El Estado se ha gastado unos 21.400 millones de euros en mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio, quince semanas en las que el máximo número de personas que han estado en ERTE al mismo tiempo ha sido de cuatro millones, y podría tener que gastarse otros 9.000 millones si aprueba alargarlos hasta el 30 de septiembre.
Del dinero total desembolsado, un total de 15.200 millones son gasto directo en prestaciones por desempleo para los afectados y 6.200 millones son en cotizaciones a la Seguridad Social de las que se ha exonerado a las empresas (el coste lo ha asumido el Estado), según el cálculo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Según los datos divulgados este mismo jueves por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a día de hoy quedan todavía dos millones de personas que siguen en ERTE y no se han reincorporado a la actividad.
Sindicatos y patronal están negociando con el Gobierno para que las condiciones de esos ERTE por fuerza mayor en los que están enmarcados esos 2 millones de trabajadores se mantengan, ya que muchas de las empresas que los tienen en plantilla no van a tener demanda suficiente para poder afrontar el pago de sus salarios y sus cotizaciones.
Sin embargo, el Gobierno está poniendo bastantes trabas, ya que el coste para el Estado de los ERTE es muy elevado.
El Gobierno, reticente a un coste tan elevado
En el mejor de los casos, que esos 21.400 millones de euros correspondieran al pago de prestaciones a cuatro millones de personas durante los tres meses y medio (un escenario muy optimista, ya que las empresas han ido activando y desactivando a sus empleados del ERTE de forma heterogénea y no ha habido tantas personas protegidas tanto tiempo), el coste de mantener a un trabajador en ERTE para el Estado ha sido de unos 1.529 euros al mes.
De ellos, 1.086 euros corresponderían de media a la prestación por desempleo y 443 euros al pago de las cotizaciones sociales.
Asumiendo ese coste de media por trabajador, si el Gobierno alargara las condiciones actuales de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y no se recuperara ningún trabajador de los 2 millones que están actualmente en ERTE, el coste adicional para el Estado ascendería a 9.279,4 millones de euros. Alargarlos a diciembre elevaría el coste hasta los 18.500 millones de euros como mínimo.
Sindicatos y patronal piden alargarlos hasta 2021
Los agentes sociales piden que los ERTE se extiendan hasta el 31 de diciembre y que las exoneraciones de cuotas se mantengan, es decir, que la Administración mantenga a los trabajadores cobrando subsidio de desempleo -sin que compute en el periodo máximo de cobro de paro para ellos- y que exonere a las empresas del pago de cotizaciones hasta 2021.
El Ejecutivo no ha cedido en eso y ha puesto como fecha límite el 30 de septiembre y, además, se niega a mantener la exoneración de cotizaciones ya que la Seguridad Social necesita ingresos.
Cuando se aprobó alargar los ERTE hasta el 30 de junio, el Ejecutivo ya aprobó una suerte de ERTE de transición o de fuerza mayor parcial que consistía en reducir la exoneración de cotizaciones para los trabajadores que siguieran en el ERTE (las empresas empezaban a pagar más por todos aquellos trabajadores que mantuvieran suspendidos) y una exoneración mayor para los empleados que iban desafectando (para incentivar que los recuperaran cuanto antes).
Ahora, proponen ahondar en este sistema: para los trabajadores que se reincorporen con reducción de jornada la exención sería del 60% en julio, del 50% en agosto y del 40% en septiembre para las empresas con menos de 50 empleados (35%, 25% y 15% respectivamente para las de 50 o más).
En el caso de que los trabajadores sigan en suspenso, las exenciones disminuirían al 35% de la aportación empresarial en julio, al 25% en agosto y al 15% en septiembre para empresas de menos de 50 trabajadores (20%, 10% y 5% respectivamente para las de 50 o más).
Quieren exoneraciones para los afectados, no para los recuperados
El sistema no convence a patronal, sindicatos ni autónomos. "Las exoneraciones sociales las queremos para los que siguen en ERTE, no para los activados, cuando puedo recuperar a un trabajador es porque tengo actividad e ingresos y puedo pagar por sus cotizaciones. Exonere a los que no puedo recuperar porque no tengo demanda, pero no se preocupe por los que doy de alta, porque si le doy de alta es porque puedo pagar su nómina y pagar sus cotizaciones", explicaba Lorenzo Amor, presidente de ATA, este jueves.
En su opinión, mientras haya obligación en España de llevar mascarilla y mantener una distancia de seguridad de metro y medio entre las personas, persistirá la necesidad de mantener las condiciones de la fuerza mayor.
Los sindicatos dicen ser conscientes de que pedir alargar los ERTE supone pedirle al Estado un importante desembolso, de ahí que defienden que se apruebe una subida de impuestos para poder asumir el coste de este gasto
Recriminan a la patronal que pida alargar los ERTE y solicite al Gobierno a la vez que no suba impuestos. "Como no tenga una fuente el Estado (...) va a ser difícil" que puedan pagarlo, ironizaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista en RNE.
Inicialmente se había planteado la posibilidad de que los ERTE por fuerza mayor sólo se alargaran para los sectores más perjudicados, pero finalmente el Gobierno y los agentes sociales han acordado que deberán alargarse para todas aquellas actividades que estén afectadas por cualquier tipo de restricción. Esta decisión facilita la compleja tarea de definir todas aquellas actividades en las que deberían alargarse.
