La Casa Blanca ha calificado la 'tasa Google' aprobada por Pedro Sánchez como una medida nociva dentro de su informe anual de barreras comerciales. Los países que aparecen en ese documento sufren generalmente represalias comerciales por parte de Estados Unidos. España es el único país de la UE con esta tasa.
El impuesto se denomina oficialmente DST (Digital Services Taxe o Tasa de Servicios Digitales en castellano) y grava con un 3% la facturación derivada de la publicidad online, la intermediación o la venta de datos de las empresas de servicios digitales de las empresas que ingresen más de 750 millones de euros a escala global o tres millones de euros en España.
Se trata de una tasa rechazada por la Unión Europea tras la oposición de Irlanda y los países nórdicos. Aunque hubo meses de negociaciones para su implantación, la falta de acuerdo entre los Estados miembros ha acabado por enterrarla de forma indefinida.
La tasa Google aprobada por Sánchez aparece en el informe anual de barreras comerciales elaborado por la Casa Blanca. Tradicionalmente los países que aparecen señalados en el mismo sufren represalias comerciales
"Tenemos relación directa con las asociaciones Americans for Tax Reform y la Tax Foundation. La Oficina Ejecutiva del Presidente, organismo integrado dentro de la Casa Blanca, hace referencia a la tasa aprobada por Sánchez como una medida negativa para el país. España asume muchos riesgos si continúa con ella. Estar dentro del informe de barreras al comercio como el DST como un impuesto anticomercial es una amenaza velada para nuestro país. EEUU castiga con más aranceles a quienes aparecen en el informe", explica Juan Pina, presidente de la Unión de Contribuyentes.
Entre los sectores de actividad amenazados, la Unión de Contribuyentes señala al del zapato, al de la cerámica y al del vino. Estas exportaciones, según esta organización, podrían ver incrementados los impuestos arancelarios para compensar el pago de la tasa Google.
Castigo a Google, Amazon y Apple
El impuesto castiga los ingresos obtenidos por compañías como Google, Amazon, Apple y Facebook, quienes tienen el caladero principal de su negocio en el entorno digital.
"Pedro Sánchez ha ido por su cuenta y Estados Unidos considera la medida como un arancel encubierto, algo nocivo para sus intereses. La política del país es ser recíproco cuando un país establece un impuesto de este tipo. Hay riesgo de guerra comercial. Sectores españoles como el de los zapatos, el vino o la cerámica, con intereses exportadores en Norteamérica, podrían ver incrementado el coste de sus exportaciones al país. Aunque EEUU no amenaza en concreto a España, es perfectamente lógico interpretarlo viendo el informe. Estados Unidos responde en estos casos con medidas equivalentes", reitera Pina.
España ha ejecutado una versión muy dura del impuesto. La UE planteó que lo pagasen las empresas con más de 750 millones de euros de facturación global al año o 50 millones de euros en cada país. España redujo este último punto a tres millones de euros
El documento, al que ha tenido acceso este medio, explica todas aquellas barreras comerciales para el desarrollo de las empresas norteamericanas fuera del país. Se trata de un informe anual considerado por la Unión de Contribuyentes y otros organismos internacionales como una lista de amenazas comerciales sobre las que EEUU toma decisiones.
¿Cuánto recaudará España?
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho cuentas y asegura poder recaudar un total de 1.200 millones de euros al año a través de la 'tasa Google'.
Una valoración mucho más alegre de la publicada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En su caso sitúan la recaudación entre los 546 millones de euros y los 968 millones de euros.
La UE, antes de tumbar la 'tasa Google', estimó una recaudación de 5.000 euros para todo el viejo continente. De cumplirse las expectativas del Gobierno español, el 25% de todo lo que se hubiera recaudado en Europa habría ido a las arcas españolas.
El motivo de esto reside en que España ha ejecutado una versión muy dura del impuesto. En Europa se planteó que lo pagasen las empresas con más de 750 millones de euros de facturación global al año o 50 millones de euros en cada país. España mantuvo el primer punto pero redujo el último a tres millones de euros, por lo que el abanico de empresas digitales que tendrán que abonarlo es mucho mayor.
