El sector inmobiliario empieza a recibir señales del Partido Popular en carrera presidencial de Alberto Núñez Feijóo. A falta de un plan económico concreto, los mensajes empiezan a aproximarse a las tesis de colaboración público-privada que los promotores, gestores y fondos de inversión privados reivindican ante el problema del acceso a la vivienda en España.
Desde el PP han comenzado a poner de relieve la alternativa de recuperar estímulos públicos a inversores que pongan en el mercado pisos en alquiler durante al menos 25 años. En este sentido, se alude a la línea de ayudas contemplada en el Plan Estatal de Vivienda que Mariano Rajoy aprobó poco antes de la moción de censura que aupó a La Moncloa a Pedro Sánchez.
La iniciativa del PP incluía ya la posibilidad de convenios por parte de las administraciones públicas con grandes propietarios, así como también, el desarrollo de ayudas de hasta 36.750 euros por vivienda para aquellas actuaciones de empresarios dirigidas a la promoción y/o rehabilitación de edificios para su uso residencial en alquiler durante al menos 25 años. En paralelo, el Plan Estatal ahora en vigor impulsado por el Gobierno socialista apuesta por ayudas directas a los arrendatarios así como para empresas participadas en al menos un 50% por el Estado y a condición de permanencia en el alquiler por al menos 50 años.
"Confiamos plenamente en la colaboración público privada, con derecho de superficie u otras fórmulas", remarca la secretaria de Vivienda del PP, Ana Zurita
"Confiamos plenamente en la colaboración público privada, con derecho de superficie u otras fórmulas, pero siempre que sea voluntad del propietario o fondo", remarcó la secretaria de Vivienda del PP, Ana Zurita, en la Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, después de incidir en la necesidad de actualizar y armonizar la regulación urbanística en el marco de un Plan Estatal por la Vivienda para solucionar la "emergencia habitacional" sin cargar la presión en los propietarios.
Zurita se manifestó en esa línea tras ser preguntada sobre la posibilidad de reactivar las conversaciones con grandes tenedores en España para la cesión de unas 30.000 viviendas a cambio de contratos de 25 años con descuentos del 20%. Se trata de una de las alternativas que el actual Gobierno socialista ha estado estudiando sin alcanzar un acuerdo con los fondos, a lo que se ha opuesto como socio de coalición el grupo de Unidas Podemos.
Los fondos piden a Feijóo una contrarreforma del alquiler
Otra de las líneas en las que el Partido Popular ha prometido actuar es en la de derogar la flamante Ley de Vivienda aprobada por el PSOE y Unidas Podemos. Y ello, tanto en lo que respecta a los topes de precio en zonas tensionadas -que no serán implementados por las CCAA bajo control del PP- como en cuanto a las nuevas normas que rigen la relación entre el propietario y el inquilino en caso de impagos.
Desde la candidatura de Feijóo se apunta a un plan que permita "el desalojo de okupas en 24 horas", como así también, una relación de medidas en favor de la "colaboración público-privada" pendiente de mayor concreción. En este sentido, desde el sector privado se advierte de la creciente necesidad de vivienda asequible, de unas dos millones de viviendas, dada tanto por el déficit estructural actual como por los saldos migratorios que el Instituto Nacional de Estadística proyecta para esta década y la siguiente.
Desde grandes fondos de inversión inmobiliaria y agentes del sector se transmite la importancia de una contrarreforma del alquiler que recupere el espíritu de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que también impulsó Rajoy
Frente a ello, desde grandes fondos de inversión inmobiliaria y agentes del sector se transmite la importancia de una contrarreforma del alquiler que recupere el espíritu de la reforma de 2013 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que impulsó Rajoy y que, entre otras cuestiones, redujo de 5 a 3 años la duración mínima de los contratos de arrendamiento. Grandes empresas del sector de la promoción ponen sobre la mesa que cada tramo de 100.000 viviendas nuevas en alquiler requiere una inversión de unos 25.000 millones, por los 3.500 millones que suma el Presupuesto del Gobierno en Vivienda este 2023.
