La Comunidad de Madrid, gobernada por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, "luchará con todas las herramientas jurídicas legales en caso de que haya una imposición" en materia de control de precios del alquiler, según avanzan a Vozpópuli fuentes del Gobierno regional. Las mismas fuentes precisan que el asunto se elevaría al Tribunal Constitucional.
El pacto de investidura del nuevo Ejecutivo central de coalición entre PSOE y Unidas Podemos establece que desde Moncloa se "impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado" y apunta así a habilitar "a las Comunidades Autónomas y/o Ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica".
El proyecto de regulación del pacto de investidura se esfumaría en las comunidades y ayuntamientos con mandatarios ideológicamente contrarios a regular
De lo anterior se desprende que el nuevo Gobierno central no obligaría a las comunidades y ayuntamientos a controlar los precios sino que solo les facultaría para hacerlo. Fuentes jurídicas consultadas por este medio inciden en la importancia de ese matiz ya que, de ser esa la apuesta de Moncloa, el proyecto de regulación se esfumaría en las comunidades con mandatarios ideológicamente contrarios a regular.
"Si la opción finalmente adoptada es la de habilitar a las CC.AA. (y Ayuntamientos) para imponer, según su criterio, dichas limitaciones, ciertamente el efecto práctico sería nulo para aquellos arrendamientos ubicados en territorios gobernados por partidos contrarios o no alineados con el actual Gobierno", señala por ejemplo Jacobo Sánchez-Andrade, Counsel del área de derecho inmobiliario del despacho de abogados Bird & Bird.
De una forma u otra - a iniciativa estatal unilateral o delegada -, de acuerdo a este experto, "aun así habría cauces para recurrir ante el Tribunal Constitucional esa medida, ya sea por motivos de forma (si dicho Gobierno aprobara un nuevo Decreto Ley urgente, sería recurrible la utilización de un mecanismo de urgencia y extraordinaria necesidad que no concurre en la materia que se regula), o de fondo (por el evidente choque con artículos de la Constitución Española que reconocen el derecho a disponer libremente de la propiedad privada)".
'Paraguas liberal' en Madrid
Así las cosas, desde los actuales gobiernos de la principal comunidad del Estado y del ayuntamiento de la capital del país (la zona junto a Cataluña más afectada de España por el problema del alquiler y su peso en la renta, con subidas de precio del 60% desde 2013), insisten en que no impulsarán ningún tipo de intervención en los precios del alquiler de vivienda.
"Como las competencias de Vivienda corresponden a las CC.AA., ya adelanto que Madrid no secundará aquellas propuestas que impliquen subidas de impuestos, intromisión en la esfera individual o intervencionismo en los precios o en la propiedad privada, nosotros seguiremos apostando por bajar impuestos, favorecer la oferta, flexibilizar la disposición de suelo (que representa más del 30% de la vivienda), fomentando la colaboración público-privada, aumentando la seguridad jurídica para el alquiler, poniendo en marcha 25.000 viviendas de alquiler a mitad del precio de mercado y consolidando el mayor grado de vivienda protegida de España, con un parque de 23.000 viviendas", esgrime el consejero de Vivienda y Administración Local de la CAM, David Pérez.
"La Comunidad de Madrid ofrecerá toda la resistencia en el ámbito de sus competencias"
"Si se opta por medidas como poner tope a los alquileres, debemos decir que éstas ya han fracasado en ciudades como París y Berlín, provocando una contracción de la oferta, entre otras cosas, por no hablar de la invasión de competencias, que en materia de vivienda es plena de las CC.AA.", añade. "La Comunidad de Madrid ofrecerá toda la resistencia en el ámbito de sus competencias frente a cualquier política de vivienda intervencionista populista demagógica o coercitiva que se intente imponer desde el Gobierno central".
Paralelamente, desde el ayuntamiento de Madrid (también PP-Cs) evitan pronunciarse sobre posibles medidas legales. "Es un futurible. Ya se verá qué hace el Gobierno", inciden fuentes municipales. "Desde un gobierno abiertamente liberal, en ningún caso vamos a apostar por la regulación de precios por ser justo una medida coercitiva que desincentiva el mercado, introduciéndolo además en el mercado negro, como ya se ha visto en países nórdicos", afirman igualmente, en línea similar a la Comunidad y a los planteamientos de agentes del sector como las promotoras, los fondos, y las consultoras, (que dan cuenta de un déficit de ayudas a jóvenes, VPOs y viviendas 'build to rent', y de un "impacto negativo" en el sector del posible control de precios), y de entidades vinculadas tanto a propietarios particulares como institucionales de vivienda como la Agencia Negociadora del Alquiler o la empresa Alquiler Seguro, que esta semana ha denunciado un repunte de las subidas de precios -en algunos casos ya decididamente inalcanzables para la demanda- en el pasado mes de diciembre por una incipiente retirada del mercado de viviendas ante los vientos regulatorios.
