El Gobierno acude al Supremo para ocultar el expediente del millonario rescate a Pachá

El Gobierno agota las vías para no revelar los expedientes relativos a los rescates durante la pandemia. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, el ente ligado al ministerio de Industria que supervisó la ayuda a Pachá, ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenaba la difusión de la documentación que justificó el rescate del grupo de discotecas.

El proceso relativo a Pachá es el que está más avanzado entre las reclamaciones al Gobierno de los expedientes de los rescates públicos de empresas durante la pandemia. Como informó este medio, Plus Ultra Líneas Aéreas ha recurrido ante la Audiencia Nacional el fallo del juzgado contencioso 1, que ordenó al Gobierno revelar los documentos que justificaron el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros.

También pende de resolución en segunda instancia el reclamo del expediente del rescate por valor de 475 millones de euros a Air Europa. La Audiencia Nacional, en suma, ha concedido al Ejecutivo medidas cautelares para no acceder a la reciente petición del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno relativa al rescate de las clínicas dentales Vivanta.

La polémica con Pachá

Por lo pronto, Pachá sobresale por haber devuelto ya los 18 millones de euros que recibió del Gobierno al cabo del 2021, aunque el proceso relativo a la difusión de su "expediente completo" cobra trascendencia por el precedente para las demás compañías y el Gobierno ante la similitud en el argumentario alegado por la Administración y las empresas rescatadas en los diferentes casos.

El Ejecutivo efectuó la operación de Pachá con cargo al fondo de recapitalización gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) dependiente del ministerio de Industria, que en ese momento lideraba María Reyes Maroto. El rescate no estuvo exento de polémica por las dudas sobre el carácter estratégico de una empresa de discotecas, que entonces pertenecía al fondo de origen americano Trilantic -el mismo que ahora busca una salida a la fabricante de trenes Talgo-.

Pocos meses después comenzaría el frente entre el Gobierno y el Consejo de Transparencia por la documentación tras el rescate a Pachá. La sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimó en diciembre de 2023 los argumentos de Transparencia frente a los de Industria, Cofides y el juzgado de primera instancia, que también había ratificado la denegación del acceso a la información.

Falta de jurisprudencia sobre los rescates covid

Industria y Cofides han apelado al artículo 17.15 del Real decreto ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19, que fija que "los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Comité Técnico de Inversiones y de la gestora del Fondo en virtud de las funciones que les encomienda este real decreto-ley tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos".

En la misma línea, el lado gubernamental ha citado jurisprudencia del Supremo relativa a otros casos, como el de la confidencialidad de la información que obra en poder del Banco de España en virtud de sus funciones como supervisora de las entidades de crédito.

El razonamiento de la Audiencia Nacional parece haber perfilado la línea que seguiría más tarde el juez de primera instancia en el proceso equivalente relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra

La Audiencia Nacional ha opuesto por contra la jurisprudencia en torno a un caso de información confidencial de las autoridades sanitarias y los límites de la confidencialidad para luego establecer que el referido decreto de ayudas públicas durante la covid de 2021 no es óbice para que entre en juego la ley de Transparencia y Buen Gobierno de 2014.

"La Ley 10/2014 no deja resquicio para ser suplida por otra norma reguladora del acceso a la información, lo que no es el caso del Real Decreto Ley 5/2021, que expresamente contempla 'las excepciones previstas en la normativa vigente'", ha esgrimido la sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de la AN. Su razonamiento parece haber perfilado la línea que seguiría más tarde el juez de primera instancia en el proceso equivalente relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"El Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno justifica en su resolución que (...) 'existe un elevado interés público en conocer la justificación de la concurrencia en el caso concreto de los presupuestos a los que el Real Decreto-Ley vincula la concesión de las ayudas públicas, que son, además, directas (...)'". Unas consideraciones que, a juicio de la Audiencia Nacional, "justifican el interés en la divulgación de la información".