El precio de la electricidad de este martes multiplica por cinco lo pagado de media en 2021. Una tendencia que se mantendrá a corto plazo. El nuevo descontrol en el mercado eléctrico, junto con el resto de facturas energéticas, es insostenible para los hogares españoles, por su fuerte impacto en la inflación. Por ello, el Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas, que se pondrán en marcha después de conocer los planes de Bruselas.
Según detallan fuentes cercanas al Ejecutivo, las propuestas que anunció el pasado jueves el propio Pedro Sánchez en el Congreso y las medidas adicionales que anunciará el Ministerio para la Transición Ecológica se darán a conocer después de que la Comisión Europea desvele los detalles de su comunicación ‘toolbox’ para hacer frente al nuevo terremoto energético que se vive entre los países miembros.
Las medidas de Moncloa estarán marcadas por una clara intervención del actual mercado eléctrico, para liberar del castigo a los consumidores. Funcas ya ha advertido que la guerra en Ucrania puede elevar hasta dos puntos la inflación media en España este año, pasando del 4,6% estimado hasta ahora al 6,5%, por el efecto del incremento de los precios energéticos que se está registrando en los mercados como consecuencia del conflicto. Esto erosionaría la capacidad de compra de los hogares, restando fuelle a la recuperación del consumo privado y con una importante incidencia en el crecimiento económico.
El objetivo es frenar de inmediato este alza y que se coordine con la hoja de ruta de la Comisión Europea. El mercado espera que este mismo martes llegue este esperada ‘Comunicación Toolbox’ de Bruselas. El claro protagonista de ese paquete de medidas será contener el castigo del mercado y reducir la dependencia a las importaciones de Rusia.
España quiere que la Comisión dé el primer paso al frente para limitar el efecto de contagio de la continua escalada del gas sobre el mercado mayorista de la electricidad. El Gobierno considera que la formación del precio debe desvincularse de la volatilidad de los precios del gas natural en situaciones de emergencia, por ejemplo, mediante un límite (Price cap) al precio de la electricidad producida con gas natural y un mecanismo que garantice la posterior recuperación de los costes de los ciclos combinados de gas.
¿Castigo a las eléctricas?
También considera clave que Bruselas proponga en su nuevo plan recuperar los beneficios extraordinarios de las centrales inframarginales para los consumidores, los denominados beneficios extraordinarios (windfall profits). Algo que, tal y como informó Vozpópuli, está en los planes de la Comisión. “Los altos costes del gas como insumo para las centrales eléctricas a gas se han traducido en altos precios mayoristas de electricidad que se traducen en altas ganancias (inesperadas) para todos los participantes del mercado, independientemente de sus costes de generación”, explica el borrador de este ‘toolbox’ al que tuvo acceso este medio.
Esta hoja de ruta también incluirá la solicitud de Teresa Ribera de comprar gas natural de forma centralizada. La Comisión Europea arrancará un proyecto piloto para que exista una coordinación entre los países miembros y los operadores energéticos europeos para adquirir de forma conjunta gas natural. El objetivo final es llenar antes del último trimestre de 2022 el almacenamiento de gas hasta los niveles mínimos que marca la regulación europea.
El Gobierno prepara 4.000 millones
El presidente del Gobierno quiso adelantar algunas pinceladas del plan de Moncloa antes de conocerse la idea de Bruselas. Pedro Sánchez anunció el pasado jueves que, para proteger a los consumidores más vulnerables, se prorrogan hasta el 30 de junio el descuento del bono social eléctrico del 60%, del 70% para los de vulnerabilidad extrema.
El Ejecutivo también va ampliar la rebaja del IVA al 10%, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica y la reducción al 0,5% del Impuesto Especial a la Electricidad hasta 30 de junio, así como la minoración temporal del beneficio extraordinario de las centrales de generación que repercuten costes. Esta batería estará por lo tanto un año en vigor en su mayor parte, con un coste para las arcas públicas de más de 4.000 millones de euros.
Estas ideas todavía no han aparecido en el BOE ni se presentarán este martes en el Consejo de Ministros. Una cronología que pretende ahorrarse la experiencia vivida con el famoso ‘hachazo’ a las eléctricas que puso en marcha en septiembre que tuvo que cambiar un mes después, principalmente, por no casar con el paquete de propuestas que anunció semanas después la Comisión Europea.
