El caos en el seno del Gobierno impedirá que las ayudas a la cesta de la compra lleguen a tiempo en Navidad. Las medidas prometidas por el Ejecutivo, que están debatiéndose estos días entre el PSOE y Unidas Podemos, no podrán ser aplicadas en el momento del año en el que más se compra, la campaña navideña.
A pesar de que el paquete de medidas económicas iba a ser aprobado, en un principio, en noviembre, la división entre los socios de Gobierno sobre cuáles serán las elegidas ha supuesto que su entrada en vigor se piense ya a partir de enero. De hecho, según anunció hace unos días el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este tercer paquete de medidas se aprobará el próximo 29 de diciembre, por lo que su publicación en el BOE no se producirá antes del día 30.
El retraso en el acuerdo entre las dos formaciones políticas impedirá así que la repercusión de estas medidas sea visible en la campaña de Navidad, pese a que una parte relevante de ellas, según han adelantado varios ministros del Ejecutivo, irá destinada a abaratar la cesta de la compra en un contexto de subida de precios generalizada De hecho, los hogares españoles se enfrentan a la campaña navideña más cara en 20 años, puesto que todos los productos se han encarecido hasta niveles récord de la serie del INE, que comienza en 2002. La subida de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas multiplican por más de dos la subida del IPC general de noviembre, con un 15% y un 6,8%, respectivamente.
Pese a este fuerte incremento de precios de cara a las próximas semanas, el impacto de las medidas del Gobierno en los supermercados comenzará a notarse como pronto el próximo mes de enero, sin contar con que la aplicación de algunas de ellas pueda -por su dificultad- dilatarse a lo largo de 2023.
La discusión de las ayudas
En esto último, apuntan fuentes del sector de la distribución, será determinante conocer cuáles son finalmente las ayudas aprobadas relacionadas con las grandes cadenas de supermercados. Por el momento, el PSOE rechaza la propuesta de Unidas Podemos sobre gravar con un 33% los beneficios extraordinarios de compañías como Mercadona o El Corte Inglés, lo que a juicio de los morados presionaría a las empresas para bajar los precios, pero sí se inclina por aprobar un cheque de hasta 300 euros que se destine a familias vulnerables y permita aliviar el impacto de la compra de alimentación en sus bolsillos.
No obstante, no son las únicas fórmulas que se están debatiendo. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha abierto también la puerta a proponer una bajada del IVA "selectiva" en algunos productos, como paradójicamente le pidieron en septiembre tanto las grandes patronales de la distribución como el PP. En este caso, y aunque Hacienda se ha mostrado siempre reacia a aprobarlo, la medida consistiría en rebajar este impuesto a productos que actualmente están gravados con el IVA reducido (10%) para hacerlo con el superreducido (4%). En esta lista podrían entrar alimentos como el aceite, el pescado, la carne, las conservas o la pasta seca. Productos como la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las hortalizas o las legumbres ya están gravados al 4%.
Díaz apunta, sin embargo, a la "responsabilidad" de las cadenas de supermercados en el incremento de los precios. Por eso, además de proponer la puesta en marcha de ese impuesto extraordinario, la ministra de Trabajo aboga por crear una especie de código de buenas prácticas al que puedan unirse de forma voluntaria las compañías (como el de la banca con las hipotecas) y que, de alguna forma, penalice a quien no lo cumpla y beneficie a las empresas que sí diseñen una cesta básica de la compra, incluyendo en ella productos "saludables" y cuyo precio se mantenga estable en el tiempo. Esto último es el obstáculo con el que se encuentra la ministra, que ya recibió el mensaje de la CNMC de que un acuerdo de precios entre empresas sería contrario a la ley.
