El Ministerio de Fomento no quiere que ninguna empresa ponga en marcha un AVE privado antes de que se liberalice el sector, en 2020. Por esta razón, ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la metodología que aprobó en septiembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que fijaba las normas del transporte internacional de viajeros por alta velocidad. Con esta acción, intentará paralizar el proyecto de Air Nostrum para prestar este servicio entre Madrid y Montpellier.
La compañía valenciana presentó hace unos meses en la CNMC una solicitud para prestar este servicio de alta velocidad, poco después de que obtuviera el permiso del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para operar dentro del sector de transporte de viajeros. Ante la dificultad que implicaba dar respuesta a esta petición, Competencia decidió elaborar unas normas para determinar las condiciones que deben cumplir las empresas interesadas en prestar este servicio.
El organismo determinó que para que una línea sea considerada como transporte internacional -y no doméstico, aún no liberalizado- deberán recorrer al menos el 20% del trayecto fuera de España y conseguir el 30% de sus ingresos y transportar al menos a 3 de cada 10 viajeros a Francia más allá de la frontera.
Fomento ha recurrido la resolución de la CNMC porque considera que incumple la normativa europea, que afirma que, hasta 2020, este tipo de servicios ferroviarios con paradas intermedias no deben utilizarse para abrir rutas interiores de transporte de viajeros. El Gobierno también cree que Competencia se ha extralimitado en sus funciones, puesto que la potestad de regular el ferrocarril le corresponde al Ministerio de Fomento y, “con posterioridad, a las Cortes Generales”, explican fuentes cercanas a este departamento.
“Una apertura apresurada repercutiría en el propio viajero, que se podría enfrentar a improvisaciones en los planteamientos de los servicios, que derivarían en servicios mal planificados e incorrectamente soportados en un sistema que no puede improvisar sus recursos”, añaden estos informantes.
Malestar con Fomento
Dentro de la CNMC y del sector ferroviario, estos argumentos han causado cierta sorpresa, en cuanto a que tienen claro que el Ministerio de Fomento quiere ahora retrasar a 2020 la entrada de operadores privados en el transporte de pasajeros cuando hace menos de dos años hablaba de impulsar una entrada gradual de empresas. A juicio de estos informantes, esta estrategia se debe al interés que existe en este ministerio por proteger Renfe.
El proyecto presentado por Infraestructuras de Levante S.A. contempla la realización del trayecto Madrid-Montpellier, con parada en Barcelona y a través de dos trenes. Es decir, su impacto en la infraestrutura sería mínimo. En cualquier caso, cabe precisar que Renfe también opera esta ruta en cooperación con la empresa pública francesa SNCF (Elipsos Internacional), con parada en la Ciudad Condal.
El Ministerio de Fomento no sólo ha recurrido la resolución de la CNMC, sino que también ha solicitado medidas cautelares para intentar aplazar la concesión a ILSA del permiso para poner en marcha sus trenes. Fuentes cercanas a Fomento reconocen que “no es aceptable una apertura anticipada del mercado de servicios ferroviarios de viajeros respecto a la fecha de diciembre de 2020, establecida en la normativa europea”.
Entre otras cosas, porque requiere un proceso de adaptación de todo el sistema y de coordinación entre sus actores (Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, administradores de infraestructura) que está proyectado para diciembre de 2020 y que conllevará que diferentes empresas compartan las mismas “vías, estaciones, apartaderos, áreas de mantenimiento, de limpieza, aplicaciones de información para viajeros y otras”. Su adaptación todavía no está lista.
La CNMC ha expresado su disposición a recurrir estas medidas cautelares, al considerar que no proceden. En su seno, defienden la actuación que ha realizado el organismo, dado que se han limitado a determinar las condiciones de este servicio, tal y como les faculta la legislación europea.
Fuentes de la industria critican la falta de diálogo y de planificación por parte del Ministerio de Fomento, que -consideran- ha hecho todo lo posible por retrasar al máximo la liberalización del sector, que la UE obligará a realizar en el año 2020.
