El caso Villarejo amenaza la estabilidad del Ibex 35. La imagen de cuatro de las mayores multinacionales españolas -BBVA, Repsol, CaixaBank e Iberdrola- y también su valor en Bolsa, su estrategia corporativa, y la composición de su directiva, están en juego. Los principales bufetes de abogados del país trabajan para estas compañías, tratando de minorar el efecto Villarejo.
Una veintena de ejecutivos, directivos y exaltos cargos de los dos bancos y los dos grupos energéticos están siendo investigados en la Audiencia Nacional, por el juez Manuel García-Castellón, por sus supuestas relaciones con el excomisario.
Del resultado del proceso judicial y de las investigaciones policiales pueden derivarse cambios trascendentales en las cúpulas de los grupos empresariales mencionados, lo que podría afectar a sus estrategias empresariales.
Las compañías emplearán en su defensa el informe del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago sobre Villarejo
También el valor de cada una de estas cuatro grandes compañías en Bolsa -suman un total de 140.000 millones de euros- se resiente cuando surge una noticia vinculada al caso que las afecta. Los inversores, tanto los minoritarios y particulares como los grandes fondos, siguen con atención el desarrollo de las investigaciones.
El caso amenaza también el legado de figuras relevantes de la historia empresarial y financiera española de las tres últimas décadas, como lo son el expresidente de BBVA, Francisco González; el expresidente de Caixa, Isidro Fainé; y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Las cuatro compañías tratarán de dar toda la relevancia del mundo en su defensa al informe elaborado en 2015 por el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a petición del entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
En ese informe, que ha suscitado polémica, como ha publicado Vozpópuli, se sostiene que las actividades privadas desarrolladas por Villarejo eran compatibles con su función como policía, a pesar del millonario patrimonio inmobiliario detectado en manos del excomisario.
"Las cloacas no generan mierda, la limpian", dijo Villarejo a su salida de la cárcel el pasado 3 de marzo
A las compañías se les acusa de un presunto delito de cohecho por haber contratado a un funcionario público para llevar a cabo un trabajo privado. Por esa razón esgrimirán durante el proceso que si la Administración avaló las compatibilidades de Villarejo, no puede haber delito de cohecho.
"No se le puede pedir a un particular que sea más cuidadoso que el propio Ministerio del Interior, que contrató a las empresas de Villarejo", dicen fuentes cercanas a las compañías sobre los presuntos trabajos que el excomisario habría realizado para el Estado.
Del caso Tándem, o caso Villarejo, hasta ahora se han abierto 31 piezas. José Manuel Villarejo ingresó en la cárcel de Estremera (Madrid) en noviembre de 2017, en la que ha permanecido, en prisión provisional, hasta el pasado 3 de marzo.
El juez García Castellón, a petición de la Fiscalía, acordó la puesta en libertad de José Manuel Villarejo ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando se cumple el límite de cuatro años desde que se decretó su prisión preventiva, tras ser detenido en la Operación Tándem. "Las cloacas no generan mierda, la limpian", dijo Villarejo a su salida de la cárcel.
BBVA
El segundo mayor banco español es, hasta ahora, la única entidad investigada como persona jurídica en la causa seguida contra el excomisiario, de las cuatro grandes compañías españolas cotizadas.
Por el número de directivos implicados de la entidad, la situación de Francisco González, y la cantidad acreditada de dinero que el banco pagó a Villarejo, la posición de BBVA en el caso es la más complicada de todas las compañías afectadas.
Según las pesquisas del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el excomisario pactó con el banco percibir una comisión por ayudar a recuperar el dinero de morosos, o por paralizar el asalto al banco de Luis del Rivero (expresidente de Sacyr), entre otros servicios. Cenyt, la empresa de Villarejo, cobró 10,28 millones de euros de BBVA.
La investigación sobre BBVA cubre un periodo de tiempo en el que Goirigolzarri y Torres eran consejeros delegados
En el auto de febrero de 2020 en el que el juez Manuel García Castellón acordaba levantar el secreto de las actuaciones, se explicaba que la relación entre Villarejo y BBVA "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones (...)".
La investigación sobre BBVA cubre un periodo de tiempo que va desde el año 2004, cuando el actual presidente de la nueva CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, era consejero delegado, hasta diciembre de 2017, cuando finalizó la relación contractual entre el banco y Cenyt, siendo entonces consejero delegado de BBVA su actual presidente, Carlos Torres.
Francisco González, presidente de BBVA entre los años 2000 y 2018, fue imputado en el caso Villarejo en noviembre de 2019. Un año antes adelantó su jubilación ante el daño reputacional que se avecinaba, con 80 millones de euros de pensión.
El perfil de excomisario reconvertido en jefe de seguridad de una empresa privada se repite en el caso Villarejo
Otros trece directivos y exaltos cargos del grupo han sido también imputados. Entre ellos Ángel Cano, exconsejero delegado del banco. También se encuentran investigados Juan Asúa, asesor de Presidencia; Javier Malagón, responsable de control y datos; Inés Díaz Ochagavía, directora de seguridad corporativa; Nazario Campo, jefe de equipo de Seguridad; Ricardo Gómez Barredo, consejero de BBVA Garanti; e Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial.
Otros dos altos exejecutivos del banco investigados en el caso son Antonio Béjar, exjefe inmobiliario de la entidad, y Julio Corrochano, exjefe de seguridad. El perfil de este último, excomisario y al frente de la seguridad de la compañía, se repite en otras piezas del caso Villarejo, en el que se investigan a varios expolicías que pasaron a encargarse de la seguridad de empresas privadas.
Iberdrola
A finales del mes de octubre de 2019 el juez Manuel García Castellón abrió una pieza separada en el caso Villarejo para investigar los trabajos que el excomisario había realizado para el grupo Iberdrola.
Unas semanas después el magistrado imputó a Antonio Asenjo, quien poco antes había sido cesado como responsable de seguridad de la compañía energética, con una indemnización de 1,6 millones de euros.
Figuran como imputados en la actualidad el exnúmero dos de Iberdrola, José Luis San Pedro; el director de Administración y Control, Juan Carlos Rebollo; y el director del departamento de Administración, Pablo Insunza.
Del Olmo, excontroller de Iberdrola, ha acabado siendo imputado en el caso tras presentar un documento notarial
También se encuentra imputado José Antonio del Olmo, excontroller de la eléctrica, quien, como ha publicado este diario, ha sido uno de los principales testigos en el caso Villarejo que afecta a Iberdrola.
El exdirectivo de la compañía asegura que en diciembre 2004 depositó en una notaría (del exdiputado del PP Luis Ramallo) un documento bajo el título 'Contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa'.
Ese informe apuntaría a una trama de facturas falsas creada para maquillar los pagos de Iberdrola a Cenyt, una de las sociedades de José Manuel Villarejo empleadas aparentemente en espionajes irregulares y chantajes a empresarios.
El juez García Castellón, tras solicitarlo la Fiscalía, imputó a Del Olmo el pasado 23 de noviembre, para aclarar la procedencia de dicho documento.
Repsol
El pasado mes de noviembre el juez García Castellón imputó al exjefe de seguridad de Repsol, Rafael Araujo, comisario jubilado, y al ex subdirector de Seguridad del grupo, Rafael Girona Hernández.
El juez investiga si Repsol y Caixa contrataron a Villarejo para entorpecer a Sacyr y a la mexicana Pemex
El magistrado investiga si Repsol, conjuntamente con La Caixa, contrató los servicios de Cenyt para evitar que Sacyr se hiciera con el control del consejo de administración de la petrolera española en alianza con la mexicana Pemex, entre 2011 y 2012. La policía ha rastreado siete abonos de las empresas de Villarejo con cargo a Repsol y a Caixabank que ascendían a 413.600 euros.
Araujo declaró ante el juez en diciembre, y aseguró que no hubo irregularidades en la contratación, y que se recurrió al excomisario creyendo que este estaba en situación de excedencia de la Policía Nacional.
En abril, García Castellón acordó la imputación del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y también la de Isidro Fainé. Además fueron declarados como investigados Luis Suárez de Lezo, secretario general y del consejo de administración de Repsol; Juan de Amunátegui, ex director corporativo de servicios patrimoniales; y Joaquín Uris, ex director corporativo de gestión patrimonial de la multinacional española.
CaixaBank
El ex jefe de Seguridad de CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño -también excomisario- fue imputado en el caso Villarejo el pasado mes de noviembre, junto con el jefe de seguridad de Repsol, por la contratación de Cenyt por parte de ambas compañías.
Fernández Rancaño declaró ante el juez en diciembre, y admitió que había despachado con Fainé sobre la contratación de Cenyt, pero señaló que esta se hizo a instancias de Repsol, y que en ningún momento supo que Villarejo seguía siendo policía en activo cuando fue contratado.
El juez imputó a Isidro Fainé en el caso Villarejo el mismo día que anunció la imputación del presidente de Repsol, Antonio Brufau, el pasado día 15 de abril. García Castellón también acordó tomar declaración en calidad de investigado por un posible delito de cohecho activo a Antonio Massanell, exdirector general de medios de CaixaBank.
