SOS Rural vuelve a movilizar el campo español. Como ya hiciera en mayo de 2023 para hacer una manifestación en defensa del campo, ahora, más asentada, lo hace con una clara agenda y un propósito de largo recorrido a nivel social. En Vozpópuli hemos hablado con Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural que no has explicado todas estas iniciativas y qué pretenden lograr en una situación en la que cada vez se complica más el futuro para el sector primario de nuestro país. Además, Natalia ha comentado temas de actualidad como el conflicto de Doñana, en el que los agricultores son siempre los perjudicados.
Corbalán ha asegurado que SOS Rural va a llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo objetivo central es "proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío". "El campo necesita una ley supraatonómica donde el estado proteja a los terrenos de regadío de alto valor productivo para que no se pueda especular con ellos”. Y es especialmente este sector, según incide su portavoz, el más perjudicado. “El sector de regadío aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”. Esta IPL, a la que también puede llamarse iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja. Esta recogida de firmas arrancará este próximo mes de noviembre, y desde la asociación son muy optimistas en poder conseguir llevarla al Congreso. “Los partidos tradicionales le han dado la espalda al campo” asegura la portavoz de SOS Rural. También apunta que “los agricultores y ganaderos son insustituibles en nuestra sociedad y lo vana seguir siendo siempre. Hay que recordar que fueron héroes en la pandemia”.
Además de esta iniciativa en nuestro país, Natalia Corbalán y un equipo de SOS Rural aterrizaban el pasado miércoles en España procedente de Bruselas. Esta asociación en defensa de más de nueve millones de españoles que trabajan y viven del sector primario, ha ido hasta la sede de la Unión Europea para buscar una solución global a lo que está sucediendo en el campo español. Allí han presentado una iniciativa ciudadana europea que, pese a algunas diferencias con la iniciativa legislativa popular, son muy similares en fondo y forma. Antes de poner en marcha la iniciativa, hay que crear un grupo de organizadores. El grupo debe estar compuesto, como mínimo, por siete ciudadanos de la UE que residan en al menos siete Estados miembros diferentes. No es preciso que sean nacionales de siete países distintos pero sí deben tener la edad exigida en sus respectivos países para votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Según asegura Corbalán ya cuentan con la firma de España, Polonia, Hungría, Estonia, Rumanía, Austria, Lituania y ya se negocia también con Francia, e Italia. Tienen que recoger a diferencia de la ILP un millón de firmas, aunque desde SOS Rural no lo ven un problema. “Queremos decirle a Europa que esto no lo está haciendo bien. Queremos proteger al campo y no se puede utilizar el ecologismo como bandera para otros intereses”. SOS Rural ha solicitado también un plan hídrico europeo, para que ningún agricultor sufra la falta de agua cuando hay agua en su propio país. Como lo que ocurre en España, “hay agua en el norte de España solo hay que conectar el norte y el sur para que con esos trasvases, el agua llegue a todos” asegura la portavoz de la asociación.
Además de estas iniciativas en España y Europa, S.O.S. Rural ha redactado un “libro blanco” donde van a recoger todas las reclamaciones y todas las reivindicaciones para poder hacer un programa integral de protección a las actividades del mundo rural. Que sirva también como carta de presentación y como argumentario de sus intenciones.
El ‘monstruo’ de las energéticas, el principal enemigo del campo
Natalia Corbalán que conoce de primera mano el campo de Murcia, asegura que “el objetivo de esta política de la sostenibilidad por encima de todo solo busca cederle a las energéticas los terrenos muy baratos y culpar a los agricultores, en Murcia en concreto, de la contaminación del Mar Menor”. Estas gestiones y la eterna burocracia que se ha impuesto al campo acaban por aburrir a los agricultores que acaban vendiendo sus tierras presionados por todos los frentes que son incapaces de manejar, y así vamos perdiendo la soberanía del campo, que es algo fundamental para un país. “Si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”, asegura Corbalán. Las grandes potencias demuestran que tienen blindada su soberanía alimentaria, puesto que es una forma de hacerse fuerte. “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.
Otro enemigo para este campo que están dejando morir poco a poco es que no existe el relevo generacional. Los jóvenes no ven incentivos en el campo, sin embargo, según señala Corbalán “tienen terrenos de altísimo valor en un mundo donde la población es creciente, en 2050 seremos más de 10.000 millones de habitantes y se tiene que incrementar en un 60% la producción de alimentos, según dice la FAO".
Doñana, a vueltas con el regadío
El tema de Doñana es un claro ejemplo que el valor de los terrenos de regadío es fundamental. En este caso, “esos terrenos son garantía de sostenibilidad socioeconómica, porque son generadores de empleo y de riqueza, porque Andalucía si no exporta berries y no exporta fresas, exportará andaluces”.
La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán insiste que el ideal de campo sin agricultores y “con bambi” paseando a sus anchas no existe. Asegura que hay que generar riqueza y puestos de trabajo. “Si no se regulariza la situación de la Corona Norte de Doñana esos agricultores se acabarán yendo y perderemos capital humano y un valiosísimo capital productivo. Por tanto, seremos un país de servicio que no produce nada y eso es condenar a España”.