los pensionistas no asuman parte del sobrecoste por la espiral de la inflación. Ni siquiera las pensiones más altas ni de forma transitoria. A su juicio, esto debe repartirse entre trabajadores, empresas y funcionarios. Sobre el sueldo de los funcionarios, a quienes ya ha sacado de la revalorización con el IPC este año, con un incremento del 2%, se ha mantenido en esta senda y no prevé alzas por encima del 2% en un futuro próximo.
Pacto de no agresión
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, preguntado en rueda de prensa por la advertencia que realiza el informe a España por el gasto en pensiones, no ha hecho comentarios y se ha remitido al momento en que la Comisión Europea evalúe el segundo tramo de inversiones y reformas del Plan de Recuperación, cuyas dos reformas estrella son la laboral y la de las pensiones. España acaba de realizar la petición del pago por este tramo, el más voluminoso, dotado con 12.000 millones. Lo pidió el 29 de abril y Bruselas tiene dos meses para analizarlo.
Se esperaba que la Comisión realizara una advertencia a España en las Recomendaciones del Semestre Europeo, según ha avanzado Vozpópuli, pero fuentes conocedoras trasladan que hay un pacto de no agresión en el contexto de la guerra de Ucrania por el que se entiende que el Gobierno ha pedido los 12.000 millones porque ya tiene pactado que los recibirá, pero que a cambio realizará reformas para compensar el gasto en pensiones, cuando prepara una adenda al plan. Habrá otro tramo con reformas de las pensiones, el cuarto, ha añadido Gentiloni.
