El Gobierno inicia este lunes negociaciones con los sindicatos y la patronal para pactar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021, un movimiento que ha suscitado dudas dada la actual situación de crisis económica que atraviesa el país por el impacto de la pandemia de covid-19.
La guía laboral del Ministerio de Trabajo establece que el Gobierno fija anualmente el SMI, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, y estipula que para ello debe tener en cuanta cuatro variables: el Índice de Precios de Consumo (IPC); la productividad media nacional alcanzada; el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional; y la coyuntura económica general.
Teniendo en cuenta que el IPC acumula una caída del 0,8% a cierre de noviembre; que la productividad cae un 3,4% interanual por puesto de trabajo a tiempo completo y un 2,6% por hora efectivamente trabajada a término del tercer trimestre; el empleo, medido en total de afiliados a la Seguridad Social, es un 1,83% inferior al de hace un año; y que la coyuntura económica avanza una caída del Producto Interior Bruto (PIB) de en torno al 11% para 2020; los expertos consultados por Vozpópuli no se muestran partidarios de subir el SMI.
"En mi opinión, aunque el foco esté en la mejora del poder adquisitivo y, por ende, en la reactivación del consumo, no creo que sea conveniente en este momento aprobar una nueva subida del SMI", señala Aurora Sanz, socia de Laboral de Grant Thornton, quien cree que hay "empresarios y empresas con serias dificultades para superar la situación como consecuencia de las circunstancias extraordinarias derivadas de la covid-19".
La experta cree que "incrementar el coste salarial sería poner mayores trabas a su viabilidad futura". "No considero que sea el momento de 'café para todos', habría que ser capaces de asentar las reglas de juego para atender a la realidad del empresario o empresa en cuestión", apunta a Vozpópuli.
Coincide con ella Ángel de la Fuente, presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), quien tampoco es partidario de subirlo "dada la situación, los fuertes incrementos de los últimos años y la ausencia de inflación".
Esperar a que aumente la productividad
"En estos momentos, más de 750.000 trabajadores continúan en ERTE y en el primer semestre de 2021 podríamos alcanzar los 4,5 millones de parados, un 20% de la población activa. Un incremento de estas características en la situación en la que se encuentran cientos de miles de empresas es condenar al paro a muchos españoles, especialmente a los de las capas más desfavorecidas, y a los jóvenes, que perciben salarios más bajos. Pensamos que una congelación sería lo correcto", señalan a este medio desde el Círculo de Empresarios.
Creen que cualquier aumento del SMI debería producirse en el futuro cuando haya incrementos de la productividad y advierten, además, de que las subidas de los últimos dos años han tenido efectos en el mercado laboral.
En un momento de profunda crisis como el que atravesamos, debemos esforzarnos en aumentar la competitividad de nuestras empresas para promover el crecimiento y la creación de empleo, y un aumento de los costes laborales tendría el efecto contrario"
"La notable subida del SMI del 30% en tan solo dos años no ha sido fácil de asumir por la mayoría de pymes españolas, algo que se ha traducido en un impacto negativo sobre el empleo y previsiblemente ha podido favorecer el avance de la economía sumergida (en torno al 22% PIB) en algunos sectores (agricultura o limpieza, por ejemplo). No hay que olvidar que el coste de la vida no es el mismo en todas las regiones españolas, y un salario de 950€ que puede ser asumible en Madrid o Barcelona puede no serlo en regiones de menor renta, en que una nueva subida del SMI puede comprometer la viabilidad de un gran número de empresas", añaden.
Iñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), tiene la misma visión. "Los criterios no se cumplen: la inflación es negativa, ha habido una fuerte caída de los beneficios empresariales y por tanto más peso en PIB de los salarios sobre los beneficios, la coyuntura económica es de caída de PIB y encima la productividad sigue siendo baja. Los criterios para subir el SMI no se cumplen. Además, creemos que tendríamos que tener especial énfasis en la prioridad actual, que es la creación de empleo".
Pensiones, sueldos públicos... ¿por qué el SMI no?
Frente a esta postura, que comparte la patronal de empresarios, los sindicatos y otros economistas defienden una subida -aunque moderada- del SMI que permita consolidar los derechos de los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta que sí han subido otras partidas como las pensiones y el sueldo de los empleados públicos (un 0,9% en 2021).
"Es positivo y necesario aumentar el salario mínimo para que los trabajadores afectados por ese nivel salarial no pierdan capacidad adquisitiva. Eso sí, como el IPC no ha aumentado mucho en el último año (dependiendo de en qué mes nos fijemos incluso ha descendido) ese incremento sería bastante pequeño. Yo no iría más allá en un momento como el actual, en el que la economía está muy débil y en la que muchos sectores económicos se enfrentan a inmensos problemas", señala el economista Eduardo Garzón.
Cree que "una subida de este tipo sería asequible para prácticamente todo el mundo, así que no deberíamos esperar efectos negativos. Los efectos positivos serían que esos trabajadores no perderían nivel adquisitivo, podrían mantener el mismo nivel de consumo, lo cual es positivo para la economía. Además, se logra disminuir la desigualdad de la renta, pues actualmente somos de los países en los que el peso de los salarios sobre la renta total es más bajo", apunta a este medio.
Respalda esta idea el también economista y empresario Juan Carlos Bermejo: "yo soy empresario y te puedo garantizar que eso no provoca pobreza. El SMI debería estar entre 1.100 y 1.200 euros al mes, que coincide con el salario más frecuente", señala.
Si el SMI, que actualmente se sitúa en 950 euros, subiera en línea con la inflación prevista por el Gobierno (0,9%), pasaría a ser de 958 euros en 14 pagas.