Josu Jon Imaz, natural de Zumárraga y con 60 años recién cumplidos, jamás ha destacado por su agresividad como directivo, ni en lo dicho ni en lo hecho. "Soy un CEO aburrido", acostumbra a decir en privado, con sorna, cuando alguien le interpela por el papel de Repsol en futuras fusiones. Por eso hay que darle la importancia que merece al aviso que lanzó este jueves: Repsol pondrá en cuarentena sus inversiones en España, para comprobar si se dan las condiciones "estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos".

El consejero delegado de la multinacional añadió: hay "otras alternativas" para invertir. "No va de farol", asegura un economista que le conoce bien. Lo de Imaz no es un globo sonda, sino una amenaza en toda regla, cimentada en el profundo hartazgo que acumulan quienes llevan años peleando por el sector industrial. El propio Imaz es un ejemplo. En 2008 colgó para siempre el traje de político (fue eurodiputado y presidió cuatro años el PNV), para enfundarse el de profesional de la industria (es químico de formación).

En 2014 se sentó en el sillón de consejero delegado de Repsol, previo paso por la presidencia de Petronor. Desde ese púlpito, ha pregonado en público y en privado la necesidad de convertir la industria en el motor de la economía española. O, al menos, en un motor con mucha más cilindrada. Con poco éxito, a juzgar por el retroceso progresivo de la industria en nuestro país; y por el avance paralelo de las cargas fiscales y las trabas regulatorias que vienen soportando las empresas del ramo. Repsol no es la única. Cualquier alto directivo de Iberdrola, Cepsa, Naturgy o Endesa comprendió al instante, este jueves, las raíces del cabreo de Imaz.

La reacción del CEO de Repsol hay que encuadrarla en el programa de coalición que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron este martes en Madrid. El 'pack' incluye una subida del impuesto de Sociedades (10.000 millones) y una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Y, por supuesto, el mantenimiento de los impuestos a energéticas y banca. Ambos nacieron con carácter "temporal" para compensar los efectos de la guerra de Ucrania. Su prórroga 'sine die', por tanto, intensifica la sensación de inseguridad jurídica de quienes deben tomar decisiones de inversión a largo plazo. Ese es el caso de Repsol y del resto de rivales, no sólo energéticos, también industriales.

Inversiones de Repsol

Casualidades de la vida, Repsol es la empresa del Ibex que más impuestos ha pagado en España hasta septiembre. Su contribución fiscal en todo el mundo rozó los 10.900 millones, un 70% de los cuales (7.441 millones) fue a parar a la Hacienda española. En el mismo periodo, Repsol invirtió 4.362 millones, un 82% más que en los nueve primeros meses de 2022. El 41% del total se destinó a España.

Es esta partida millonaria la que corre peligro de adelgazar. Y es esta clave la que diferencia los casos de Repsol y de Ferrovial. Con el traslado de la sede a Países Bajos, la compañía que preside Rafael del Pino proyectó una imagen negativa de España en los mercados, al situarla como un destino fiscal poco amable con la inversión. Pero Ferrovial mantiene su cartera de proyectos en territorio nacional. Repsol, por el contrario, plantea una reformulación de sus inversiones, si el panorama no cambia, que implica gastar en otros países lo que se preveía gastar en España. Portugal y, sobre todo, Estados Unidos son los lugares favoritos.

Lo realmente grave es que el aviso de Repsol puede tener un efecto llamada. Y España necesita, más que nunca, compañías potentes capaces de diversificar nuestro tejido productivo. Por dos razones.

La primera apunta a un problema atávico de la economía española: la ausencia de una política industrial que reduzca el peso excesivo de los servicios. La estadística refleja una evolución pésima. En 1995, la industria representaba casi un 20% del PIB. Esa cuota descendió al 18,7% en 2000 y al 15,3% en 2021. El porcentaje apenas ha variado en la actualidad y queda lejos del objetivo del 20% planteado por la UE en su directriz Horizonte 2020.

Además, prácticamente el 82% de la industria española la acapara el segmento manufacturero, donde abundan menos los trabajos cualificados y los salarios consistentes, dos características que sí son habituales en las compañías energéticas. España necesita sueldos más elevados para afrontar problemas como las vacantes laborales y, sobre todo, la agonía de la Seguridad Social, condenada a registrar un déficit de 54.000 millones en 2050 por el vuelco de la pirámide demográfica.

Según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, los asalariados del sector industrial ganan una media de 29.104 euros al mes, unos 5.000 por encima de lo que se ingresa en la construcción o los servicios. La clave está en la cualificación de los empleados. Repsol vuelve a servir de ejemplo: sólo en España, emplea a 17.000 de los 24.000 trabajadores que tiene en nómina en todo el mundo.

Lo paradójico es que nuestro país nunca ha tenido por delante una oportunidad tan clara para transformar su modelo económico, al confluir dos elementos clave: el torrente de financiación barata de los fondos europeos y un grupo de grandes empresas con enorme experiencia y 'know-how'. Repsol vuelve a ser un prototipo (hay muchos más), con polos industriales tan potentes como los de Cartagena, Puertollano o Bilbao, que generan miles de empleos directos y muchos más indirectos.

La auténtica locomotora del Plan de Recuperación son los denominados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Hay 12 en marcha y todos están cofinanciados con fondos europeos. Los más importantes tienen que ver con la industria. Los PERTE del vehículo conectado, del hidrógeno verde, de los semiconductores o los de los sectores naval y aerospacial son algunos ejemplos.

Sólo las grandes empresas tienen músculo para tirar de esos grandes proyectos, ya que deben aportar buena parte de la financiación. Por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC) contemplaba una inversión de 24.000 millones, de los que 19.700 procedían del sector privado.

La falta de empuje gubernamental y la asfixia de la burocracia han provocado que la mayoría de los PERTE avancen a paso de tortuga. La desazón respecto a los fondos europeos es total entre los empresarios grandes y, sobre todo, pequeños.

Campaña gubernamental

El pinchazo de los PERTE es sólo un botón de muestra. El aumento de la presión fiscal, las trabas regulatorias y la falta de un horizonte previsible alejan la inversión y, por tanto, la necesaria transformación del PIB. También ahuyentan al dinero las 'campañas' gubernamentales. Este viernes, Nadia Calviño aseguró, con ironía, que "a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno". Contestaba así a las quejas del CEO de Repsol, aludiendo a sus "beneficios récord". Es cierto que la compañía ha ganado 2.785 millones de euros hasta septiembre. Pero no lo es menos que en 2019 o 2020 sumó pérdidas superiores a los 7.000 millones.

Repsol, y la mayoría de sus competidores, operan en un sector cíclico. Por eso es tan importante lo que en la industria llaman "predictibilidad". Los bandazos son auténticos torpedos en esa línea de flotación. Y España afronta estos días uno en toda regla: la formación de un Gobierno sustentado en el apoyo de un político tan poco fiable como Carles Puigdemont.

Su posible amnistía emana inseguridad jurídica en estado puro, que repele la inversión. Salta a la vista que la prosperidad de España requiere más empresas como Repsol y menos líderes como Puigdemont. Lo preocupante es que todo un presidente del Gobierno se preste al juego y entre en esa peligrosa ecuación. Cueste lo que cueste.

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