El impuesto a la banca española ya está en el buzón del Banco Central Europeo (BCE). El Congreso, en el que tienen mayoría los socios del Gobierno, ha pedido formalmente al organismo con sede en Francfort su opinión sobre la nueva tasa extraordinaria para recaudar unos 3.000 millones de euros en dos años, según confirman fuentes oficiales del BCE consultadas por Vozpópuli.

La petición formal se ha articulado a través de la Mesa del Congreso y el Banco de España, que actúa como 'sucursal' del BCE en España. En la Mesa del Congreso tienen mayoría el Grupo Socialista y Podemos, los partidos que registraron a finales de julio la proposición de ley para gravar con el 4,8% los ingresos típicos y comisiones de las entidades financieras.

Ahora, el BCE examinará el impuesto durante "al menos un mes", aunque dependerá del encaje del nuevo gravamen en la regulación bancaria. En principio, podría chocar con la prohibición de que las entidades no trasladen el coste a los clientes y que la normativa actual obliga a utilizar para configurar el precio de los productos. También podría pedir una prórroga, aunque no tiene por qué ser necesaria.

Como publicó este diario, el Gobierno quiere evitar el choque frontal con el BCE antes de que el impuesto se convierta en ley. El plan de Pedro Sánchez es aprobar la tasa antes de final de año, para que los bancos tengan que hacer un primer pago ya en febrero de 2023.

La opinión del supervisor no es vinculante, aunque en el sector financiero se interpreta que la consulta es una señal de que el Ejecutivo puede corregir la nueva tasa, como explican distintas fuentes de los grandes bancos. Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ya advirtió hace unos días en Madrid que el organismo con sede en Francfort emitiría una opinión lo solicitara o no el Gobierno.

El precedente de Lituania

El BCE lleva expectante desde el 12 de julio, cuando Sánchez anunció en el Congreso por sorpresa que crearía un impuesto extraordinario a la banca. Existe un precedente en 2019, cuando Lituania anunció que aplicaría un impuesto a la banca. En ese momento, el BCE se opuso claramente y exigió al Gobierno del país que midiera las consecuencias sobre el sector financiero.

El Gobierno, precisamente, se ha abierto a suavizar el 'impuestazo' para "asegurar" que la nueva tasa no impacta sobre la estabilidad financiera, como reconoció la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Esta es una de las principales advertencias del BCE al respecto. De todas formas, se considera que la opinión del organismo no se podrá sustentar en el riesgo a la estabilidad del sistema ante las buenas previsiones de resultados para los bancos en la nueva era de subidas de tipos, como reconocen fuentes próximas a los supervisores.