La debilidad parlamentaria del Gobierno -con el fracaso de la ley contra el proxenetismo y la retirada de la ley de suelo ante la previsible derrota- llega en un mal momento. El Gobierno tiene que llevar al Congreso en los próximos días el real decreto-ley de la reforma del subsidio por desempleo, que la Comisión Europea está esperando para transferir el cuarto desembolso de fondos europeos Next Generation EU.
El Ejecutivo ya hizo un primer intento en enero, pero Podemos tumbó la reforma como 'castigo' a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ahora el Gobierno ha aprobado una reforma prácticamente diseñada para recibir el aval del partido morado, y la preocupación está en Junts. La formación de Carles Puigdemont es un socio que se considera imprevisible.
El Gobierno está teniendo serias dificultades para sacar adelante sus propuestas legislativas en el Congreso. Además de las dos leyes mencionadas, el PSOE cosechó otras cinco derrotas en las votaciones de este jueves: dos en sendos puntos de una proposición no de ley del PP sobre el acceso a alimentos básicos y las otras tres en una moción, también de los 'populares', sobre política exterior.
Posible embargo de fondos europeos
Si no logra sacar adelante el real decreto-ley de la reforma del subsidio por desempleo, el Ejecutivo se arriesga a que la Comisión Europea embargue a España parte de los 10.000 millones de euros del cuarto pago de fondos europeos. Concretamente, estarían en juego unos 900 millones. Sería una suspensión temporal, hasta que en el plazo aproximado de seis meses el Gobierno cumpliera totalmente el compromiso.
La Comisión Europea, que ya concedió dos meses de gracia para que el Gobierno lograra sacar adelante la medida en el Congreso, ha dado unas "semanas" más al Gobierno para evitar esta situación, pues ese plazo finalizó el 20 de mayo y el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley un día después. En todo caso, el mal viene desde el inicio, pues se pidió el cuarto pago en diciembre de 2023 sin tener asegurada su aprobación.
Otra alternativa que permitiría al Gobierno evitar el 'embargo' de fondos europeos es que la Comisión, a las puertas de las elecciones europeas, diera como cumplido el compromiso de sacar adelante esta reforma aunque no haya sido aprobada en el Congreso. En ese caso, recibiría 10.000 millones que se sumarían a los 38.000 millones que ya ha recibido, de un total de 163.000 millones que puede captar en forma de subvenciones y préstamos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró confiado este jueves en que la Comisión Europea emita "en los próximos días" la aprobación del desembolso íntegro del cuarto pago de fondos europeos. "Estamos a la espera de la valoración de la Comisión Europea, pero yo sería optimista en cuanto a que podamos llegar a los 10.000 millones", dijo.
Sin embargo, podría carecer de sentido que Bruselas de por cumplido este hito sin haber sido convalidado en el Congreso, puesto que en enero el Gobierno ya aprobó la reforma en el Consejo de Ministros y, como no logró el apoyo parlamentario suficiente, se vio obligado a pedir una prórroga a la Comisión para evaluar todos los hitos asociados al cuarto pago y recibir el desembolso íntegro.
La ley del suelo, otro compromiso con Bruselas
La ley de suelo y rehabilitación urbana también figura en el Plan de Recuperación como compromiso asociado a los fondos europeos, pero en este caso al cuarto pago de los préstamos. Es decir, debe estar cumplido en el segundo semestre de 2025. Actualmente España sólo ha pedido cuatro pagos de la parte no reembolsable (38.000 millones de un total de 80.000 millones) y ninguno de los préstamos (83.000 millones).
España acumula un retraso importante en la recepción de fondos europeos. En el plan inicial estaba previsto que pidiera el cuarto desembolso de los fondos no reembolsables en el primer semestre de 2023, pero no lo hizo hasta medio año después. Ese retraso no tiene implicaciones negativas más allá de que el plazo máximo para desbloquear todo el dinero (dividido en 10 tramos) es 2026.
