Despliegue legal de la familia Del Valle y otros inversores mexicanos por Banco Popular. Estos accionistas, que llegaron a tener un 4% del banco y un puesto en el consejo, reclaman a España 470 millones por "el cuestionable y deficiente proceso" de venta de Popular a Santander.
Lo hacen a través de un arbitraje internacional presentado el 22 de enero y que se activará en caso de que el Gobierno no responda antes del 22 de julio.
En el documento dirigido a Mariano Rajoy, al que ha tenido acceso este medio, los mexicanos denuncian irregularidades en que Popular no recibiera más liquidez; en las propias retiradas de depósitos de las administraciones públicas; en la falta de información; en que se ignorara la alternativa de una ampliación de capital; y en lo que definen como un amaño con la venta a Santander.
