Además de las cerca de 60 leyes que han saltado por los aires,con la disolución de las Cortes por el adelanto electoral la principal política económica que quedaba en entredicho es la adenda del Plan de Recuperación. Nadia Calviño llevaba preparándola desde principios de 2022 y su primer borrador fue presentado el pasado diciembre, tras sufrir varios retrasos.

Y es que el adelanto electoral ponía seriamente en duda que el Gobierno de Pedro Sánchez pudiera -y en todo caso, debiera- presentar la adenda. Con ella comprometería antes de las elecciones generales los 94.300 millones de euros que España tiene pendiente pedir, dejando sin margen de maniobra al próximo Ejecutivo. El futuro Ejecutivo tendrá que asumir, por tanto, los compromisos de inversiones y reformas que se plasmen ahora en el nuevo documento.

De los casi 95.000 millones que España tiene pendiente pedir a Bruselas, 7.700 millones llegarán en forma de transferencias adicionales (dinero que España no tiene que devolver y que se suma a los 69.000 millones que ya estaban comprometidos) y 84.000 millones de euros en préstamos que el próximo gobierno deberá devolver. A ellos se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU, que también se deben justificar en la adenda.

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli planteaban que España no debería presentar la adenda en tiempo de descuento electoral. De hecho fuentes conocedoras del funcionamiento del Plan de Recuperación trasladaban que Bruselas analizaba extender de manera excepcional el plazo a España para que la pudiera presentar el próximo gobierno.

En una entrevista realizada este miércoles, Calviño ha anunciado que enviarán la adenda a Bruselas la próxima semana "para que no se frene el proceso de movilización de los recursos, porque la fecha límite es el 2026 y no hay tiempo que perder. Lo tenemos listo y un Gobierno responsable tiene que seguir impulsando estas iniciativas".

Preguntada por este asunto, la Comisión Europea pone el foco en que España debe presentar la adenda "rápidamente" y mantener el "ritmo en la implementación" del Plan de Recuperación. Fuentes próximas puntualizan que "como regla general, lo que un gobierno puede hacer o no es materia de leyes nacionales y no de la UE".

¿El mal menor?

Con todo, el Gobierno no entra en funciones hasta el 24 de julio y no tendrá restricciones legales a su actividad hasta que empiece la campaña electoral el 7 de julio. Fuentes conocedoras del Plan de Recuperación explican que si bien es una falta de cortesía con el próximo gobierno la presentación de la adenda antes de las elecciones, puede ser el mal menor. La fecha tope para presentarla, el 31 de agosto, es obligatoria, según establece el artículo 14.2 del Reglamento del Plan, y si no se pide, se pierden los 94.300 millones.

Cuestión diferente sería que se cambiara el Reglamento, pero es un trámite complejo que requiere el apoyo de los Estados miembros, que sólo se ha utilizado para aprobar RepowerEU y que Bruselas no parece dispuesta a impulsar ahora mismo con este fin.

Alemania se adelanta

Calviño presentó un borrador del proyecto en diciembre de 2022 con la intención de enviar la adenda a Bruselas en las semanas siguientes, pero el Gobierno lo ha ido retrasando. En las últimas semanas, desde el Ministerio de Asuntos Económicos apuntaban que el documento se remitiría a la Comisión próximamente, pero el adelanto electoral dejó en el aire estos planes.

En lo que respecta a la adenda, España no puede presumir de ser la primera en presentarla, como hace con el resto del Plan de Recuperación, ya que se la ha adelantado Alemania, que ya lo hizo en diciembre de 2022. Su proyecto fue avalado por la Comisión en enero y por el Consejo Europeo el 14 de febrero.

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