Publicado: 02/09/2024 04:45
Actualizado: 02/09/2024 17:02
El cupo pactado entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa supone que Cataluña se quedará inicialmente con 30.000 millones de impuestos que ahora están en la caja común pero no asumirá el gasto en las pensiones, en las que acumula un déficit de 5.000 millones, y tampoco con el servicio de deuda del Estado. ERC sí quiere depender del Estado para el pago de las pensiones, otro aspecto más que comparte con el cupo vasco.
Según la Liquidación del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente al Ejercicio 2022, Cataluña aporta 1.301,85 millones al Fondo de Garantía. A esto se añade que la Agencia Tributaria (AEAT) recauda en Cataluña cerca de 50.000 millones en impuestos estatales. En el caso del IRPF y del IVA, las CCAA se llevan el 50% de lo recaudado allí; de los Impuestos Especiales, el 58%.
Si contamos con que Cataluña pasaría a ingresar el total de estos impuestos, junto con el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, más otros impuestos medioambientales, y la tasas Google y Tobin, entre otros que no están cedidos, se obtiene que el Estado y las comunidades perderían cerca de 30.000 millones al año, cantidad que contiene lo que aporta al Fondo de Garantía.
Esto supondría, como ha informado Vozpópuli, dinamitar el sistema y obligar a Madrid (ya alguna más, como Baleares y Aragón), a sostener a las demás, lo que los expertos creen que sería imposible de asumir.
Miguel Ángel García, investigador de Fedea y miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura, advierte de que estos 30.000 millones en 2023 serán superiores por los incrementos en la recaudación que se vienen produciendo.
El pacto estipula que la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la "aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña [es decir, como el cupo] y la aportación a la solidaridad". Dos conceptos que no se detallan y, más adelante, se incluye en el apartado "transitoriedad" la citada aportación de solidaridad. ERC ya advirtió cuando presentó su modelo de que así sería, que la supuesta solidaridad sólo se producirá al principio. El texto también prevé más fórmulas para engrosar las arcas catalanas en forma de "consorcio para inversiones" y atribuciones de "IVA de pymes" y de "arrendamientos turísticos".
Pensiones e intereses de la deuda
Sobre los 20.000 millones de déficit fiscal que ERC alega, Miguel Ángel García recuerda que no se cuentan los 35.000 millones en intereses de la deuda que paga el Estado, de los que corresponderían a Cataluña unos 6.000 por su peso en el PIB del 19%.
Esta partida debería incluirse en el cupo vasco, así como los gastos impropios de la Seguridad Social que se van asumiendo, pero no se hace.
En el cupo vasco que ERC quiere replicar, se incluye el gasto del Estado en la comunidad, un concepto que afecta a otras porque muchas infraestructuras son compartidas, y las transferencias del Estado en concepto de nivelación, personales, esto es, de la Seguridad Social, y territoriales del sistema de financiación. De esta última parte el País Vasco sólo aporta 44,8 millones en el Fondo de Compensación Interterritorial, el 6,4% de 700 millones.
La opacidad en el cálculo del Cupo dificulta conocer los detalles. Lo que está claro es que Moncloa y Ajuria Enea han negociado un Cupo de 1.467 millones en 2022, prácticamente el mismo que el del último quinquenio, fijado en 2017. Se ha producido desde entonces un cambio de trascendencia: las pensiones ya no sólo se financian con cotizaciones a la Seguridad Social y el Estado ha asumido 38.284 millones de gastos impropios de la Seguridad Social vía impuestos.
Esto supondría unos 2.300 millones que debería asumir el País Vasco, por el 6,24% del PIB del Estado que aporta, y que fuentes conocedoras ratifican además que no se ha incluido.
El 'derecho' de los pensionistas catalanes
En la tribuna Expolio fiscal y pensiones, publicada en El Mundo el 23 de septiembre de 2015, Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, exdiputado de Ciudadanos y autor del libro Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House), mostraba los planes de la Generalitat de entonces sobre las pensiones, que explican la posición de ahora.
De la Torre aludía al déficit de las pensiones catalanas, de unos 5.500 millones, que sumaba al de la propia Generalitat superior a 5.000 millones en 2014. "Con estos datos, muchos nos creímos que, en caso de independencia, la Generalitat no tendría precisamente superávit, sino déficit . Esto significaba que las cuentas no salían, y que las pensiones de los catalanes no estaban garantizadas en caso de separación; aunque pensábamos que los dirigentes separatistas pretendían pagarlas. Evidentemente, nos equivocábamos. Hace unos días, Andreu Mas-Colell, conseller de Economía de la Generalitat señalaba que: "los catalanes que han cotizado "durante décadas" tienen "derecho" a cobrar las pensiones, ya que se trata de un "contrato individual" entre ellos y España, una "obligación legal" que se podría reclamar ante los tribunales internacionales. Obviamente, así si le salen las cuentas a la Generalitat: se recaudan para Cataluña 14.500 millones en cotizaciones sociales y se deja que los pensionistas cobren de una Seguridad Social española a la que se priva de una parte importante de sus ingresos".
Respecto a si esto podría quebrar la Seguridad Social, Mas-Colell decía: "No hay que engañarse, ningún estado ha dejado de pagar las pensiones en la Europa contemporánea".
De la Torre advertía de que "no es lo mismo no ser capaz de garantizar las pensiones que pretender financiar con las pensiones de los jubilados la burocracia del nuevo Estado".
En "Las cuentas del 'cupo catalán' no salen", publicada en El Español el 17 de agosto, este inspector de Hacienda apunta que el sistema que se ha pactado "es mucho menos solidario que el vigente" y advierte de que "si el déficit de las pensiones, además de los impuestos que se destinan a pagarlas, sólo corriera a cargo de una parte de los contribuyentes, habría un problema muy serio de sostenibilidad. Y, por supuesto, no es lo mismo, que esto pase con contribuyentes que suponen el 7% del PIB español (País Vasco y Navarra), que si le añadimos un 20% adicional (Cataluña)".
Peores servicios en algunas comunidades
El modelo de financiación autonómica aprobado en 2009 incluye dos fondos de nivelación vertical, el Fondo de Suficiencia Global y los llamados Fondos de Convergencia Autonómica, y un fondo de nivelación horizontal, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que redistribuye recursos entre las Comunidades de régimen común.
Madrid, Cataluña y Baleares son las aportadoras netas al Fondo de Garantía por ser las que tienen más PIB, pero el peso lo llevan especialmente Madrid y Cataluña, por este orden.
La no participación de Cataluña en el FGSPF supondría una disminución del 16,14% de los recursos destinados a la solidaridad interterritorial, según cálculos de Santiago Álvarez, Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español en la Universidad de Oviedo. En términos absolutos si se tiene en cuenta sólo este fondo, las Comunidades más perjudicadas serían Andalucía, con una pérdida de 343 millones de euros, la Comunidad de Madrid, que tendría que aportar otros 270 millones de euros adicionales, y la Comunidad Valenciana, que dejaría de ingresar 203 millones de euros.
En términos relativos, la Comunidad más perjudicada sería Cantabria, con una pérdida del 36% de los recursos que recibe del Fondo, seguida de Aragón, que perdería el 26,2%.
"Por desgracia este sería solamente un primer efecto, inmediato y directo, de la aprobación de un sistema en la que la solidaridad interterritorial quedaría desterrada, o al menos se vería fuertemente limitada, y con ella el derecho de los españoles a recibir los mismos servicios básicos con el mismo esfuerzo fiscal con independencia del territorio en que residen", advierte Santiago Álvarez.
A esto se añade el concepto "aberrante" de ordinalidad que establece el pacto, que ha denunciado Francisco de la Torre este sábado en "Confusiones del concierto fiscal para Cataluña y sus consecuencias" en El Economista y que dinamita toda solidaridad y una mínima lógica para que el sistema funcione y sea sostenible: Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben, estipula el acuerdo, por lo que deberán ser compensados si en 2025 no está ya vigente.
Un sistema así acabaría también con la Unión Europea y con el sentido en el reparto de fondos del Plan de Recuperación. Las mayores economías y menos afectadas por la covid recibirían más; las que más lo necesitan, menos.
"Entre Madrid y Cataluña son más del 30% de la población española. Si estas dos CCAA deben recibir más dinero que las demás por habitante, porque son más ricas que las demás, si excluimos a País Vasco y Navarra, simplemente no quedan recursos para que las demás financien sus servicios públicos sin recortes ni subidas sustanciales de impuestos", advierte De la Torre.
Sólo Mariano Bacigalupo explica el cupo
Nadie en el Gobierno ni en el PSOE ha explicado todavía el cupo acordado con ERC. Sólo lo ha hecho en redes sociales Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV y marido de Teresa Ribera, que a título personal no ha dudado en entrar en un debate en LinkedIn con fiscalistas e inspectores de Hacienda en el que hila muy fino para intentar justificar el acuerdo. No les convence pero sí analiza el acuerdo y da argumentos.
El Gobierno aseguró el 30 de de julio que daría explicaciones cuando las juventudes de Esquerra avalaran el acuerdo pero no ha sido así. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha conseguido librarse de comparecer en el Congreso con este fin pero no del Senado, donde está llamada a hacerlo el próximo miércoles, mientras se suceden las críticas en las federaciones territoriales del PSOE, la última, la de Aragón, que ha votado unánimemente en contra del pacto.
Montero ha estado desaparecida desde que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPF) del 15 de julio asegurara que no iba a haber cupo y mostrara su desaprobación a esta fórmula. Sólo reapareció en Barcelona el 10 de agosto para la investidura de Illa y el pasado 21 de agosto en Rota.
En un acto controlado en este consistorio gaditano que gobierna el PSOE, aseguró que el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña "ni es un concierto económico ni una reforma al uso del modelo de financiación", lo que provocó un comunicado amenazante de ERC y llevó al Gobierno a salir en tromba a asegurar que se va a cumplir lo pactado. Este sábado Montero ha insistido en este mensaje en Sevilla.
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Entre cupo o independencia prefiero lo segundo, yo no tenía edad para votar la Constitución, pero ahora no la votaría. Si eres un país, lo eres sabiendo que la redistribución razonable de la riqueza por territorios y por personas es un principio básico. Si no, pues tienes en común que perteneces a un ente paripé como es Europa y punto final, pero español no eres.
El pacto es intolerable pero la culpa no la tiene ERC si no el PSOE que se lo concede, son capaces de vender España, de descomponer la convivencia entre españoles, de quebrar el estado y de contarnos milongas que son insultos a la inteligencia humana, todo con tal de apoltronarse en el poder para enriquecerse con la corrupción más abyecta que hemos conocido hasta la fecha.
Escrito el 30 de mayo de 2005 en el blog "quenoyqueno":
Lo reconozco: estoy asustado. El ministro Jesús Caldera acaba de asegurar, y digo asegurar, que no se romperá la caja única de la Seguridad Social. Ese tipo de afirmaciones rotundas en boca de políticos españoles ha sido siempre premonición de lo contrario. En este sentido, nada ha cambiado de la Dictadura a estos tiempos democráticos. ¿Recuerdan hace años cuando el gobierno aseguraba que no iba a subir la gasolina? Pues al poco tiempo e inexorablemente los carburantes subían. Nuestros gobernantes, del signo que sean, son así.
Los que como el que esto escribe estamos a la puerta de la jubilación deberíamos estar algo más que preocupados. Porque, ¿quién es un ministro para garantizar que no se romperá la caja única de la Seguridad Social, cuando ya los vascos y catalanes lo tienen en sus planes?
Y lo más triste de todo es que los millones de pensionistas no quieren darse cuenta de lo que les viene encima si algún día la caja única, la despensa de las pensiones, se divide en compartimentos y se llega a la situación de que cada comunidad o nación o nacionalidad tenga que hacer frente a tamaños gastos. ¡Qué Dios nos ampare! Piensen, piensen...
Socialismo casposo y su despótico líder, con apego al social-supremacismo, que le permite seguir descosiendo el Estado español para permanecer unos meses más volando en Falcon.
Un despropósito general. Las comunidades del PP deben de negarse rotundamente a esto y solicitar la revisión del cupo vasco para actualizarlo a la realidad y que paguen esas partes por las que no pagan.
si esta chapuza sale adelante no es solo problema del gobierno...tambien lo es de sus votantes
Todos los trabajadores y empresas catalanas, han pagado por obligación al sistema de pensiones nacional, un tema seria, que se contabilizara todo lo aportado por trabajadores y empresas al sistema público de pensiones y se devolviera a catalunya, veríamos el gran roto al sistema. Y que cada claro, Mandril ha vivido, vive siempre a costa del resto, un ejemplo Endesa tiene los clientes y centros productivos en Andalucia y Catalunya, pero Mandril recuada todos los impuestos, otra Madrid exporta 50 mil millones, buena parte efecto sede e importa 98 mil millones ( datos del ICEX de diciembre de 2023) Catalunya exporta por valor de 101 millones e importa por 115 mil. que compensa la balanza comercial con ingresos por turismo, es decir la balanza comercial negativa es de unos 15 mil millones, es decr, el centro recauda miles de millones por actividades de empresas que no tienen ni clientes, me hace gracias boicot a los productos catalanes, es dificil hacer boicot a los productos de mandril, pues apenas hay
Si Manuel Chávez, el de los ERES, ha dicho que el cupo catalán es bueno para Andalucía porqué voy a dudar yo...
Si quieres que yo te quiera
ha de ser con condición
que lo tuyo sea mío
y lo mío tuyo non
Siempre la misma canción.
Ya nos gustaría a los catalanes demócratas que la noticia se ajustara a la realidad. Los 30.000 millones que aluden en la información, que se embolsará Cataluña es para los independentistas y todos sus garitos y mordidas, Los otros, la Cataluña democrática, seguirá sufriendo las consecuencias de estos delincuentes políticos que disfrazan todo lo que haya que disfrazar para seguir montados en la mordida.
No olvidemos que amnistiados o no, tenemos gobernado a delincuentes, en Cataluña capaces de prostituir a sus madres antes que perder la mordida, y que cogidos uno por uno ninguno y examinados ninguno es trigo limpio y menos que en democracia se lo puede recuperar.
No es normal lo que no democrática correcto y con el felón Pedro Sánchez en la Moncloa, no sabemos si no lo saltamos de la forma que sea, lo que aún nos queda por ver.
Como el pais vasco.
Federalismo asimetrico, choriceo asimetrico, concierto, o cuponazo.
Este estado es una estafa:
Los pobres trabajan para pagar a los ricos
Estado fallido
Hay productos en el comercio que vienen etiquetados o con instrucciones también en catalán, podríamos empezar por evitar comprarlos, se fabriquen donde sea.
Quieren quitar el español de sus comercios, quitemos nosotros el catalán de los nuestros.