La baja ejecución en los fondos europeos no es sólo culpa del retraso que acumulan Gobierno y comunidades autónomas en el reparto del dinero. También hay otros factores que están impidiendo a las empresas acceder al dinero europeo, como la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto de los proyectos o los ajustados plazos para presentarse a las convocatorias, según informan fuentes empresariales a Vozpópuli.
Respecto a la primera de las barreras que afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las fuentes consultadas por este medio sitúan la media en una cofinanciación del 30% público y 70% privado, aunque hay distintas horquillas. En algunos casos, esto está provocando que los proyectos financiados con fondos europeos queden total o parcialmente sin cubrir.
"El nivel de cofinanciación que se pide a los beneficiarios de las ayudas deriva del cumplimiento de la normativa UE en materia de ayudas de Estado", explica Cristina Carcelén, senior advisor de Sector Público de EY. "Esto no es algo exclusivo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sino que sucede también en otros fondos comunitarios", advierte. De hecho, apunta, "en el marco del MRR, el Ministerio de Transportes ha tratado en todo momento de exigir el menor nivel de cofinanciación a aportar por los beneficiarios, de entre los márgenes permitidos por la normativa comunitaria. Dicho esfuerzo trata de atraer el interés de los operadores privados en participar en los proyectos".
Es el caso de los 460 millones en subvenciones al transporte sostenible y digital, que el Gobierno lanzará a lo largo de este primer trimestre y que financiará entre el 30% y el 50% de las actuaciones que lleven a cabo las empresas. Otro ejemplo son ayudas a la rehabilitación residencial y vivienda social, una de las inversiones 'insignia' del Gobierno y en las que la intensidad máxima ronda entre el 40% y el 50%.
En este último caso, según las últimas cifras de ejecución presupuestaria de la IGAE, en 2021 sólo se habrían ejecutado 965 millones de 1.550 millones de euros presupuestados, es decir, el 62% del total. Sin embargo, fuentes empresariales aseguran que si de cara a las siguientes convocatorias se incrementase el porcentaje de cofinanciación, el grado de ejecución real sería sensiblemente superior.
Los plazos, otra barrera para las pymes
Otra de las problemáticas a la que se enfrentan las pymes con los fondos europeos son los cortos plazos con los que las administraciones públicas están sacando las convocatorias, impidiendo también que se ejecute todo el dinero. Por ejemplo, las ayudas a la Industria Conectada 4.0, dotadas por 95 millones de euros, se lanzaron en agosto de 2021 con sólo ocho días de plazo para presentar las solicitudes, lo que provocó que únicamente se presentaran proyectos por valor de 9,9 millones, el 10% del total.
Algo similar ocurrió con Reindus, un programa también del Ministerio de Industria que ya se había lanzado en años anteriores y que se extendió al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En 2019, se concedió 40 días de plazo a los solicitantes y se cerró la convocatoria con un 97% del presupuesto ejecutado. En 2020, el plazo se redujo a más de la mitad (13 días) y el nivel de ejecución se limitó a apenas el 13%.
Otro ejemplo en esta línea sería el programa de ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para 2021, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que concedió sólo 20 días hábiles para la presentación de propuestas. Según el informe del IGAE, de los 400.000 euros presupuestados, sólo se repartieron 122.224,6 euros (apenas un 30%).
Baja ejecución de los fondos europeos
El propio Ministerio de Asuntos Económicos, capitaneado por Nadia Calviño, ha reconocido que en 2021 el Estado desembolsó menos de la mitad (11.247 millones) de los fondos europeos previstos (24.198 millones) a las comunidades autónomas o a los organismos públicos encargados de lanzar las convocatorias, ejecutar las partidas y transferir el dinero a los diferentes agentes económicos.
Lo que no aporta el Gobierno son los datos desglosados por Ministerios, lo que permitiría entrar a valorar quién ha hecho sus 'deberes' y quién no, aunque según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), hasta el 30 de noviembre cinco ministerios ejecutaron menos del 1% de los fondos europeos presupuestados en 2021. Estos son Exteriores, Defensa, Interior, Política Territorial y Seguridad Social.
En cualquier caso, los organismos independientes y servicios de estudios están reclamando más transparencia sobre el gasto efectivo que se ha hecho de este dinero, es decir, el dinero que ha llegado realmente a la economía. En este sentido, hay un baile de cifras en función de la fuente de información, que en cualquier caso oscila entre los 1.000 y los 3.000 millones. Sin que el Gobierno vaya a actualizar los datos de ejecución real en contabilidad nacional, de sólo 104 millones, que dio la IGAE de agosto hasta finales de abril, según ha trasladado Hacienda.
Además, los expertos advierten que la mitad de los 26.900 millones de fondos europeos presupuestados para 2022 volverán a quedarse sin gastar este año, pues el Gobierno deberá hacer uso de parte de los remanentes que se arrastra de 2021 y que superan los 12.000 millones de euros, tal y como ha publicado Vozpópuli.
