"Esto será una merienda de negros, son 140.000 millones". No conocemos la escena, pero no es descabellado imaginar al autor del entrecomillado frotándose las manos. David Madí, empresario catalán de 50 años, ex escudero de Artur Mas, cabeza pensante del 1-O, se refería de tal guisa al previsible caótico reparto de los millonarios fondos europeos. Y a las oportunidades de negocio que ese mismo caos puede generar. Para hombres de negocios avispados como él; o como su interlocutor, Joan Ferran Oliva, familiar y apoderado de RSM Spain, una de las muchas consultoras que llevan meses salivando, desde que Pedro Sánchez anunció que a España le tocaban 70.000 millones comunitarios a fondo perdido.
La conversación no habría trascendido de no ser porque la Guardia Civil tenía pinchado el teléfono en el marco del 'caso Volho'. Las fuerzas policiales investigan desde el referéndum ilegal de 2017 el presunto desvío de dinero público hacia el independentismo. No en vano, el propio Madí ya sabe a qué huelen los calabozos (fue detenido en octubre del pasado año).
El diálogo tampoco habría destacado en la prensa si en la historia no aflorara un personaje muy conocido: Iván Redondo. El ex todopoderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez se reunió en otoño de 2020 con un grupo de empresarios de la patronal catalana Foment. Y les habló del horizonte que empezaba a perfilarse en España con la llegada de los fondos europeos en 2021: 70.000 millones en ayudas, más otros tantos en préstamos con magníficas condiciones.
Entre los presentes estaba Madí, a quien tampoco cuesta imaginar disimulando su gozo al constatar, de primerísima mano, que a nuestro país llegarán torrentes de dinero difíciles de controlar. "Una merienda de negros". Ese desafortunado comentario en una inoportuna llamada ha otorgado a Madí el lamentable honor de convertirse en el primer español investigado por la Fiscalía Europea. El organismo, con sede en Luxemburgo y estrenado hace apenas seis meses, tiene como cometido fundamental luchar contra lo que se avecina: la andanada de los caraduras, el abordaje de tramposos con corbata, verborrea y malas artes que intentarán forrarse a costa del erario público europeo.
Iván Redondo, quién se lo iba a decir, será otro de los investigados. Cometió el error de hablar demasiado y donde no debía sobre unos fondos europeos que ni siquiera habían sido presentados al Parlamento español. Un marrón imprevisto para alguien que se creía intocable: no es plato de buen gusto estar en el foco de la fiscal Laura Kovesi, curtida en mil lances contra los criminales financieros en su Rumanía natal. Experiencia le sobra y ganas también.
Es sintomático que políticos que llevan muchos meses advirtiendo sobre el riesgo de despilfarro celebraran con entusiasmo el nombramiento de la jurista rumana. "Hoy no es buen día para ser un criminal", tuiteó el pasado 1 de junio el eurodiputado Luis Garicano. "La credibilidad del sistema depende de que haya un control férreo de un dinero que es de todos. Si los fondos públicos acaban en los bolsillos de políticos corruptos ¿para qué pagar impuestos?", aseguró entonces y sigue asegurando hoy a quien quiera escucharle.
Esta semana, la Audiencia de Barcelona ha dado luz verde a la Fiscalía Europea para que investigue si lo que se habló en el encuentro de Foment constituye un delito. La noticia saltó a la luz 24 horas después de publicarse otra en El Confidencial: la asociación entre el empresario Rosauro Varó -consejero de Prisa y bien conectado con el PSOE- y la recién rescatada Pachá -que acaba de recibir un manguerazo de 18 millones de la SEPI-. No es dinero europeo, pero sí público, español. Y la operación, hasta dónde se sabe, es limpia, pero también llamativa. Los fondos de rescate alimentarán un proyecto -el mayor club de lujo de España- del que sacará tajada un empresario con buenas conexiones políticas.
No por sabido está de sobra recordar que al calor que desprenden los fondos europeos han acudido raudos numerosos intermediarios con afiliación política. Ex altos cargos del PSOE y del PP están trabajando para consultoras que pugnan duro por un trozo del pastel. José Blanco, Antonio Hernando, Elena Valenciano, Joan Clos, Alfonso Alonso, José Manuel Soria o Rafael Catalá forma parte de una larga lista.
El dinero público fluirá a borbotones en el año que acaba de arrancar. El retraso en la ejecución de los fondos europeos en 2021 concentrará en los próximos 12 meses el reparto de más de 20.000 millones de euros, atascados por la burocracia en las tuberías del sistema. Y hay presupuestados otros 27.000 en las cuentas de 2022. El caldo de cultivo es óptimo para la búsqueda de pelotazos. Y el sistema no está lo suficientemente preparado para la detección de los tramposos. Entre otras cosas, porque el Gobierno siempre se ha negado -y se niega- a que la canalización de los fondos sea examinada por una autoridad blindada ante las tentaciones políticas.
La petición de una agencia independiente es un mantra que Pablo Casado lleva repitiendo desde el otoño de 2020. Justo las fechas en que Redondo y Madí se encontraron en la misma sala. El PP planteó directamente a Sánchez en la sala de visitas de La Moncloa apostar por una autoridad sin afiliación política, dirigida por un profesional intachable. "Un ex gobernador del Banco de España", por ejemplo. Hay entidades financieras que lo apoyan abiertamente, como BBVA o Sabadell.
El control de los fondos europeos y la detección del fraude queda en manos de las administraciones, dirigidas por políticos. Y de la Fiscalía Europea, a miles de kilómetros de donde se reparte, de verdad, el dinero
Se sumó más tarde a la exigencia Ciudadanos, con políticos como Garicano o Edmundo Bal tirando del carro. Sin embargo, la propuesta se ha estrellado una y otra vez con los muros de la Coalición y sus socios en el Parlamento. La última vez, el pasado abril, cuando el Congreso vetó una nueva proposición de los populares para sacar impulsar la agencia.
Así pues, el control de los fondos europeos y la detección del fraude queda en manos de las administraciones. Y de la nueva Fiscalía Europea, con un buen equipo jurídico, pero ubicada a miles de kilómetros de donde se reparte, de verdad, el dinero.
A escala nacional, gobiernos autonómicos y ayuntamientos están presentando estos días el plan antifraude que el Ministerio de Hacienda les exigió en septiembre. Cualquier entidad pública que vaya a tramitar fondos europeos está obligada a elaborar un conjunto de medidas de prevención y de lucha contra la corrupción. Los últimos en aprobar sus planes han sido el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Santander, esta misma semana.
Por goteo irán llegando otros programas autonómicos o locales. El sistema, a ojos de algunos expertos, tiene puntos débiles. De entrada, las medidas están diseñadas por quienes gobiernan, que se convierten en juez y parte. Luego está la capacidad de detección y maniobra, mayor en las instituciones de mayor tamaño y muy limitada en las pequeñas.
En su defensa, el Gobierno central siempre ha alegado que se enfrenta a un escenario desconocido. La Unión Europea nunca había repartido tanto dinero en tan poco tiempo. El equipo encargado de los fondos europeos en Moncloa, con Manuel de La Rocha a la cabeza, asegura que hace camino al andar. El tiempo dirá si se ha perdido dinero por la senda y si ha caído en manos indebidas, aprovechando el descontrol de "la merienda de negros".
