El Gobierno oculta la cifra de fondos europeos que verdaderamente han llegado ya a las empresas. En el informe de ejecución presupuestaria de diciembre de 2021 que ha publicado este jueves la Intervención General del Estado (IGAE), no se concreta específicamente qué parte del dinero ha llegado a su destinatario final, y únicamente se proporciona la cifra total de pagos realizados, donde se incluyen las transferencias a las comunidades autónomas y que asciende a 11.000 millones de euros.
Se esperaba que en este informe anual se proporcionara la primera actualización de la cifra de ejecución real del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en términos de contabilidad nacional. Sin embargo, el Ejecutivo no desglosa el dinero que ha llegado a las unidades privadas o públicas no clasificadas en el sector Administraciones públicas desde el informe de ejecución presupuestaria de la IGAE del pasado agosto, que recogía una cifra de 104 millones de euros.
El Gobierno ha recibido de la Comisión Europea 9.000 millones de euros en concepto de anticipo del Plan de Recuperación y acaba de obtener el aval preliminar para los 10.000 millones del primer tramo. En los Presupuestos de 2021, consignó 24.205 millones de gasto de créditos definitivos. El segundo tramo, de 12.000 millones, y en el que Bruselas examina la reforma de las pensiones, todavía no se ha pedido.
En la rueda de prensa que ha dado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta mañana sobre la ejecución presupuestaria de 2021, no ha respondido a la pregunta de cuál ha sido la ejecución de los fondos europeos en términos de contabilidad nacional en 2021. Tan sólo ha dicho que hasta el 21 de enero de 2022, se han asignado a las comunidades autónomas 11.330 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una cifra algo superior a la del informe de la IGAE (11.000 millones).
El 11 de enero, el Gobierno se limitó a comentar a los agentes sociales a los que reunió para informarles sobre el Plan de Recuperación que los desembolsos realizados hasta el 31 de diciembre de 2021 ascendían a 11.001 millones de euros, en línea con lo que el Banco de España auguraba en sus previsiones y que en cualquier caso apenas es el 45% de lo presupuestado para ese año. En realidad, pagos realizados, transferencias a las comunidades autónomas que no han llegado al tejido productivo.
Preguntados desde finales de noviembre en Hacienda por cuál era la ejecución real hasta entonces, lo que ha llegado a las empresas, se remitían a las obligaciones reconocidas y se escudaban en que los datos de la IGAE van con decalaje. "Comparto que la ejecución no es la adecuada", reconoció la ministra de Hacienda en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de 2022 en el Congreso, aunque aseguró que “la cifra de ejecución está alcanzando velocidad de crucero, que se acelerará en las próximas semanas”.
Retraso en el reparto de los fondos
El informe de ejecución presupuestaria confirma que en 2021 el Estado desembolsó menos de la mitad de los fondos europeos previstos (24.198 millones) a las comunidades autónomas o a los organismos públicos encargados de lanzar las convocatorias y transferir el dinero a los diferentes agentes económicos.
El Gobierno ya informó de que de cerca del 10% del dinero autorizado en 2021 que no se habrían lanzado a través de convocatorias y respondían a subvenciones u otros procesos de adjudicación directa. De estos últimos, Cataluña ha resultado ser la más beneficiada, tal y como informó Vozpópuli. Moncloa detalló incluso que unos 650 millones se repartieron al margen de los criterios acordados con las CCAA en las conferencias sectoriales.
En este primer semestre el Gobierno pretende movilizar 38.500 millones, pero unos 2.600 millones son remanentes que se quedaron sin autorizar en 2021 y 14.435 millones autorizados el pasado año pero de los que aún no se han cerrado o lanzado las convocatorias. Es decir, que el 43% de los fondos europeos que el Gobierno quiere repartir en el primer semestre del año se arrastran de 2021.
La AIReF advierte de la inejecución
Esta situación ya llevó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a elevar sus previsiones de inejecución de los fondos europeos en octubre, cuando aumentó su estimación de algo más del 20% a más del 60%, con lo que preveía que en 2021 llegue a su destinatario un gasto final de unos 9.000 millones. La AIReF explicaba entonces que reducía lo que proyectaba que se ejecutara el año pasado por la "escasa realización de gasto finalista del Plan hasta la fecha".
El Estado había ejecutado hasta finales de agosto 4.902 millones de euros, en torno al 20% del gasto presupuestado, como créditos definitivos. Sin embargo, la práctica totalidad de este gasto eran transferencias de fondos europeos a organismos de la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas para que lleven a cabo su ejecución directamente o a su vez lo transfieran a otras Administraciones. Esta distribución interna no tiene la consideración de gasto en contabilidad nacional, por lo que la Autoridad Fiscal señalaba que habría que esperar a gasto llegue al destino final para su registro, dando lugar también al registro de un ingreso en contabilidad nacional por el mismo importe.
La Airef, con este dato, quiere mostrar el importe exacto de los fondos europeos que han llegado directamente al beneficiario final y para ello utilizan los datos en contabilidad nacional. La razón es que en términos de contabilidad nacional los gastos del MRR sólo se consideran ejecutados cuando llegan a su destino final, esto es, cuando se realiza el gasto finalista. Y los ingresos se registran, paralelamente, a medida que se ejecuta este gasto que se considera finalista. Con esto se logra la neutralidad, en términos de déficit, que rige en el MRR.
Por este motivo, si en contabilidad nacional sólo se han registrado ingresos por importe de 104 millones a agosto, significa que únicamente el gasto que ha llegado a su fin especifico es de 104 millones. Con el resto de los créditos se han realizado transferencias, que todavía son "operaciones financieras" y aún no han llegado a su fin específico.
Las 'trabas' de las empresas
Para este año hay presupuestados casi 27.000 millones, pero las empresas se enfrentan a varios problemas en la solicitud de los fondos europeos. Por un lado, el retraso del lanzamiento de las convocatorias y los cortos plazos con los que las administraciones públicas están sacando estas convocatorias, impidiendo también que se ejecute todo el dinero en tiempo y forma. Por otro, la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto de los proyectos o los ajustados plazos para presentarse a las convocatorias.
Aedmás, las empresas compiten con el sector público en la mayor parte de los fondos europeos de los que pueden beneficiarse de manera directa. En concreto, el sector privado podrán optar directamente a convocatorias por valor de 16.320 millones en este primer semestre del año, pero el 52% de esos fondos UE también están abiertos a otros organismos de carácter público, según estimaciones de Llorente y Cuenca (LLYC) sobre el calendario de convocatorias del primer semestre de 2022 difundido por el Gobierno a mediados de febrero.
De esta forma, sólo el 48% del dinero europeo que el Ejecutivo pondrá a disposición de las empresas hasta junio será, exclusivamente, para las del sector privado. De hecho, los fondos UE que tienen como beneficiario único a una empresa privada sólo representan el 29% de la cuantía total que el Ejecutivo pretende movilizar en los primeros seis meses del año, según los cálculos de la consultora.
Con todo, la AIReF avanzó hace unas semanas su intención de revisar a la baja el impacto que preveía que tendrían los fondos europeos en la economía española este año. Su presidenta, Cristina Herrero, explicó que el "importante" impacto estimado para 2022, que rondaba los 2,5 puntos por el gasto añadido del dinero que no se usó en 2021, será inferior al no cumplirse los elementos que iban a propiciarlo, como un contexto internacional favorable, los bajos tipos de interés, y una inflación reducida.
