La Comisión Europea asume de momento que el Gobierno no va a hacer ajustes en su reforma de las pensiones. Bruselas ha avalado el segundo tramo del Plan de Recuperación, por lo que en las próximas semanas desembolsará 12.000 millones, el pago más voluminoso. Esto significa que ha dado el visto bueno a los hitos y reformas que el Gobierno se comprometió a tener aprobadas el pasado 31 de diciembre. Pero no lo ha hecho en el caso de la más polémica: el mecanismo por el que el Gobierno pretende garantizar la sostenibilidad de la indexación de las pensiones con el IPC.
Es decir, que no lo ha analizado todavía a pesar de que el Ejecutivo español ya lo ha aprobado y está en vigor. El motivo: que el compromiso era que se aprobará un año más tarde, el 31 de diciembre de 2022.
Esta estrategia de hechos consumados del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es asumida por la Comisión Europea, según se venía observando desde la presentación del Semestre Europeo y el Paquete de primavera el pasado 15 de mayo y se confirma ahora en la validación de los 12.000 millones del segundo tramo, según ha podido constatar Vozpópuli.
De hecho, desde la Comisión se advierte de que la reforma de las pensiones no es sostenible, de que se va a analizar y de que puede haber consecuencias, pero asumen la maniobra de Escrivá.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dijo en mayo que la parte más polémica de la reforma se analizará "el año que viene". Técnicamente será justo dentro de un año, a finales de junio de 2023, cuando, como ahora mismo con el segundo tramo, la Comisión evalúe el cuarto tramo, el que finaliza el 31 de diciembre de 2022. Y cuando la indexación con el IPC lleve año y medio en vigor, ya se haya producido la primera indexación, que puede suponer cerca de 14.000 millones adicionales de gasto, y cuando el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pretende hacerla sostenible y que Bruselas ve insuficiente, esté vigente desde seis antes.
Quizás conscientes de estos factores, desde la Comisión Europea se ha planteado que la reforma se analizará a finales de año, este diciembre, fecha más cercana, pero el calendario oficial establece que será a finales de junio de 2023. Es decir, a cuatro meses de la convocatoria de las elecciones generales si se sigue el calendario que ahora plantea Sánchez.
Será entonces cuando se analice el citado MEI, una subida de cotizaciones sociales de 0,6 puntos acordada con los sindicatos a espaldas de CEOE sobre la que además de la Comisión, cuestionan que haga sostenible la reforma la OCDE, el FMI, el Banco de España, BBVA Research, Fedea y Standard & Poor's. Pero no sólo. La Comisión advierte de que el resto de reformas del sistema de pensiones que se cierran ahora mismo y en diciembre cuentan en la foto completa
En concreto, desde la Comisión han aludido a la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales, que debe estar aprobada antes del 30 de junio. Escrivá ha ido rebajando sus efectos recaudatorios en un intento de acordarla con los autónomos.
A lo que se añaden las reformas para aumentar el cómputo del cálculo de las pensiones y la que va a elevar las bases máximas de cotización, que deben empezar a negociarse ahora y cerrarse el 31 de diciembre.
Otoño caliente
Todo esto, en un escenario en el que la estabilidad financiera no se desboque y a la espera de ver cómo evolucionan la guerra en Ucrania, la inflación y el alza de los precios de la energía. Y de cómo reaccione el Banco Central Europeo (BCE) con sus subidas de tipos y de la condicionalidad que exija en el mecanismo que está diseñando para proteger la prima de riesgo de Italia y España.
Es decir, si la situación se complica en otoño como prevén los analistas, Bruselas puede verse obligada a incrementar sus exigencias con la reforma de las pensiones. A principios de noviembre precisamente, la Comisión Europea presentará sus previsiones de otoño, mes que además servirá de referencia para la revalorización de las pensiones. En concreto, el IPC medio anual medido entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior, del 6,5%.
Sin embargo, ahora mismo, la Comisión contempla analizar el conjunto de la reforma de las pensiones y muy especialmente el mecanismo para hacerla sostenible dentro de un año, quizás en aras de preservar su Plan de Recuperación y no poner en riesgo asignaciones de fondos en plena incertidumbre por la guerra en Ucrania.
