El gobierno de Nueva Zelanda, que preside la laborista Jacinda Ardern, ha aprobado el mes pasado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado destinados principalmente a mejorar el bienestar social, con medidas para asegurar la salud mental y el bienestar infantil, al tiempo que se fomenta la productividad y la transformación hacia un modelo de crecimiento sostenible.
A pesar de haber sido presentados en el país como los presupuestos más sociales y de haber sido bautizados como "los Presupuestos del Bienestar", Nueva Zelanda sólo destinará un 29,1% del PIB a gasto público, mientras que en España esa partida asciende al 41% en la actualidad, con los presupuestos prorrogados del Gobierno de Mariano Rajoy, debido a que el sistema público de pensiones se lleva muchos recursos. Ese 29% supone un desembolso anual 3.350 millones de euros, lo que implica que al término de la legislatura el Gobierno de Ardern habrá destinado 13.400 millones de dólares a fines sociales.
Dentro de esta partida destinarán 1.358 millones a proteger la salud mental, un objetivo que llama la atención pero que en realidad incluye medidas habituales como la lucha contra las drogas y el alcohol (un programa dotado con 50 millones de euros, frente a los 15 millones de euros que se destinan a nuestro Plan Nacional sobre Drogas.
También se incluye en este apartado el programa para promover la vivienda social en Nueva Zelanda, que teniendo una población que es una décima parte que la española (4,8 millones de personas frente a 46,7 millones) dedica la mitad de los recursos españoles a fomentar la vivienda: 305 millones de euros frente a los 679 millones de euros que se dedican a este fin en España.
Otros objetivos que recibirán una importante inyección de gasto público serán la reducción de la pobreza infantil, la lucha contra las desigualdades que sufren minorías étnicas como los maoríes, la protección contra el cambio climático y el fomento de la productividad.
Se lo pueden permitir
A pesar del incremento del gasto público, Nueva Zelanda -que actualmente tiene un superávit del +0,8% del PIB- seguirá manteniendo un superávit fiscal del +0,4% del PIB en 2019 (unos +2.050 millones de euros), que contrasta con el déficit del -2,5% que padece actualmente la economía española (-30.000 millones de euros). A pesar de su superávit actualmente es solo de 4 décimas, el Gobierno prevé incrementarlo hasta un +2,3% del PIB en el año fiscal 2022/2023.
Su Producto Interior Bruto (PIB) crecerá un 2,4% este año -según las previsiones del Ejecutivo neozelandés- y mejorará su crecimiento en 2020, hasta el 3,0%, apoyado en la inmigración, el mayor gasto público y en una política monetaria acomodaticia, explica el ICEX.
Además, la tasa de paro, que actualmente está en el 4,4% (frente al 14,4% de la española) bajará hasta el 4,1% en 2020 y el 4,0% en 2021, y la inflación se mantendrá contenida en el 1,8% en 2019 y 2,0% en 2020.
La ratio de deuda sobre PIB, que en España alcanza la alarmante cifra del 97% del PIB, se sitúa en el país oceánico en el 19,9% a cierre de 2018 y aumentará hasta el 20,1% en 2019, y el 20,4% y 20,7% en 2020 y 2021, respectivamente. Los años siguientes el Gobierno ya prevé una bajada de este indicador hasta el 19,9% otra vez en 2022 y el 18,7% en 2023 y se compromete a mantenerla por debajo del 20%.
La inmigración y las pensiones, puntos fuertes
Otro punto fuerte de la economía neozelandesa es su capacidad de atraer inmigración, principalmente de China, que engorda su población activa.
"Esta evolución se sostiene fundamentalmente en unas políticas monetarias y fiscales moderadamente expansivas, y en la continuidad en el crecimiento de la población en edad de trabajar, como consecuencia de niveles significativos de inmigración neta. De hecho, la política fiscal ligeramente más expansiva a través de la mayor inversión en infraestructuras y viviendas compensará una previsible reducción de la inversión en vivienda del sector privado, como consecuencia de la reducción gradual de la burbuja inmobiliaria", explica el ICEX.
En Nueva Zelanda también tienen que garantizar su sistema de pensiones, pero apuestan por un esquema público-privado. Este año el Gobierno ha reanudado sus aportaciones a su fondo soberano (New Zealand Superannuation Fund), "cuya función va a ser complementar las pensiones futuras (el núcleo de las mismas se obtiene a través de fondos de pensiones privados, en el marco del sistema Kiwisaver)".
Burbuja inmobiliaria y baja productividad, debilidades
En el lado negativo se encuentra la fuerte dependencia de la economía de Nueva Zelanda de la inversión extranjera, ya que su posición inversora neta internacional se situaba en el -57,0% del PIB a cierre de 2018, un problema que padece también la economía española, con un -77,1% del PIB.
Nueva Zelanda ha experimentado además una fuerte burbuja inmobiliaria, como le ocurrió a España, pero en su caso la burbuja se está desinflando paulatinamente gracias "a la estabilización de la deuda de los hogares, el endurecimiento de requisitos macroprudenciales establecidos a los bancos para la concesión de hipotecas y el endurecimiento de la política monetaria".
"Para evitar una nueva expansión de la burbuja inmobiliaria, el Gobierno ha tomado medidas tanto desde el lado de la oferta (flexibilización de los requisitos para la planificación y construcción de nuevas viviendas; desarrollo de un programa público de apoyo a la construcción de 100.000 viviendas en los próximos 10 años) como del lado de la demanda (prohibición casi absoluta a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, medidas macroprudenciales limitando el peso relativo sobre el valor de la vivienda de los créditos de compra de vivienda para inversión)", ilustra el ICEX.
Otro matiz positivo aquí es que "el sistema financiero neozelandés es estable y logró salir indemne de la crisis financiera mundial. Sus ratios de solvencia son muy robustos, su rentabilidad elevada y se ha reducido su dependencia de la financiación exterior, aunque ésta sigue siendo significativa".
La baja productividad, como ocurre en España, es otro de los problemas de la economía neozelandesa. En su caso se debe a la poca participación en las cadenas de valor globales, la inversión reducida en I+D y su modelo de gestión empresarial.
