El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se ve esta semana con Larry Fink, presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo y el segundo mayor accionista de la eléctrica española.
El encuentro entre los dos ejecutivos no podía ser más oportuno, ya que hay varios asuntos candentes que rodean a la eléctrica. Por un lado, está la imputación de Galán el caso Villarejo. Por otro, la empresa afronta amenazas regulatorias y administrativas tanto en España como en Estados Unidos.
Galán y Fink entablarán debate el miércoles en Nueva York, en la Conferencia Económica Transatlántica organizada por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, justo antes de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, clausure el evento, de acuerdo a la agenda facilitada por la Cámara española.
La participación de BlackRock en el capital de Iberdrola está valorada en más de 3.000 millones de euros
BlackRock es el segundo mayor accionista de Iberdrola, con el 5,2% del capital, tras Qatar (8,69%), una participación valorada a precios actuales del mercado en algo más de 3.000 millones de euros.
El 'caso Villarejo'
La compañía española requirió el pasado mes de junio la nulidad del auto por el que se citó al presidente de Iberdrola a declarar como investigado, por los presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad documental.
Se investiga la contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte de la compañía, quien habría llevado a cabo diversos proyectos de espionaje (a entre otros, supuestamente, el presidente de ACS, Florentino Pérez). El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió en auto conocido en agosto mantener a Galán como investigado.
La imputación de Galán se produce cuando aún le queda un mínimo de dos años al frente de la compañía. Los accionistas de Iberdrola le reeligieron, en la Junta celebrada en marzo de 2019, como presidente para los próximos cuatro años con cerca del 98,2% de los votos.
El reglamento del consejo de administración de Iberdrola contempla, de forma indicativa, la conveniencia de que los consejeros no excedan la edad de 70 años
El reglamento del consejo de administración de Iberdrola contempla, "con carácter meramente indicativo", la conveniencia "de que los consejeros no excedan, en general, la edad de setenta años" (Galán cumple 71 años la próxima semana).
También señala el mismo reglamento que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del organismo "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del grupo", así como "cuando se den situaciones que les afecten (...) que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta".
Frentes en EE UU y en España
El encuentro entre Galán y Fink se produce también bajo recientes amenazas regulatorias y administrativas para el negocio de Iberdrola tanto en España como en Estados Unidos, mercado por el que la multinacional española ha apostado decididamente en los últimos años comprometiendo miles de millones de euros en inversiones.
Iberdrola compró el pasado mes de octubre la eléctrica estadounidense PNM Resources por 4.318 millones de dólares
La eléctrica con sede en Bilbao, que el pasado año adquirió la eléctrica estadounidense PNM Resources por 4.318 millones de dólares, ha advertido recientemente que la industria eólica marina estadounidense corre el riesgo de estancarse.
Bill White, director de energía eólica marina de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, advirtió la pasada semana en declaraciones recogidas por Financial Times que las estrictas exigencias administrativas podrían paralizar el desarrollo de nuevos parques eólicos en alta mar.
La nueva legislación para impulsar las renovables en EE UU incluye cláusulas que vinculan créditos fiscales con la creación de empleo en el país, y la obligatoriedad de usar acero estadounidense.
En España, el grupo afronta la aprobación, la pasada semana, del real decreto-ley para tratar de contener la subida de la electricidad y del gas, que supondrá un hachazo de unos 2.600 millones de euros para las eléctricas españolas. Iberdrola, al igual que el resto de empresas cotizadas, ha sufrido en Bolsa la medida gubernamental.
