El Gobierno ha aprobado una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 plazas en las corporaciones locales para desatascar los fondos europeos, que se sumará a la oferta correspondiente al año 2022. Así consta en el último Real Decreto-ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

"La realidad actual evidencia un problema estructural de cobertura de los puestos reservados, que es ocasionado por el déficit de personal funcionario de carrera con habilitación nacional. En un contexto de importante aumento de los procedimientos y expedientes de gestión económico-financiera y fiscalización como consecuencia de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos europeos, Next Generation EU, se hace necesario reforzar a las administraciones locales", reza el documento.

Por ello, "con carácter adicional y complementario a la oferta de empleo público correspondiente al año 2022, se aprueba una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 plazas", concluye. Según consta en el Real Decreto-ley, la ejecución de esta oferta de empleo público extraordinaria deberá realizarse en el plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias.

El Gobierno explica en el documento que "la extraordinaria y urgente necesidad de acometer esta medida a través de un instrumento normativo como es el real decreto-ley deriva del elevado déficit de puestos vacantes y de la necesidad de garantizar el desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales, que requiere de una correcta asignación de recursos públicos".

En este caso, y para la consecución de estos objetivos, "es preciso reforzar de manera inmediata los medios personales destinados a las funciones de secretaría, comprensiva de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación, y el asesoramiento legal, funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional".

En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan se especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como su distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada Comunidad Autónoma.

Bruselas obliga a Calviño a formar a miles de funcionarios y trabajadores para desatascar los fondos UE

Asimismo, el Gobierno se ha visto obligado por Bruselas a crear dos programas de formación a funcionarios y trabajadores y ofrecer asistencia técnica. Así lo admitieron fuentes gubernamentales sobre el proyecto de adenda que se aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, que se prevé presentar formalmente a la Comisión Europea en enero. Se destinarán 120 millones de euros de las transferencias en lo que denomina "refuerzo de dos programas de carácter horizontal para agilizar la ejecución de las inversiones del Plan": uno de microcredenciales, para impulsar la formación y cualificación de trabajadores en competencias necesarias para el despliegue de los PERTE, y el otro para "asistencia técnica" en las comunidades autónomas.

La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoció en rueda de prensa un mes antes de la presentación de la adenda al Plan de Recuperación, a través de la cual España solicitará otros 92.000 millones (7.700 millones de euros adicionales en transferencias y hasta 84.000 millones de euros en préstamos), la tardanza en la ejecución. Lo achacó a "falta de trabajadores cualificados". Sin embargo, fuentes conocedoras de la tramitación del Plan también atribuyen este problema a la complejidad de requisitos y procesos, especialmente en el primer Proyecto Estratégico (PERTE), el del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC).

Relaja exigencias y amplía plazos

De hecho, tras el fiasco que supuso la convocatoria de Cadena de Valor integral de este PERTE, que quedó desierta al 70%, el Gobierno ha relajado las exigencias en los PERTEs de Economía Circular y Agro, tal y como publicó este periódico. En el PERTE VEC las empresas automovilísticas se encontraron con diferentes obstáculos que les han hecho perder interés, requiriendo incluso esfuerzos por parte de las administraciones públicas para retenerlas, según informan fuentes conocedoras de la situación.

La mayor parte de los 7.700 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán a reforzar los 11 PERTE ya en marcha y al lanzamiento de un nuevo proyecto estratégico. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda.

En su conjunto, el Plan de Recuperación movilizará más de 160.000 millones de euros, más de un 12% del PIB de España, que se unirán al resto de inversiones previstas en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en particular los 36.700 millones de euros de Fondos Estructurales, y a los casi 2.600 millones de euros previstos del nuevo instrumento RePower EU. De momento, en los dos primeros años de ejecución del Plan de Recuperación, España ha recibido 31.000 millones desde Bruselas en forma de subvenciones.

Sin embargo, la ejecución real está lejos de esas cifras. Por esta razón, el Gobierno está intentando ganar tiempo con Bruselas con Alemania como referencia. El gobierno de Olaf Scholz ha solicitado a la Comisión Europea ampliar los plazos para ejecutar dos convocatorias de su Plan de Recuperación, tal y como informó este medio. Esto allana el camino a España en su objetivo de ganar tiempo para gastar el dinero en inversiones (los 77.200 millones que le corresponden en forma de subvenciones, es decir, a fondo perdido), que según el reglamento debe estar asignado o comprometido a más tardar el 31 de diciembre de 2023 y ejecutado antes del 31 de diciembre de 2026.

"La adenda incluye la modificación de determinados hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación, en línea con la solicitud efectuada por otros países como Alemania, debido a la concurrencia de circunstancias objetivas que dificultan su cumplimiento. En este sentido hay que señalar que se mantiene el calendario de ejecución final de todas las inversiones y reformas en 2026", traslada Economía. Las fuentes gubernamentales citadas admiten que se negocia ampliarlo pero si se mantiene el plazo vigente de 2026 aseguran que "se va a cumplir".

Además, lo que ya es un hecho es que tras el atasco en la adjudicación de los fondos UE (dos de cada tres euros en subvenciones no se han adjudicado todavía a las empresas), el Gobierno intenta evitar otro fiasco en la fase más avanzada de la ejecución. En concreto, ha ampliado el plazo para que los beneficiarios de subvenciones financiadas con los Next Generation EU justifiquen el cumplimiento de los objetivos para los que se les otorgaron. Aquellos con subvenciones de fondos UE tendrán 15 días para subsanar errores en la justificación del gasto y no devolver el dinero. El Gobierno coló este cambio en el decreto ley para facilitar el pago de hipotecas.

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