Estados Unidos ha puesto la cruz a Meliá. La Secretaría de Estado del país norteamericano no solo ha vetado a Gabriel Escarrer, consejero delegado y vicepresidente de la hotelera, por los negocios del grupo en Cuba, sino que también ha enviado alrededor de catorce cartas al resto de la cúpula. Meliá ha declinado comentar esta información.
Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, la prohibición de entrar en Estados Unidos se extiende por toda la cúpula del grupo hotelero, una decisión que encaja con lo que dispone el Título IV de la Ley Helms-Burton, la normativa que ha aplicado la administración de Donald Trump para vetar a Escarrer y el resto de directivos, como desveló este diario el miércoles.
En concreto, este apartado permite al Gobierno norteamericano expulsar del país o impedir la entrada a "extranjeros que hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes". Esto se aplica, entre otros, a los directivos y accionistas mayoritarios de las compañías que hubieran llevado a cabo o favorecido dicho tráfico.
La Secretaría de Estado de EEUU tiene autoridad para incluir a directivos en esta 'lista negra' si le consta la presentación de una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (FCSC, por sus siglas en inglés) por un activo confiscado respecto al cual el extranjero o su compañía trafique, es decir, que no se precisa que haya una demanda interpuesta en los tribunales para proceder a retirar el visado y ni siquiera una sentencia.
Esta prohibición es extensible también a los familiares más cercanos, como el cónyuge o los hijos menores de edad. Las cartas están fechadas el pasado mes de octubre y en ellas Estados Unidos ofrecía a los afectados varias opciones para evitar el veto: renunciar a sus cargos en la compañía, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con los demandantes. La cúpula de Meliá se negó a cumplir con ninguna de las tres.
En contra de la normativa europea
A este respecto, cabe recordar que la Comisión Europea ha señalado públicamente que es aplicable el Estatuto de Bloqueo, lo que implica que las empresas europeas no tienen que cumplir con las exigencias de leyes como la Helms-Burton. Por tanto, de ‘ceder’ a las pretensiones de EEUU, Escarrer y su equipo estarían incumpliendo la normativa europea.
En esta ecuación falta por determinar el papel del Gobierno. Durante el anterior mandado de Pedro Sánchez, la ministra de Industria Reyes Maroto aseguró tanto en público como en privado que defendería los intereses de las empresas españolas en este conflicto y a este medio le consta que ya se han celebrado varias reuniones entre el sector empresarial con miembros de Exteriores, Justicia y Comercio para estudiar este asunto.
Las empresas españolas pueden demandar al Gobierno si no las protege de la ley Helms-Burton
Horas después de que Vozpópuli publicase la carta remitida a Escarrer, Meliá emitió un comunicado en el que confirmaba la información y manifestaba "respeto y confianza en la implicación e impulso hacia una solución positiva por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales, insistiendo una vez más en la lealtad, legalidad y responsabilidad con las que nuestras filiales han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba" y espera "que la presente controversia producida por la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton sea resuelta de manera favorable a los intereses de nuestro Grupo".
Esta mención a las autoridades españoles en el comunicado de Meliá no es baladí, si bien la respuesta del Gobierno este miércoles ha sido algo tibia. Exteriores se ha limitado a señalar que la Helms-Burton "es una cuestión que se trabaja coordinadamente con otros Ministerios, EEMM y la Comisión Europea" pero no ha precisado ninguna iniciativa o medida concreta que vaya a poner en marcha. Por otro lado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al ser preguntado por este medio, no ha dado detalles sobre el asunto.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli recuerdan que España tiene la responsabilidad de velar por los intereses de las compañías. De no hacerlo, las empresas podrían presentar una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado y reclamar una indemnización, según se desprende de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las demandas a Meliá por Cuba
El origen del conflicto de Meliá con la Helms-Burton arrancó el pasado verano, cuando una familia de origen cubano presentó en Estados Unidos una demanda colectiva contra Expedia, Booking, Trivago, las empresas cubanas Gran Caribe, Cubanacán, Grupo Gaviota y la citada hotelera española, que fue formalmente incluida en el pleito en septiembre. Sin embargo, la jueza acordó a principios de año excluir a Meliá del proceso, pues los demandantes decidieron centrarse en las reclamaciones contra compañías norteamericanas.
También fue el pasado verano cuando la familia Sánchez Hill reclamó una indemnización millonaria a Meliá en un juzgado de Palma de Mallorca. En concreto, los demandantes exigían a la hotelera al menos 10 millones por la explotación de dos hoteles de la isla que, según señalaron, les fueron confiscados. Esta demanda fue tumbada por el Juzgado de Primera Instancia número 24 y es previsible que la Audiencia Provincial confirme este archivo próximamente.
